Los países centroamericanos deben evitar la guerra de incentivos fiscales para atraer inversión extranjera porque de lo contrario todos acabarán “perdiendo”, aconseja el experto Juan Alberto Fuentes, quien aboga por un pacto fiscal en la región aunque sea “de mínimos”.
“Hay una dimensión defensiva para evitar que se siga dando una guerra de incentivos para atraer inversión extranjera hasta llegar a un mínimo donde todos terminarán perdiendo”, advierte el director y consultor internacional del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), con sede en Guatemala.
“Se puede pensar en mínimos si no se llega a una total armonización”, sobre todo, porque en esos términos se hace más factible un pacto fiscal regional, dijo vía telefónica Fuentes a la AFP.
“Hay grados, no se tiene que plantear un pacto, pero sí medidas tendentes a la armonización parcial”, aconseja el autor del estudio ‘Retos de la política fiscal en América Central’, quien considera que existe una “visión equivocada del efecto de los incentivos fiscales para atraer la inversión”.
Y es que las empresas, puestas a valorar, prefieren los incentivos fiscales, las buenas infraestructuras, disponibilidad y cualificación de la mano de obra, un sistema tributario coherente y bien administrado, estabilidad macroeconómica, seguridad y respeto al estado de derecho y en general un clima de negocios adecuado, aseguró.
El Istmo, que se encuentra inmerso en pleno proceso de integración aduanera -una exigencia de la Unión Europea para negociar el Acuerdo de Asociación, que se iniciará probablemente en marzo- necesita dar pasos también en el plano fiscal, afirmó recientemente el ministro de Hacienda costarricense, Guillermo Zúñiga.
La debilidad del impuesto sobre la renta en los países centroamericanos es bien conocida, y de ahí el poco margen de maniobra de la mayoría de los estados para mejorar infraestructuras, educación o salud y preparar a los países para insertarse en la economía globalizada.
Entre 1995 y 2002, la carga tributaria observada se elevaba al 12,4% del PIB en Costa Rica, al 10,5% en El Salvador, 9,2% en Guatemala, 10,9% en Honduras y 8,1% en Nicaragua.
El gran número de exenciones y las amplias exoneraciones sectoriales del impuesto de la renta de empresas – sobre todo las que trabajan en los sectores más dinámicos como el turismo, las zonas francas o las maquilas- son en buena parte las causantes. *
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