La confusión sobre el rol del Estado moderno multiplica los riesgos del cambio

Circunstancialmente, las debilidades estructurales del Banco Central en una perspectiva de inflación creciente alientan la especulación del mercado y de hecho ha aumentado fuertemente la tasa de interés. Un poco más allá, el desprecio público por ese tipo de debilidades institucionales alienta otro tipo de especulación más política. Ambas atentan contra los principios del cambio y están siendo fomentadas públicamente.

Hay nichos de tensión difíciles de ubicar y describir, sitios del acontecer económico y político en los cuales se juega gran parte del cambio. Esos lugares son reductos o intersecciones formales en los cuales se encuentra la política y la economía y en los cuales se hacen cosas sustanciales.

Son lugares relativamente indefinidos para la mayoría de la población. No tienen presencia pública y en general son evitados por los comunicadores. Su crónica es cara y sus productos periodísticos pagan poco. De cuando en cuando, sin embargo, de esos nichos surgen desesperados signos de atención pública. Este es uno de esos momentos. Es la hora en la cual la institucionalidad silenciosa reclama atención pública. Actualmente, desde el pesado silencio de los reguladores están emergiendo riesgos que amenazan la sustentabilidad de los cambios.

La fuerza de las instituciones reguladoras ya no es la misma que aquella en torno a la cual se construyó la salida de la crisis económica y social del 92. La Ursec y la Ursea no rinden cuentas públicamente del cumplimiento de su misión. No hay eventos públicos, las páginas web son opacas y a sus directores les cuesta una enormidad desarrollar desde esos ámbitos pensamiento institucional. Algo similar comienza a suceder con el Banco Central y aquí sí, la preocupación se transforma en alarma. En el caso de los reguladores de la comunicación y la energía la realidad actual era previsible desde que el gobierno creara las condiciones administrativas para eliminar la ya escasa independencia y fortaleza que tenían dichas unidades en el período previo. A diferencia del resto de los presupuestos determinados por el modelo de reconstrucción económica en sus aspectos específicos, el gobierno no aceptó el principio de la regulación independiente. Lo negó formalmente a la hora de ubicar orgánicamente a la Ursec y la Ursea o cuando por alguna razón no puede aplicar todo su poderío de negociación para definir de una vez la integración de los organismos de contralor. Y ahora, cuando emergen las primeras ideas sobre la reforma del Estado, el gobierno no parece preocupado por subsanar la debilidad de la regulación en el diseño de la reconstrucción del Estado.

Hay aún un tiempo para comprobar esta sospecha y, sobre todo, hay un tiempo para negarla avanzando en lo que debería ser la orientación de una discusión interna sobre la reforma que partiera de la experiencia comparada de la institucionalidad moderna. Esa que diferencia a los países desarrollados de los que van a pervivir en la mediocridad de las vías del desarrollo exportando capital humano.

Debilidad del BCU

Sobre esa desazón que supone la recreación de esa diferencia principal entre la construcción de un estado moderno y la revitalización de aquel que presidió la edificación del país industrial y agrario un siglo atrás, surge ahora la alarma por el aumento de la debilidad del Banco Central en una emergencia como no se le había presentado al país en los últimos cinco años. Esa emergencia consiste en la aparición de amenazas de mucho impacto social: la inflación y la seguridad financiera -por citar tan sólo aquellas sobre las cuales no tenemos muchas más defensas que un principio de regulación fuerte y en tanto, por definición de mucha independiente; y las emergencias que, cuál oportunidades, se le plantean al paisito bloqueado en el área de la construcción de su soberanía económica.

La oportunidad de la emergencia en ésta última área aparece como una utopía dolorosa tal cual están las cosas; pero sepamos que existe: el mundo ya no es aquel de la visión mercantilista del desarrollo. Es el de las redes, y la circulación de capital, servicios y, también, bienes. Esa utopía del salto del paisito hacia una inserción ambiciosa en ese mundo nuevo es posible o no a partir de la existencia de un estado reformulado desde la generación de otras ideas. No es el caso ni el momento de insistir en para que sería necesario un Banco Central de otro porte en esta perspectiva.

Ahora debe preocuparnos una razón más inmediata y decisiva para que el Banco Central sea objeto de una consideración diferente por la sociedad y, esencialmente, por el gobierno. La sustentabilidad del cambio reposa en la estabilidad monetaria. No es lo mismo que el cambio pueda desarrollarse en un escenario en el cual la inflación tienda efectivamente a ubicarse en los niveles de un país serio, o que el promedio ponderado de cambio de los precios del consumo oscile en el futuro en niveles que sólo tienen en el mundo de hoy los países más pobres y riesgosos del mundo.

Uruguay tiene sus pobres cuentas en relativo orden, la gestión presupuestal se realiza aún sin demasiadas presiones, pero la inflación creciente corroe el proceso de recomposición de la confianza pública. Desde comienzos del año el Banco Central se halla desafiado en el cumplimiento de su misión principal. Debe asegurarnos que podrá aplicar sus ya débiles herramientas: la política monetaria en particular, con la independencia necesaria de las presiones políticas que inevitablemente crecerán en la medida que tengan que arbitrase en la política partidaria las diferencias expuestas en el modelo del cambio. Ahora, tal cual era previsible, la conflictividad potencial del cambio ha sido multiplicada peligrosamente por la emergencia inflacionaria. La inflación se cierne sobre la percepción ciudadana como un opaco manto debajo del cual los operadores más fuertes privilegian sus intereses.

No es sólo un proceso de afectación del salario y el ingreso de los hogares; la inflación creciente destruye y niega los principios de equidad y transparencia sobre los cuales debe recomponerse la confianza social. Este es el principal riesgo de la emergencia actual, comparable tan sólo a los efectos devastadores de la continuidad del bloqueo regional sobre la capacidad de diferenciación que tiene este país.

Un dato nuevo y una interrogante inmediata

Justamente en estas circunstancias, cuando más nos inclinamos sobre la capacidad de los reguladores e instituciones como el Banco Central, aparecen las primeras señales acerca del lugar y el contenido que tendrá la regulación independiente en la reconstrucción del Estado moderno.

Y, otra vez de nuevo, aparece la reivindicación de la sujeción de todo a los resultados circunstanciales del juego de la política.

Tanto las nuevas autoridades de la OPP como los trabajadores públicos organizados para esta discusión en un novel Departamento de Estado del PIT CNT coincidieron la semana pasada en que el proyecto de modificación de la Carta orgánica del BCU debería limitar su independencia y autonomía subsumiéndola un poco más al arbitrio de la autoridad política circunstancial; la negación específica de la regulación independiente. Sin duda, un dato de importancia nada menor. En los confusos escenarios en los que andamos, aparece imprescindible saber si el proyecto del Poder Ejecutivo que actualmente discute el Senado es, efectivamente, el proyecto de la Presidencia de la República y el gobierno.

La segunda pregunta es más inquietante y deberá ser formulada inmediatamente a conocer eventuales dilaciones de tal respuesta. Y remite la interrogante al Ministro Astori inquiriéndole cómo supone el MEF que pueden perpetuarse este tipo de incertidumbres. *