El 31 de marzo es el límite para que el Poder Ejecutivo decrete la reglamentación de la Reforma Tributaria

A poco más de un mes de publicada la Ley 18.803 en el diario oficial, se sigue trabajando intensamente en la reglamentación del nuevo sistema tributario que comenzará a regir a partir del próximo 1 de julio.

Las asesorías tributarias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Dirección General Impositiva (DGI) son las encargadas de la redacción de la reglamentación, una labor que comenzó a realizarse desde mediados del año pasado.

Fuentes de la DGI y del MEF informaron a LA REPUBLICA que, si bien no existe un plazo explícito y las autoridades se manifiestan reacias a mencionar todo tipo de plazos, los técnicos que están trabajando en la reglamentación se autoimpusieron como plazo el próximo 15 de marzo para finalizar con la redacción y elevar un informe a la dirección del MEF. De esta forma, el MEF tendría un plazo de quince días para revisarlo y el 31 de marzo se tendría todo pronto para que el Poder Ejecutivo firmara los decretos reglamentarios correspondientes.

Luego de firmados los decretos, se contaría con un «tiempo prudencial» de tres meses, según dijeron fuentes del MEF y DGI, para informar a los contribuyentes y a la ciudadanía sobre el nuevo sistema. La campaña informativa y publicitaria es coordinada entre el BPS, el MEF y la DGI conjuntamente con la agencia que ganó la licitación el año pasado y será lanzada apenas estén firmados los decretos reglamentarios.

Paralelamente al lanzamiento de la campaña de información y uso de medios masivos, centenas de becarios preparados especialmente a tales efectos se distribuirán en todo el país para explicar directamente a la población las implicancias del cambio. Además estarán habilitados puestos de información en las oficinas de BPS, la DGI, centros comunales de la Intendencia de Montevideo y Canelones.

Uno de los problemas que deberá resolver la reglamentación es el límite de ventas a partir del cual las empresas agropecuarias deberán transformarse en sujetos imponibles del Irae (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas), lo que podría suponer cambios importantes en la administración y costos de las empresas agropecuarias.

Pese a esto, los problemas más complejos se vinculan a los procesos de información, registración, y formas en las cuales se procesarán los pagos y liquidaciones finales del impuesto a las renta de las personas físicas. La relación entre la reglamentación, el código fiscal y la capacidad de garantizar la justicia de todo el proceso es una de las articulaciones complejas con las cuales deberá lidiar la reglamentación. *