Empresario paraguayo reclama U$S 10 millones y cuestiona independencia del Poder Judicial

En una carta abierta de Bo, éste pone en tela de juicio el proceder del Poder Judicial uruguayo.

En su carta cuestiona si el Poder Legislativo uruguayo es realmente independiente del Poder Ejecutivo y acota: «Mi caso está en manos de quienes debe estar. Por lo tanto, es ahora el máximo órgano de Justicia del Uruguay quien debe pronunciarse si avala o no que en Uruguay los funcionarios públicos puedan engañar y dañar a los particulares». En la carta indica: «Usted, si estuviera en mi lugar y hubiera pasado por lo que yo he pasado, ¿confiaría todavía en el Uruguay y en su administración de Justicia? Yo quiero y necesito seguir confiando. Sin embargo, no estoy dispuesto a permanecer callado mientras quienes me estafaron se burlan de lo que me hicieron y de todo el mal que han provocado».

Los hechos se remontan al 22 de agosto de 2002, cuando el empresario paraguayo Eduardo Bo presentó una denuncia ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 15º Turno.

Bo denunció que en 2002 su empresa de inversiones financieras Citymax, que efectuaba operaciones bursátiles en Uruguay, disponía en el Banco de Montevideo de dos depósitos a plazo fijo por un total de 10 millones de dólares.

El primero de los plazos fijos, por 4 millones de dólares, vencía el 20 de junio de 2002. El restante, por 6 millones de dólares, el 21 de junio del mismo año.

El 21 de junio, Citymax instruyó por escrito al Banco de Montevideo para que transfiriera los 10 millones de dólares de ambos plazos fijos a la cuenta 1412876 del ABN Amro Bank en Montevideo.

Pero la transferencia de fondos ordenada al Banco de Montevideo no se efectuó. Y a última hora del mismo 21 de junio de 2002, el Banco Central del Uruguay resolvió intervenir el Banco de Montevideo y el Banco Caja Obrera con remoción de sus autoridades, aunque sin cese de actividades.

Bo denunció ­y probó con una grabación que adjuntó a la denuncia­ que el interventor del Banco de Montevideo y el Banco Caja Obrera, contador Jorge Xavier, le había señalado que el retiro de los fondos del Banco de Montevideo «provocaría una pesada carga» para el Banco Central del Uruguay.

Por ello, Xavier propuso a Bo que Citymax accediera a constituir depósitos a plazo fijo en el Banco Caja Obrera, argumentando que dicha colocación contaría con la seguridad y el respaldo del Banco Central del Uruguay.

Xavier dijo al representante de Citymax ­y lo admitió luego en una conversación que fue grabada por Bo­ que el dinero de la empresa estaría seguro en el Banco Caja Obrera, ya que dicha entidad se fusionaría con el Banco de Montevideo, dando lugar a una entidad que contaría con pleno respaldo del Banco Central del Uruguay.

Citymax, aconsejada por el interventor Xavier, transfirió el dinero al Banco Caja Obrera. Pocas semanas más tarde, el Poder Ejecutivo decretó feriado bancario y suspendió la actividad del Banco de Montevideo y del Banco Caja Obrera. Los depósitos de Citymax fueron, por tanto, reprogramados.

 

Lo que nunca fue al ABN Amro

En su denuncia, Bo sostuvo que Xavier le «ocultó información de suma relevancia» y procedió de forma de convencerlo de no retirar sus depósitos al ABN Amro Bank, como era su intención original.

En el fallo de primera instancia el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 15º Turno dio la razón a la denunciante Citymax y en mérito a ello declaró nulos por dolo los dos contratos de depósito a plazo fijo en moneda extranjera suscritos el 19 de julio de 2002 por la firma con Banco Caja Obrera.

El fallo del 3 de setiembre de 2004 dictado por la jueza Cristina Crespo condenó a todos los demandados a restituir a Citymax la cifra depositada en Banco Caja Obrera (U$S 9.627.136) más los intereses legales a la tasa del 6% anual desde el 21 de junio de 2002 hasta la fecha de la restitución efectiva. El fallo fue apelado por el BCU y el 9 de agosto de 2006 el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno resolvió revocar aquel fallo.

El fallo revocatorio fue dividido. Tres ministros votaron a favor (Tabaré Sosa Aguirre, Mariela Sassón y Nilza Salvo), en tanto dos ministros estimaron que el dictamen de Crespo debería haber quedado firme (Jorge Omar Chediak González y Sandra Presa).

El Tribunal de Apelaciones reconoció que Xavier «persuadió» al representante legal de Citymax para que transfiriera los 10 millones de dólares al Banco Caja Obrera, «que contaría con el respaldo del Banco Central del Uruguay».

Empero, sostuvo que «el derecho a la información veraz que indudablemente poseía la demandante» estaba «limitado» por un interés «diferente o contrario», como el que tenían los demandados de «procurar que los terceros mantuvieran sus depósitos en una situación de notoria crisis».

En octubre pasado la representación legal de Citymax en Uruguay interpuso ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de casación, por entender que la sentencia del Tribunal de Apelaciones que revocó el fallo de la jueza Cristina Crespo era «absurda y arbitraria» y que aplicaba en forma «errónea» las normas del Derecho.

«Admitir como normal que un funcionario público mienta en el desempeño de su función no sólo es contrario a la ética pública (…), sino que además contraría reglas jurídicas de máximo rango en nuestro ordenamiento, como son los principios generales del Derecho», sostuvo el jurista Carlos Delpiazzo en una consulta adjuntada al recurso. *