En general, empresarios y profesionales vinculados al posicionamiento tributario de las empresas del sector entienden, además, que la reglamentación de la reforma tributaria consagrará la forma corriente de la tributación del sector, incluyendo el régimen de aportes a la previsión social, uno de los temas integrados al compromiso en el último período de discusión en la bancada oficialista. De cualquier manera permanecen incertidumbres vinculadas con la definición precisa del límite de opción voluntaria entre la tributación en el marco del actual impuesto a las ventas y el Irae (ex IRA sectorial). Las zonas de incertidumbre se multiplican en cambio en las intersecciones de la imposición a la renta de las personas físicas y los vínculos de éstas con las empresas agropecuarias o agroindustriales. El viernes pasado la gerencia de la Cámara Mercantil de Productos del País difundió un extenso informe sobre la reforma en el cual se describen los puntos principales desde el ángulo de interés agroindustrial, recordando que el Ministerio de Economía dispone de cuarenta millones de pesos para explicar masivamente los contenidos y responsabilidades del contribuyente. La DGI aguarda la redacción final del reglamento a los efectos de iniciar la comunicación masiva de la reforma que comenzará a regir a partir del próximo 1º de julio.
Un reciente estudio de Opypa, la unidad especializada del Mgap en diseño y evaluación de políticas, ha estimado que la recaudación efectiva originada en el sector agropecuario en el curso de 2006 se ubicaría en los U$S 120 millones, un 8% más que la recaudación lograda en 2005. En moneda equivalente la recaudación global de la DGI en el período superó largamente dicho porcentaje, lo que confirmaría la idea de que el sector agropecuario continúa ostentando una posición privilegiada frente a las exigencias fiscales aplicadas a la economía en general.
Opypa declina realizar proyecciones sobre el comportamiento de la recaudación en 2007 dada la permanencia de incertidumbres vinculadas con la facultad del Ejecutivo para definir algunos datos importantes en lo que hace a la recaudación legal que obligará al agro. Pese a ello, las estimaciones de la oficina indicarían un aumento de la recaudación. *
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