Pese a la mejoría de la supervisión, el riesgo del sistema financiero en Uruguay permanece elevado

Entre sus principales conclusiones, el informe preparado por equipos especializados del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y entregado a mediados del año pasado advierte que, pese a los logros obtenidos en los últimos tres años, el sistema financiero uruguayo en su más amplia acepción continúa siendo vulnerable a eventuales shocks pese a que está preparado para manejarlos en condiciones sustancialmente diferentes a las de la historia previa a 2002.

El test al cual fue sometida la seguridad del sistema financiero uruguayo es una prueba a la cual se someten los sistemas financieros de los países miembros del FMI a requerimiento de éste. Estos test trabajan con metodologías sofisticadas y utilizan recursos con costos que, en general, son inaccesibles para países como Uruguay. En el caso uruguayo, este test habría sido solicitado por el Ministerio de Economía al inicio de la presidencia del doctor Batlle, previo a la crisis bancaria de 2002. A partir de dicha solicitud Uruguay debió aguardar hasta principios de 2005 que los equipos del Programa de evaluación de los sistemas financieros (Fsap, por su sigla en inglés), pudieran iniciar el análisis cuyo extenso informe acaba de divulgar el BCU.

Las principales conclusiones del informe indican que los riesgos del sistema bancario uruguayo permanecen elevados pese a la mejora del plan de supervisión y regulación, ejecutado en los últimos tres años, y que particularmente ha incidido sobre el riesgo bancario, parte de un sistema financiero amplio que también fue analizado en el trabajo.

Los riesgos devienen ­según el análisis de estabilidad elaborado por el Fsap­ del elevado endeudamiento público, del sistema de garantías de los bancos oficiales, de la elevada dolarización y de los depósitos de los no residentes.

El informe repara en las distorsiones que le crea al funcionamiento y la seguridad del sistema la elevada participación de las instituciones bancarias del Estado. El informe, que fuera revisado y aprobado por Ulrich Baumgartner y Anoop Singh antes de su entrega a las autoridades uruguayas, precisa sus recomendaciones en atención a la necesidad que tiene el país de profundizar y desarrollar la intermediación financiera mejorando en paralelo las garantías del mismo.

En dicha perspectiva las recomendaciones internas para la continuidad del plan se ubican en el contexto del cual surgen algunos de los factores de riesgo principal utilizados en las simulaciones del test.

Entre estos factores el informe señala la necesidad de mejorar la «cultura» y el registro del crédito pero advierte sobre la necesidad de mejorar la regulación y administración de quiebra, de fortalecer la gestión de los bancos oficiales; de continuar reformando el deficitario sistema previsional, de desarrollar el casi «infantil» mercado de valores y estimular el crecimiento de un sistema de crédito hipotecario privado, práctica funcional a la seguridad global de los sistemas bancarios en los países desarrollados. En lo que refiere a la capacidad institucional de manejar el riesgo bancario en condiciones de ampliación de la intermediación, el informe advierte sobre las dificultades que tiene el BCU para cumplir sus funciones manteniendo la coexistencia de sus compromisos como regulador fuerte del sistema y el resto de sus funciones actuales: agente financiero y monetario, administrador y banquero de última instancia, etcétera.

Entre las recomendaciones para una mejora del comportamiento del sistema frente a exigibilidades mayores, el informe insiste en la ampliación de la fiscalización de la supervisión en varias direcciones. Entre ellas, las que deben atender con mayores recursos al funcionamiento de los grupos económicos extendiendo la supervisión dura al ámbito regional, Brasil y Argentina en particular. Además advierte sobre la necesidad de especializar y localizar más equipos de fiscalización en los diferentes sitios y entidades críticos del sistema a la vez que ­reitera­ deben mejorarse los sistemas operacionales, de información en línea y el sistema de documentación y pagos, con mayor adecuación a las normas internacionales. *