Toda la vulnerabilidad nacional es igual a la suma de los déficits institucionales

La sustentabilidad del programa económico y social de este gobierno se identifica con haber mantenido y desarrollado sin cambios esenciales la política económica, conjuntamente con la vocación asistencial y los avances logrados en el juzgamiento de la violación de los derechos humanos en el período dictatorial. Sin embargo, la imposibilidad de resolver los problemas principales de la institucionalidad en los tiempos disponibles recrea el sentimiento de vulnerabilidad.

En la medida que el desastre energético argentino termina de convencernos de cuáles son las consecuencias de la debilidad progresiva del Estado y cuáles son los riegos del intervencionismo primitivo en los mercados y la vida de la gente, los uruguayos hacemos nuestra propia experiencia en las maneras de relacionamiento de ciudadano y la institucionalidad. En la década de los noventa, los vecinos intentaron un modelo alternativo para resolver sus principales carencias institucionales. Apelaron a la economía para disciplinar las veleidades de los hombres y mujeres que se embarcan en el negocio de la representación ciudadana; concentraron en torno a la estabilización y la convertibilidad los esfuerzos apelando a pactos fiscales en procura de la modernización impostergable. Por definición esos corsés en los cuales se intentó disciplinar el voluntarismo aprovechado de la política generaron más confrontación y desconfianza. Inmediatamente a que los momentos espléndidos del ciclo económico dejaron paso a situaciones de mayor contracción y exigibilidad, ese modelo se derrumbó con las consecuencias conocidas. Ahora sucede más o menos lo mismo, sólo que aquella apelación al disciplinamiento desde la economía ha dejado paso al autoritarismo de las mayorías absolutas. La otra diferencia con aquello, es la extensión probable del ciclo de la bonanza de los países agroexportadores. Dado que se presume que esa bonanza durará unos años, a diferencia de comienzos del siglo, los uruguayos dispondríamos ahora un poco más de tiempo para preparar el cuerpo antes que, por encima del bloqueo, se nos vuelva a caer arriba la implosión del caos institucional que sufren los hermanos argentinos.

 

Vulnerabilidad

Los uruguayos tenemos nuestros propios problemas de vulnerabilidad. Algunos de los cuales están íntimamente vinculados con el barrio en el que nos tocó nacer y permanecer. Otros son estrictamente nuestros y la mayoría de los más significativos tienen que ver, también, con la incapacidad de comprender cómo nos roe la debilidad institucional. Relativamente estamos mucho mejor que los vecinos. Todos los indicadores de gobernanza e identidad institucional ­ transparencia, estabilidad política, eficiencia gubernamental, calidad regulatoria, leyes y normas, control de la corrupción- son mejores que los argentinos en términos absolutos y relativos al resto de las naciones. (1) Sin embargo, la evolución de nuestros indicadores de gobernabilidad comparados sólo se sitúan levemente por encima de la media mundial. Y en algunos de ellos, incluso ­el de la calidad del sistema de regulación independiente, por ejemplo­ nuestros registros son más mediocres aún. Y lo peor de todo: indican un sugestivo deterioro en los últimos años. Los efectos prácticos de esta situación connotan todas las simulaciones de sustentabilidad del crecimiento y la inclusión social. Ese es el foco desde el cual la izquierda debe revisar su plan de gobierno. Desde la macro y, aun, desde la microeconomía no hay mucho más significativo para mejorar esa persistente vulnerabilidad. Tampoco se le puede pedir al asistencialismo mucho más de lo que se hace actualmente.

 

Prioridades

En cambio, sí es posible replantear las prioridades en los programas del cambio. En ellos no hay antecedentes de exigibilidad en materia de metas de calidad institucional como los hay en materia de distribución o asignación presupuestal. Lo institucional compone una disciplina joven para los cientistas sociales y desconocida en su teoría y reglas para los políticos. El diseño presupuestal de 2005 alentó la esperanza de encontrarnos con metas de calidad institucional capaces de guiar la reasignación de recursos en oportunidad de las respectivas rendiciones de cuentas. Nada de esto se ha cumplido, ni recordado siquiera en el discurso oficial. Con la tímida excepción del regulador monetario y financiero, los demás reguladores ya no dan cuenta de su existencia ni siquiera en la actualización oportuna de sus páginas web. No se siente su pretensión de participación activa ni demandan mayor independencia y recursos. No dialogan con los ciudadanos. No nos suministran documentos capaces de orientar una discusión más didáctica a nivel ciudadano. Sencillamente, han sido capturados por el Poder Ejecutivo. La indiferencia del Poder Legislativo respecto a su existencia y misión es realmente ofensiva. Los balances de la gestión pública se relatan desde la lejanía amurallada de las instituciones y unidades ejecutoras. La oposición de intereses se diluye dejando paso a la dominancia de las decisiones administrativas apoyadas en mayorías necesariamente circunstanciales. De esta manera es difícil recomponer la confianza y los incentivos para detener la sangría migratoria. Sin otros saldos en la cuenta de la institucionalidad la creciente sensación de vulnerabilidad irá corroyendo todos los logros. *

(1) //info.worldbank.org/governance/wgi2007/pdf/booklet_decade_of_measuring_governance.pdf