Estudio revela que los empleados públicos ganan promedialmente 25% más que los privados

El estudio fue realizado por Verónica Amarante y presentado durante las XV Jornadas de Economía, organizadas por el Banco Central.

En las conclusiones de su extenso trabajo, Amarante destaca que un 17% del empleo total del Uruguay corresponde al sector público, unos 223 mil según la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y 209 mil según el Instituto de Estadística. No obstante, el importante peso del Estado a la hora de contratar funcionarios (con un promedio mucho más alto que para los demás países de América Latina y el Caribe) ha venido cayendo en la última década. Hay que tener en cuenta que en 1986 los empleados públicos eran aproximadamente 240 mil.

Además de esta característica, o sea la menor cantidad de funcionarios, Amarante destaca cambios en la interna. Por un lado, aumenta el peso del empleo femenino, que pasa de representar el 33% del empleo público total a un 44%.

Entre 1986 y 1999 se observa un envejecimiento de los funcionarios públicos, pasando de un promedio de 38,5 años a 41,6 años.

Si se compara a los trabajadores del sector público con los del sector privado, los primeros presentan edades promedio mayores y también niveles educativos sensiblemente superiores.

Al analizar el tema de las remuneraciones, el informe indica que las del sector público superan a las del sector privado en un 25% en promedio.

No obstante, aquellos profesionales que trabajan para el sector público perciben remuneraciones promedialmente más bajas, en comparación con quienes lo realizan en el sector privado.

Quiénes son

En Uruguay se considera funcionarios públicos a los trabajadores presupuestados y contratados de la Administración Central, los gobiernos departamentales y los entes autónomos. Los funcionarios públicos uruguayos están sujetos a un régimen de inamovilidad (o sea que no se pueden despedir). La inamovilidad de los funcionsarios presupuestados de la Administración Central fue establecida en el artículo 60 de la Constitución de 1951. En 1956 una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo extendió el régimen de inamovilidad a los funcionarios de los entes autónomos y los gobiernos departamentales.

Como dato relevante, en 1990 se suspendió el ingreso de funcionarios públicos, por lo menos por las vías habituales. Si bien en el trabajo de Amarante no se menciona, es de destacar que los ingresos a la función pública se realizan por métodos tales como «becas» o contratos de obra.

La distribución de los 223.619 empleados públicos, según los registros de la ONSC, está dada de la siguiente forma: Poder Ejecutivo 84.926 (37,9%); organismos artículo 220, 65.116 (29%); gobiernos departamentales 36.232 (16,2%); entes autónomos y servicios descentralizados 35.923 (16%) y Poder Legislativo 1.423 (0,6%).

Los organismos del artículo 220 son el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la ANEP, la Universidad y el Iname. Los entes y servicios descentralizados comprenden a UTE, BHU, OSE, Correos, Ancap, Pluna, AFE, BROU, BSE, BCU, Antel, BPS y Colonización.

Distribución y edad

Otro aspecto desarrollado en el trabajo presentado en el BCU hace mención a la distribución de los empleados públicos. En este sentido y debido a la actitud monopólica del Estado en algunos servicios, la principal concentración, aparte de los servicios comunales, sociales y personales, se da en sectores tales como electricidad, agua, comunicaciones y banca.

En referencia a las edad de los funcionarios, se observa un paulatino envejecimiento. Si se analiza el período 1986 a 1999, en los empleados privados no se detectan cambios importantes, mientras que en el caso de los funcionarios públicos claramente pierden peso los tramos de edad más jóvenes, producto de la política respecto al ingreso a la función pública.

Si observamos la edad promedio, para el sector público la misma se sitúa en 41.6 años, mientras que en los privados en 37.3 años. Discriminado por sexo, los hombres asalariados en el sector público tienen en promedio 42.5 años y las mujeres 40.6. En la función pública, el 6,9% de los empleados era menor de 24 años, el 40,3% tenía entre 25 y 40 años; el 41% entre 41 y 55 años y el 11,8% más de 55 años. En el sector privado, el 23% era menor de 24 años; el 39,8% entre 25 y 40 años; el 27,6% entre 41 y 55 años y el 9,6% más de 55 años.

También en lo referente al nivel de escolaridad de los asalariados, en uno y otro sector se constatan diferencias. Los trabajadores del sector público poseen un promedio mayor de escolaridad que los del sector privado, y las mujeres son las que se diferencian por altos niveles de escolaridad.

Multiempleo y horas

Otra importante diferencia entre ambos sectores es el peso que tiene el multiempleo en cada uno de ellos. Mientras que en 1999 un 9,4% de los trabajadores del sector privado tiene más de un trabajo, en el sector público los trabajadores multiempleo alcanzan un 16,6%.

El promedio de horas trabajadas difiere en ambos sectores.

El año pasado el promedio de horas trabajadas en el sector público fue de 40.8 horas semanales y el sector privado se situó en 42.2 horas.

Con respecto a la participación de la mujer, ésta ha crecido en el mercado laboral, pero más lo ha hecho en el sector público.

En 1986 el 33.5% de los empleados públicos eran mujeres, en 1999 las mujeres representan el 44,4%. Del total de las mujeres que trabajan, más de un 61% se encuentra en el sector privado.