Dinamización de las reformas con institucionalidad empobrecida

A fin de mes se celebrará en Buenos Aires un encuentro de pensadores provenientes de distintas vertientes convocados por Proddal/PNUD, en el intento de aproximarse al estado de las relaciones de la democracia y las reformas en América Latina .

El objetivo del evento parecería ser el logro de un cuerpo de ideas capaces de sustituir o adecuar a la realidad latinoamericana el marco teórico que propició el impulso reformista implementado en América Latina desde mediados de los ochenta y que se conoce usualmente como «Consenso de Washington».

Probablemente organismos como el PNUD estén buscando establecer en el sur grupos de tareas de pensamiento propio sobre los vínculos de la política y la economía u otras ciencias sociales. Grupos que sean capaces a la vez, de manejar con el norte un lenguaje común. Siendo este -el de la búsqueda de un lenguaje común con el cual manejar herramientas universales para resolver problemas particulares- uno de los temas más apasionantes de este tipo de encuentros, otras urgencias inclinan nuestra atención sobre esos debates.

Estos encuentros deberían identificar algunas pistas para que los uruguayos intentemos mejorar nuestra discusión sobre la estrategia reformista en práctica incluyendo preferentemente las relaciones del Estado, la democracia y los ciudadanos.

Si la academia y el gobierno obtuvieran de este debate en curso elementos capaces de ser multiplicados por los medios nacionales, quizás pudiéramos mejorar la pobreza infinita de la discusión que rodea la actual experiencia del cambio. La elaboración intelectual criolla no está siquiera aproximándose a poder aportar respuestas demandadas con urgencia desde la dinámica de las transformaciones en marcha.

 

Experiencias encontradas

Desde la demanda, es obvio, que la estrategia reformista actual y sus vínculos formales con la institucionalidad de la democracia generan más interrogantes de las que pueden ser sobrellevadas, sin atisbos de respuestas inteligentes, por los ejecutores del cambio. Las reformas no pueden continuar siendo un conjunto demasiado amplio de iniciativas generadas desde los más variados ámbitos de actividad pública y privada sin vínculos de teoría y organización mínima.

Para el Ministerio de Economía las iniciativas que auspicia son un pilar de la estrategia transformadora, que está vinculada a una idea sobre cómo debería ser el Uruguay del mañana y a una fórmula acerca de cómo se pueden votar e implementar las reformas de mercado.

Otros ministerios promueven otro tipo de iniciativas transformadoras que, en líneas generales, no se caracterizan por su apelación al mercado. Ni para mejorar la inversión, sustentar el crecimiento, ni para articular con aquel otro tipo de reformas, fórmulas de inclusión social más funcionales. De cualquier manera, unas y otras, tienen una lógica común y, más allá de que se advierta o no, parecen responder a una perspectiva de cumplimiento del programa de la fuerza política que ostenta las mayorías necesarias para impulsarlas.

De hecho, eso es lo que está sucediendo independientemente que en este proceso de aproximación a la estacionalidad electoral se vaya alternado la prelación de unas y otras iniciativas, o la propia coherencia original de dichas reformas.

 

El desprecio institucional

Esa contradicción tendrá una síntesis más o menos próxima. Sin embargo, nadie está en condiciones de prever los riesgos asociados a esa síntesis desde el punto de vista de la cohesión social, principio original de sustentabilidad que más vale tener en cuenta. El problema es que, sin marco teórico que posibilite una organización profesional ­política- del proceso de reformas, los riesgos inherentes a los cambios crecerán desmedidamente. En previsión de lo cual a los promotores y ejecutores del cambio les queda una sola alternativa de neutralización de los riesgos. Esa garantía es, además, una reforma en sí: el fortalecimiento institucional.

A esta altura de las complejidades del cambio, es realmente criminal promover o aceptar pasivamente los principios de disociación institucional que aparecen o se mantienen con una suma de atentados y complicidades inaceptables.

Las reformas o cualquier medida trascendente de política deben contar con un reservorio o cuenta de contingencia en la cual se acumulen más fortalezas institucionales.

No se puede admitir que una reforma por más necesaria y justa que sea, no contenga un capitulo principal implícito: el de su impacto institucional. Pero tampoco es admisible que la discusión de política de impacto: monetarias, presupuéstales, laborales o de política comercial, entre otras, sean promovidas sin vínculo alguno con la existencia de los organismos reguladores independientes.

Sin ir más lejos, al término de la semana pasada, el gobierno anunció modificaciones de tarifas públicas con cambios en las estructuras de costos para entes monopólicos sin mención alguna de la opinión de los reguladores.

La práctica de la política continúa fagocitándose la institucionalidad básica. El desprecio institucional se adivina en la mayoría de los gestos oficiales. Mientras tanto, no logramos, ni en los medios ni en la academia, hallar lugares de acceso ciudadano a la comprensión del tumulto reformista Algo de esto es consecuencia de la demanda pobre de las instituciones débiles. *