Se intensifica la regulación de los mercados locales

Los propios responsables de las unidades reguladoras del mercado presionan por la adopción de normas que les posibiliten actuar en correspondencia a la delicada función asumida. Progresivamente y frente a la velocidad y complejidad que generan los flujos de capital en los mercados locales, estos van desplazando el principio de autorregulación incorporando la regulación nativa a las normas y disciplinas internacionales con apelación a la responsabilidad y profesionalidad local.

 

Foco: el mercado de valores

El Area de Mercado de Valores y contralor de AFAP abrió el martes la consulta pública sobre una propuesta de modificación de las normas que regulan el funcionamiento de los mercados de valores y la conducta de instituciones e individuos regulados. Las modificaciones sobre las cuales se abre la consulta pública previa son, en algunos casos, muy importantes ­la generalización de la obligación de calificación de riesgo para toda la oferta pública de valores, entre otras­ y tienden a generar mecanismos de protección del ahorro y la inversión pública mejores a los actuales. Esta propuesta se suma a la comunicación de un nuevo reglamento operativo de la Bolsa de Valores de Montevideo aprobado y comunicado a principios de julio. Se sabe asimismo que está en preparación una modificación de la Ley de Mercado de Valores al tiempo que la Superintendencia de Instituciones Financieras está realizando modificaciones de cierta trascendencia en las normas que regulan el funcionamiento de las instituciones intermediarias de ahorro y crédito, los bancos de radicación local y los representantes de bancos internacionales.

 

Entorno legal de la regulación

Paralelamente el Poder Legislativo tiene a estudio dos proyectos de Ley que concurren a mejorar las capacidades de regulación y juzgamiento de los procedimientos reñidos con la seguridad y la ética de los negocios. Uno, tendiente a mejorar las posibilidades de regulador para operar en la regulación preventiva y sus acciones de fiscalización o eventual sanción administrativa solucionando problemas heredados de un diseño institucional que no se compadece con la emergencia de los negocios financieros y bursátiles globales. En esta línea se ubica el Proyecto de Ley Orgánica del BCU actualmente estancado en la Comisión de Hacienda del Senado. El otro es el proyecto que modifica los procedimientos de quiebra y normas que mejoren la rehabilitación de empresas inmersas en procesos de insolvencia. Este último proyecto tiende a crear condiciones de procesamiento judicial modernos capaces, entre otras cosas, de recepcionar y procesar con otra capacidad a la actual las denuncias de los organismos reguladores del mercado bancario y bursátil. Esta iniciativa se encuentra desde octubre del año pasado a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados. *