"Gravar las jubilaciones es justo y necesario – II"

1. Argumentos de Equidad a favor de gravar las jubilaciones

 

1.1. Sistema favorable de ajuste de pasividades que irresponsablemente crea productividad y la multiplica

Hasta el final del primer gobierno democrático, se abusó del mecanismo de ajustar las pasividades con gran rezago respecto a la inflación. Por ejemplo, en 1986 la inflación fue de 70,6% y apenas hubo adelantos para las pasividades menores a U$S 100 mensuales, con lo que las restantes ­la gran mayoría­ había perdido más de 20% de poder adquisitivo hasta que se hizo efectivo el ajuste final. Fue como reacción a este tipo de abusos, y a través de un plebiscito en 1989, que se instauró en la Constitución la obligatoriedad de ajustarlas en función de la evolución pasada del índice medio de salarios.

Esto supone que la productividad de los trabajadores acrece las pasividades e implica un importante aumento del gasto. A su vez, el índice medio de salarios públicos en aquel momento representaba más de 40% del índice medio de salarios (hoy algo menos del 30%). Los salarios en el sector público, que frecuentemente se ajustan por encima de la inflación sin criterio alguno de medición de productividad, empujan el índice medio de salarios y, en consecuencia, repercuten incrementando el pago de pasividades. Por tanto, el Estado uruguayo «crea» productividad por decreto y la Constitución la multiplica.

Adicionalmente, este sistema de ajuste ha llevado a que en categorías de sueldos muy deprimidos ­como, por ejemplo, los de los docentes­, las jubilaciones ­al recibir el aumento por productividad de toda la economía por ajustar con el IMS­ son bastante más altas que las remuneraciones de los activos que actualmente ocupan cargos de muy superior jerarquía.

A nivel internacional, la mayoría de los países no son tan generosos pues no sólo son estrictos en el cumplimiento de las condiciones para otorgar los beneficios jubilatorios sino que, además, ajustan por el índice de precios al consumo, de modo de mantener exclusivamente el poder adquisitivo de las jubilaciones (por ejemplo, España o recientemente Alemania y la mayoría de los países anglosajones).

Por tanto, el tratamiento favorable de Uruguay hace legítimo gravar las jubilaciones, como es de uso en prácticamente todos los países del mundo. Además, dado que este ajuste liga el poder adquisitivo de los salarios a las pasividades, aquellos que ganan más en ambas categorías de renta están en iguales condiciones de soportar el impuesto (Barreix y Roca, 2003).

 

1.2. Nivel del Gasto en Jubilaciones y Déficit del Sistema de Reparto

Uruguay es uno de los países con mayor gasto previsional respecto del producto; el promedio de la última década fue 13.5% ­sumando al BPS las pasividades militares y policiales, que figuran directamente en el Gobierno Central. Adicionalmente, la seguridad social uruguaya presenta un altísimo déficit, financiado con aproximadamente un 25% de la recaudación del IVA entre otros aportes.

Una de las causas de este déficit, aunque ciertamente no la única, es el pago de jubilaciones contributivas por las que no se realizaron los aportes que la ley marca. En efecto, en 1997, Camacho estimó que un 23% de las erogaciones del BPS correspondía a jubilaciones por las que no se habían hecho los aportes tal cual exigía la normativa. Así, el IRPF a la jubilación resultará más justo que un impuesto al sueldo (IRP), porque aquella se obtuvo aportando menos de lo se debía. Por tanto, también desde este punto de vista, el IRPF, al gravar sobre lo que no se aportó, mitiga un defecto del sistema.

 

1.3. La inequidad entre contemporáneos

La inequidad entre contemporáneos se expresa de dos formas.

i) La primera inequidad deriva de que el sistema de ajuste de las pasividades instaurado en la Constitución, y ya comentado, ha sido regresivo. En efecto, de acuerdo a Vigorito (1999), de 1986 a 1997 el 15% más rico de la población ganó un 10% de participación en el total de las pasividades (llegando a un 55%), mientras que el 15% más pobre perdió un 5% de participación en el total de pasividades (bajando de 14% a 9%). Como dice Vigorito, «la aplicación de una política pública que benefició a un grupo de la población (los jubilados) no tuvo por resultado una mejora distributiva. En consecuencia, no valida la hipótesis de que fue esta reforma la que impidió que aumentara la desigualdad en Uruguay».

El impuesto a la renta personal, gravando las jubilaciones más altas, morigera esta inequidad.

ii) La Caja Bancaria, que presenta importantes déficits, está aplicando un ajuste -y casi seguramente se vea sometida a uno mayor- reduciendo los beneficios, en particular a las pasividades más altas, de modo de aproximarlas a los topes que afectan las pasividades de las otras cajas estatales. El principal argumento esgrimido para el ajuste en ciernes es que esta Caja debe ajustarse a los criterios de solidaridad y límites que rigen a las otras Cajas que subsidia el Estado para acceder a su ayuda financiera.

Por su parte, la transferencia que la Caja Militar recibe del Gobierno Central (0.4% del PBI en 2005 según CGN) para cubrir su déficit es más de un 35% superior a sus ingresos (aproximadamente 0.3% del PBI). En esta Caja, las pasividades mayores no estaban topeadas al nivel de las otras cajas estatales, y no hay planes para que su déficit se ajuste como el de la Caja Bancaria, a costo de los beneficiarios que reciben las mayores jubilaciones. Por tanto, en este caso de claro privilegio de la Caja Militar, la aplicación del IRPF a sus pasividades más altas ­las del personal superior, menos de un 15% de sus casi 50.000 beneficiarios- al menos moderará una situación de flagrante inequidad.

 

1.4. Solidaridad intergeneracional. En Uruguay uno de cada dos pobres es niño y uno de cada dos niños es pobre.

Uruguay tiene el orgullo de presentar la mejor distribución del ingreso de América Latina. En rigor, dudoso orgullo, pues es peor que la de varios países del Africa Subsahariana (Barreix y Roca, 2006a, b). Por ejemplo, el 20% más rico ­que pagará aproximadamente el 85% del IRPF- concentra el 52% del ingreso. Aún más, es una de las peores si se clasifica por edades. Esto se refleja en algunos indicadores impactantes, a saber:

– Más del 50% de los niños menores de 5 años están debajo de la línea de pobreza (y similar situación afecta a todos los menores de 17 años), en tanto sólo cerca de un 5% de los mayores de 65 años está en esa situación;

– El 10% de los niños vive en hogares indigentes, cifra que alcanza al 3% de los mayores de 65 años;

– Uno de cada dos habitantes de los asentamientos es menor de 18 años (45% según Unicef, 2005) y, por suerte, sólo el 5% de los mayores de 65 años; y

– Los mayores de 65 años reciben más del 65% del presupuesto, en tanto los menores de 5 años se benefician con sólo el 5.5%. La estructura presupuestal en una democracia refleja las preferencias de los votantes; por ejemplo, a nivel funcional el gasto de seguridad en Uruguay es casi ocho veces superior a la asignación a los niños menores de 5 años.

En términos de economía política es ineficiente ­y muy vergonzoso­ que existan residentes de asentamientos de segunda generación o que sólo el 0.5% de las afrouruguayas haya llegado a la Universidad, pero que uno de cada dos menores sea pobre es irracional. No sólo se está activando una bomba de tiempo por falta de (igualdad de) oportunidades sino que en el siglo del conocimiento (capital humano) no habrá desarrollo posible para el país en su conjunto.

En conclusión, los indicadores de protección a los mayores, aunque deban mejorarse, son razón de orgullo para todos los uruguayos. Pero la catastrófic
a situación de la juventud uruguaya ­el futuro del país, su cohesión social y su estilo de vida republicano­ amerita la solidaridad intergeneracional de las pasividades más altas del sistema de seguridad social más deficitario del mundo. Que quede claro: sólo de las pasividades más altas, pues menos del 11% de las jubilaciones del BPS pasarán a pagar más que en la actualidad. *

 

Bibliografía

BARREIX, A y J. ROCA (2003). «Sistema Tributario Uruguayo: Condiciones actuales y Propuesta». Universidad Católica del Uruguay,

//www.ucu.edu.uy/Facultades/CienciasEmpresariales/

 

BARREIX, A y J. ROCA (2006a): «Arquitectura de una propuesta de reforma tributaria». Universidad Católica del Uruguay.

//www.ucu.edu.uy/Facultades/CienciasEmpresariales/

 

BARREIX, A y ROCA, J. (2006b). «Siete Pilares para sostener la Reforma Tributaria». Universidad Católica del Uruguay.

//www.ucu.edu.uy/Facultades/CienciasEmpresariales/

 

CAMACHO, L. (1997): «Elementos generales del financiamiento del nuevo sistema previsional uruguayo». Montevideo, BPS.

 

UNICEF (2005). «Observatorio de los derechos de la infancia y la adolescencia en el Uruguay, 2005″.

 

VIGORITO, A. (1999): «Una distribución del ingreso estable. El caso de Uruguay 1986-1997″. Instituto de Economía. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de la República.