Tienda Inglesa: proceso por solicitud de clausura culminaría en agosto

Una investigación de la DGI determinó que no hubo defraudación fiscal por parte de Tienda Inglesa, pero el director de Impositiva, Nelson Hernández, dijo a la prensa que la no existencia de defraudación comprobada no significa que no se pueda presumir la misma, a la vez de indicar que dicha investigación detectó irregularidades que hacen presumir que hubo la intención de defraudar.

Si bien la Suprema Corte de Justicia falló en contra del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Tienda Inglesa contra el sistema procesal de clausura de comercios, la empresa confía en que el juez no dará lugar al pedido de cierre por seis días que realizara el año pasado la DGI.

Los ministros de la corporación y el fiscal de Corte entendieron que «no existe la mentada vulneración con la normativa invocada de disposiciones de orden superior» y, por lo tanto, el caso regresará a manos del juez civil de 1er. Turno, doctor Fernando Cardinal, quien había dispuesto la clausura por seis días de todos los locales de la cadena de supermercados, así como un depósito y una fábrica de alimentos, medida solicitada por la DGI.

La ley establece que la clausura se podía disponer por no existir facturación, la subfacturación o errores formales, lo que se pone en tela de juicio por varios juristas. Precisamente éste era el punto cuestionado por Tienda Inglesa frente a la Suprema Corte de Justicia.

Los errores formales no suponen que realmente se quiso provocar una defraudación impositiva.

En la Ley de Presupuesto de 2005 se estableció que los apartamientos formales o errores formales habilitan una clausura cuando se presume una defraudación.

Bajo este punto fue que la DGI solicitó la clausura de la empresa. Uno de los errores formales detectados fue, por ejemplo, que en las ventas donde se emitían boletas con el RUC del cliente, todas tenían como domicilio sólo una sucursal. Para la DGI, cada sucursal debe emitir sus propias boletas con el RUC del cliente.

Cuando se solicitó el año pasado la clausura de Tienda Inglesa, la DGI comenzó una investigación interna en la empresa, la cual duró siete meses.

Durante la misma se estuvo analizando toda la documentación existente y el informe final indica que la empresa no cometió defraudación tributaria, lo que para los abogados de la empresa hubiera llevado a que de manera inmediata y con ese informe, la DGI solicitara al juez que dejara sin efecto el pedido de clausura.

En la investigación contable de la DGI se detectó, por ejemplo, que la empresa había pagado U$S 2,5 millones de más en materia de IVA y como una de las faltas, el no cobro de IVA a los alquileres de espacios dentro de los locales comerciales, que realiza la empresa a farmacias o bancos para instalar diversos servicios.

En este sentido el punto de discusión era si los alquileres pagan o no pagan IVA.

Si bien para Tienda Inglesa la normativa es clara en el sentido de que no pagan IVA, se prefirió aceptar la postura de la DGI de que sí deben pagar IVA, para dar por finalizado el tema. La otra opción era llevar el punto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que hubiera supuesto una demora de unos cinco años en la resolución del problema de si los alquileres de los locales dentro de Tienda Inglesa llevan o no IVA.

 

Resolución en espera

Ahora lo que se espera, tras volver el expediente al juez Cardinal, es la resolución de éste con respecto a la solicitud de la clausura.

El expediente ya tiene más de mil fojas y el doctor Alberto Varela, del Estudio Ferrere Abogados, confía en que al final el juez determinará que la empresa no debe ser clausurada, ya que el informe de la propia DGI establece que no hubo defraudación tributaria.

Varela dijo a LA REPUBLICA que en los últimos siete meses los inspectores de la DGI revisaron cuidadosamente toda la documentación de cinco años hacia atrás y en el dictamen se sostiene que no hubo defraudación impositiva.

«Cómo si no hubo defraudación reconocida por la misma DGI se puede seguir llevando adelante el pedido de clausura», dijo Varela.

El tema central sería que para la DGI hubo una «presumible defraudación».

Más allá del resultado final del juicio, se considera que el daño está hecho. «Esta es una empresa que emplea a 3.000 personas, que hace un culto de la atención al cliente, y que le digan que es un defraudador termina perjudicando la imagen de Tienda Inglesa», sostuvo el abogado.

Relató que él personalmente pudo comprobar esto, cuando en un restaurante escuchó que en una mesa cercana alguien se preguntaba si «los de Tienda Inglesa ya están presos». A su criterio eso demuestra que la imagen de la empresa ya fue dañada.

En agosto estaría la sentencia definitiva del juez sobre si se da lugar a la clausura o no. En caso de que fuera por la afirmativa, será la DGI la que dispondrá las fechas de cierre de los locales. *