Se reabre la discusión sobre los transgénicos

Mediante el artículo 2º del mencionado decreto se creó una «Grupo de Trabajo Interministerial», que tendrá a cargo el diseño de los lineamientos y políticas sobre biotecnología.

Este decreto estuvo impreso y a la espera de ser firmado durante un tiempo largo, pero existían algunas diferencias a nivel del Ejecutivo que postergaron su aprobación. Finalmente se conciliaron posiciones en dicho proyecto, que suspende no solo la habilitación de nuevos productos transgénicos, sino que también prohíbe la investigación, y es allí, donde surgen las mayores críticas al mismo.

Las mismas diferencias que existían a nivel del Ejecutivo, son las que existen a nivel académico, social, y del sector privado.

El Grupo de Trabajo designado, de participación amplia, deberá tomar definiciones a nivel público y fijar posición sobre un marco regulador que comprenda: ajustes institucionales que puedan resolver en el mediano plazo, la efectividad y adecuación de las eventuales capacidades incluyendo fortalecimiento administrativo, técnico y financiero; eventuales impactos para la salud humana y amenazas al medioambiente; relación entre agricultura tradicional, natural, orgánica y la producción biotecnológica; Investigación científica e incorporación tecnológica; fortalecimiento de la investigación a nivel regional; mecanismos de información al consumidor.

 

Marco regulatorio en bioseguridad

Uruguay ha estado embarcado en un proceso de discusión abierto, con actores públicos y privados, y con este Grupo de Trabajo que se crea, se fortalece el proceso que ha venido desarrollando en materia de bioseguridad, coordinado por la Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente), y que tiene apoyo financiero de las Naciones Unidas. Próximamente, casi con seguridad en abril, un documento va a estar pronto, y será tomado por el gobierno para elaborar una nueva ley en un marco para el manejo de la bioseguridad.

 

Los productores

La manipulación de productos transgénicos permiten al productor, hablando en términos económicos, bajar sus costos de producción, ya sea tanto por la disminución del riesgo de pérdidas, o por no necesitar insecticidas u otros insumos, y si este decidiera la no utilización de estos productos genéticamente modificados, el premio que se obtiene es muy variable y no se justifican estos gastos extra. Por lo tanto, para los productores utilizar productos transgénicos es más rentable. Por ejemplo, en Japón el grano de soja es muy utilizado, y hay un mercado de soja no transgénica (para consumo humano) y soja transgénica. Pero estos productos certificados son para mercados de nichos, los cuales «serían estables» dijeron a LA REPUBLICA algunos analistas consultados.

Generalmente los movimientos ambientalistas aseguran que la producción orgánica encarece el producto por todas las certificaciones por las que tiene que pasar, pero según nos informaron especialistas, esto no es del todo cierto, porque la certificación es tanto para los productos orgánicos como para los transgénicos.

Si bien el decreto suspende la autorización por 18 meses, algunos investigadores aseguran que significa un retraso sobre la investigación de más de 2 años porque dentro de 18 meses, cuando se retome la investigación, vamos a haber perdido mucho terreno frente a nuestros competidores como Brasil y Argentina. Hasta hace un tiempo Uruguay tenía la misma cantidad de productos transgénicos habilitados que Argentina (la soja Roundup Ready RR y dos variedades de maíz, el Mon 810 BT y el BT 11), pero últimamente Argentina ha avanzado y los controles se hacen más difíciles al momento de importar productos del vecino país. *