El gobierno va a jerarquizar las reformas de la institucionalidad económica

El Banco Central y el Ministerio de Economía, más un conjunto de instituciones financieras y no financieras del Estado, subordinadas directa o indirectamente a los poderes Ejecutivo y legislativo, componen una institucionalidad de amplia base sobre la cual reposan el diseño y la ejecución de las políticas públicas en materia económica y financiera. Dicho conjunto ha sido pensado y diseñado por el legislador con cierta innovación nacional ­por ejemplo, la subordinación jerárquica de los agentes reguladores al Poder Ejecutivo­ pero, en general, ese diseño reitera la estructura con la cual se trabaja a nivel global. Ese diseño presupone la existencia de oposiciones de intereses funcionales al buen funcionamiento del sistema. En Uruguay, sin embargo, esa institucionalidad de la economía arrastra un conjunto de problemas que dificultan no sólo el buen funcionamiento del sistema sino también la percepción social de las responsabilidades que las autoridades económicas tienen en el cumplimiento del programa de gobierno.

 

BCU-MEF

La semana pasada un panel de profesionales integrado con varios de los ejecutivos en el manejo de dos de las políticas más delicadas, la monetaria y de gestión de deuda, expusieron los éxitos y dificultades que ha supuesto en este período la conciliación de políticas e instrumentos muy sofisticados en el marco de la permanencia de esas debilidades institucionales. En su intervención, el presidente del Directorio del Banco Central, Walter Cancela, documentó el logro de avances importantes en la extensión de la deuda emitida por el BCU en pesos a plazos más extensos, logrando que el riesgo inflacionario y cambiario incidiera en el precio del dinero de manera más gravosa que lo que ya supone para el BCU el costo de hacer política monetaria para mantener a raya la inflación.

Más allá de los aspectos técnicos del manejo de esa conciliación de objetivos diferentes ­regulatorios o aquellos vinculados al mantenimiento del nivel de actividad de corto plazo­, el presidente del BCU volvió a reiterar la necesidad de un nuevo marco legal que permita operar al BCU en las condiciones debidas. En las últimas semanas el ministro Astori también había vuelto a colocar en la discusión pública la urgencia de dotar al BCU de un grado de independencia mayor a la actual en las áreas del diseño y la ejecución profesional de las políticas acordadas con el gobierno a través del MEF particularmente. En el panel se discutió, por ejemplo, la novedad que se introduce en esa institucionalidad cuando el MEF decide gestionar la deuda procurando, entre otros objetivos, la desdolarización, emitiendo porciones mayores de deuda en pesos ­nominales o indexados­ y el BCU en su función de administrar los medios de pago con objetivos que, si bien concurren a posibilitar ese programa de emisor y gestión de deuda a través del fortalecimiento y la credibilidad en la moneda nacional, no siempre concilian en los tiempos o los instrumentos. *