Se ataca la ley tratando de generar miedo
Para el ingeniero Gonzalo Gaggero, presidente del Instituto Nacional de Colonización, la ley de Repoblamiento de la Campaña es muy importante para el Instituto.
El jerarca reseñó que la norma tuvo un origen escueto, pero en el trámite legislativo se la fue nutriendo de contenido. Destacó como sustanciales algunas variantes que se le hicieron a la Ley 11.029, que es la norma que rige la actividad del INC. Las variantes le darán mayor dinamismo al accionar del organismo, comentó Gaggero. El jerarca, de larga trayectoria gremial vinculada al agro, destacó que la ley tuvo el apoyo de todos los partidos políticos. Las modificaciones dan nuevas herramientas legales que se vinculan con la colonización, potencia la logística en caso de desalojos de los malos pagadores, favorece el tema de las ventas, permite hacer fideicomisos de tierras y da la posibilidad de securitizar parte de los recursos del Instituto para la compra de tierras.
Noventa días
Uno de los aspectos que ha tenido mayor relevancia de la ley es el que da 90 días a los organismos del Estado para que pasen los campos al INC. Gaggero afirmó que todas las tierras públicas en poder de las empresas del Estado van a pasar a manos del iInstituto en el término de noventa días. La norma aún no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo, por lo que los plazos establecidos en la ley aún no están corriendo. La obligación señalada estaba ya establecida, sin plazos, pero nunca se cumplió. Al respecto, Gaggero dijo que lo que ha cambiado es que el organismo se podrá quedar con la tierra sólo si tiene un fin específico para el propio organismo.
Para explicar este punto puso dos ejemplos: «El Ministerio de Salud Pública tiene como fin salvaguardar la salud pública, pero no tiene porqué administrar tierras. El caso del Ministerio de Defensa Nacional es similar, tiene una función específica dentro del Estado uruguayo, pero no está para administrar estancias».
Válido es decir que dentro de los agrupamientos de productores existe expectativa sobre qué campos serán retenidos por los organismos, un poco de desconfianza también se puede palpar. Gaggero fue claro y subrayó que «esos campos van a pasar al INC».
El jerarca contó que la ley toma en cuenta que para que el ciudadano se quede a vivir en el campo, no basta sólo que le vaya bien del punto de vista productivo, en la decisión de no irse hay aspectos que se relacionan con la comunicación, por ello explicó que se faculta a Mevir, UTE, al MGAP para que diseñen medidas específicas de colonización, «todo esto tiene conceptos importantes que hacen a la calidad de vida de los productores».
Mala intención
Un punto de la ley ha sido fuertemente criticado durante la última semana es el que determina que el 20% del campo a vender si se tiene más de 1.500 hectáreas pueda ser comprado por el INC para que ser poblado por el personal del establecimiento.
Sobre las apreciaciones que se han hecho Gaggero aseguró que el artículo en cuestión fue propuesto con un «fin loable». El presidente del INC señaló que se está atacando la ley, «con qué fines, no sé, porque que un erudito escritor editorialista del diario El País escriba sin leer la ley, o no se instruyó o tiene mala intención, y que el doctor Lacalle hable de la ley equivocando los conceptos me parece extraño. Yo no sé con qué intención pretenden confundir a la población, que una publicación como Búsqueda diga que el Instituto puede comprar el 20% de tierras por arriba de 1.500 há que se le ofrecen al precio de catastro es un invento de cada uno de los que han escrito mal para confundir». Agregó Gaggero que la campaña contra la ley se ha basado en la confusión que también ha sido favorecida por «radios que se dedican a criticar al gobierno».
Cambios
El artículo 35 de la Ley 11.029, que es la que dio origen al INC, obliga a ofrecer al instituto todo campo mayor de 1.000 há. El vendedor tiene la obligación de ofrecer el mismo negocio al INC, que tiene diez días para sustituir el comprador. Una de las modificaciones al artículo determina que el área mínima baja a 500 hectáreas Coneat 100. Otro de los puntos cambiados se refiere específicamente a cuando en el negocio el comprador paga en especies, explicó que «por ejemplo compra 500 hectáreas Coneat 150 y paga con un apartamento en Punta del Este y con bonos del Tesoro de Estados Unidos, como el INC no tiene ni una cosa ni la otra, se le exige al comprador que en la oferta sustituya las especies que están en el contrato de venta por un valor en pesos que no podrá ser mayor que al valor catastro del bien; no tiene nada que ver con lo que se publica para asustar la gente».
La cláusula
Según el titular de Colonización hay una cláusula que habilita a que el INC pueda comprar el 20% de un predio de más de 1.500 hectáreas, cuyo objetivo es que los peones que hayan trabajado muchos años en el predio no queden en la calle. La cláusula fue propuesta por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi. Contó Gaggero que «se tenía la expectativa de que los predios mayores de 1.500 há en el norte del país hay muchos en los que generalmente la gente que trabajó muchos años en esos campos ahorró algunos animales, y la norma habilita a Colonización a, que si considera necesario, comprar una fracción para el personal; se compra en las mismas condiciones que el propietario vende al adquirente del bien, «en ningún lado se habla de precio de catastro, esa confusión es la que ha llevado a una discusión estéril».
Sin embargo, Gaggero aceptó que puede ocasionar dificultades que el INC elija el 20% del campo en venta, pero aclaró que el Instituto «no va hacer de esto una manera usual, es una especie de excepción» .
Seis mil aspirantes
Sobre las apreciaciones del Luis Alberto Lacalle en el sentido que el INC no iba a tener posibilidades de colonizar tanto campo, Gaggero expresó que hay más de 6 mil ciudadanos anotados como aspirantes a tierras: «Ojalá pudiésemos satisfacer a la mitad de los aspirantes, lo que acontece es que es la primera vez que se está actuando como para darle solución a los que nunca les llegó la tierra del INC». Agregó que si «seguíamos con el proyecto neoliberal de venderle a un solo extranjero cien mil hectáreas como ha pasado en el país nos quedamos sin gente en la campaña».*
Te recomendamos
quejas
Empresarios reclaman ante OIT que Consejos de Salarios no fijen las condiciones laborales
La inclusión de Uruguay en la lista negra de la OIT (ya había ocurrido en 2019) responde a una queja empresarial por la ley de 2009. Mientras el gobierno la califica de “desmesurada”, el ministro Juan Castillo destaca el valor del diálogo...
Compartí tu opinión con toda la comunidad