
Los funcionarios involucrados en la inspección sanitaria, en la órbita del Ministerio de GanaderÃa (MGAP) alcanzan a las 432 personas, de los cuales 120 son veterinarios y 312 personal especializado. Además, se brindarán guardias de emergencia para cubrir los servicios del Estado, la faena humanitaria y los embarques de avión concertados para ese dÃa. El gremio reclamó “la imperiosa necesidad de constituir un ámbito de negociación al más alto nivel con participación de todos los actores involucrados: ministerios de GanaderÃa, Trabajo, EconomÃa, Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), gremiales industriales, parlamento, PIT-CNT, Cofe y Afivt”.
Carlos Quagliotti, integrante de la mesa directiva, dijo a LA REPUBLICA que las medidas comprenden los trabajos en los distintos frigorÃficos, plantas procesadoras de alimentos, avÃcolas, cámaras de frÃo, el puerto y los pasos de frontera. Si bien los controles de mercaderÃas se verán afectados durante las paralización de actividades, las inspecciones sanitarias encargadas de prevenir el ingreso de animales con aftosa cumplirán perfectamente sus funciones, ya que son independientes del conflicto de los veterinarios, explicó.
El directivo sostuvo que la instancia presupuestal, actualmente a discusión del Parlamento, no tiene una solución definitiva a los reclamos presentados por el gremio. El Fondo de Inspección Sanitaria (FIS) “es un impuesto que cobra el gobierno en aquellos lugares donde se realizan inspecciones veterinarias y además hay industriales que no están pagando el impuesto, entonces no existe igualdad contributiva”. Quagliotti dijo que el gremio “no pretende ganar más de lo que se ganaba hasta el momento” y se negó a renunciar a los beneficios conseguidos en los últimos siete años.
Los funcionarios dijeron que en los últimos dos años sufrieron una caÃda del salario real del 18%.
La resolución reclama una solución definitiva en relación al Fondo de Inspección Sanitaria en esta instancia presupuestal, “entendiendo que el camino de la ampliación de la Ley FIS tal como lo hemos propuesto, no crea nuevos impuestos, sino que actualiza al año 2000 una normativa que es dinámica, y por último pone en igualdad contributiva a todos los operadores sujetos a control de servicio”. Asimismo, se solicita “total cristalinidad y transparencia de los organismos recaudarores competentes (BROU y DGI) en cuanto al manejo de las cifras recaudadoras”.
También solicitan una “recuperación salarial a diciembre de 1989 y de la pérdida operada desde enero de 1999 al presente. Régimen de ajustes en la Partida por Estar a la Orden a efectuarse de acuerdo con la normativa hoy vigente, en los meses de setiembre y marzo de cada año, acordes con la recaudación real, y el pago simultáneo del sueldo y la Partida a la Orden”.
OTRAS NOTICIAS EN LARED21