Esperan que sea el BCU quien señale a los políticos, militares y jueces que se deben controlar

La normativa que está a estudio del BCU indica que «las personas políticamente expuestas, sus familiares o asociados cercanos deberán ser objeto de procedimientos de debida diligencia ampliados» y se incluye a «personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, funcionarios importantes de partidos políticos, directores y altas jerarquías de empresas públicas y otras entidades públicas».

Pero las dudas que existen son varias. La primera es cuando se señala «que desempeñan o han desempeñado», no se indica cuantos años hacia atrás es el «han desempeñado», por lo cual y si no se explicita, aquellos que ocuparon algún cargo de relevancia hace 40 años, pasarán a integrar el grupo de los PEP.

Pero tampoco se aclara quién es «PEP». Sobre este aspecto, el abogado Alejandro Hernández, dijo que sería adecuado que sea el BCU quien elabore una lista de estas personas, ya que si no los bancos o casas de cambio no tendrán una guía en concreto.

«Quién es un PEP y quién no. Por ejemplo, un diputado suplente del Interior llega a hacer una transacción a un cambio de Montevideo y ahí nadie lo reconoce. Si no se efectúa el seguimiento que dice la norma, se incurre en un delito, pero no se efectuó tal control especial, porque al sujeto no se lo reconocía. Por eso sería conveniente que sea el BCU el organismo que establezca quién es un PEP y quién no» manifestó.

Otro punto polémico puede surgir en época electoral. Una persona que nunca tuvo un cargo público se postula por ejemplo a senador de la República. A partir de ese momento debería de pasar a ser un PEP, pero la norma plantea que lo son «personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas», no que sean candidatos a ocupar cargos públicos.

Lo cierto es que en la actualidad, las grandes instituciones bancarias tiene su propio listado de PEP, pero generalmente abarca a personalidades políticas a nivel internacional. Estos datos surgen de bases privadas que existen en el mundo, y son una guía para las instituciones financieras multinacionales.

 

Proyecto positivo

Hernández realizó estas declaraciones a LA REPUBLICA previo a un congreso sobre lavado de dinero y financiamiento de terrorismo que se realizará este viernes y sábado en Montevideo.

El mismo es organizado por la Asociación de Casas de Cambio y tiene como objetivo analizar las nuevas normativas que en varios aspectos impulsa el Banco Central.

Hernández, que es socio del Estudio Ferrere, comentará el proyecto sobre normativas en materia de control de lavado de activos.

Sobre el proyecto en general dijo que «es positivo» porque hace avanzar al Uruguay en el marco internacional, pero implicará para las instituciones financieras mayores costos, ya que deberán efectuar más controles y llevar registros a pedido del BCU.

En materia de lavado de activos, el principal problema que enfrenta hoy el mundo son fondos que se dirigen a financiar actividades terroristas, los que desplazaron la importancia que tenía hasta el año 2001 el control sobre las actividades de lavado del narcotráfico. *