Restaurantes de lujo e imprentas, denunciados por asociación para delinquir por la DGI

La maniobra delictiva consistía en la emisión de doble juegos de boletas: una se le entregaba al cliente por el importe verdadero de consumo, y otra con la misma númeración a la DGI, pero por un valor que llegaba en algunos casos al 10% del valor real de venta. Esto implicaba que el IVA recaudado fuera menor al que el cliente había pagado. Para la maniobra se habían prestado cuatro imprentas. Cuando una empresa manda imprimir boletas, debe tener la autorización de la DGI y la imprenta debe estar registrada.

En el caso de las imprentas, la maniobra era compleja ya que se pasaban los trabajos entre ellas, y no quedaban asentados. Por lo tanto una imprenta imprimía el juego de facturas que era para el cliente y la otra, la que se destinaba a la DGI.

Se investiga si detrás de esto hay uno o más ideológos que coordinaran toda la operación, ya que no se cree que la compleja maniobra surgiera de manera espontánea por parte de cada uno de los propietarios de los restaurantes.

El caso se ha vuelto muy complejo por los intereses que están en juego y la importancia de los nombres involucrados. La DGI había solicitado la inmediata clausura de los ocho restaurantes implicados, pero cinco de estos establecimientos interpusieron recursos de inconstitucionalidad de la medida. La Justicia Civil (que en un primer termino había ordenado las clausuras) decidió elevar el expediente para su resolución a la Suprema Corte de Justicia, por lo cual las clausuras no se concretarán hasta que ésta se expida, lo que demorará unos seis meses.

Por otra parte, en una primera instancia, la Justicia había dispuesto la clausura por tres días, mientras que la DGI la había solicitado por seis. Esto llevó a que la resolución fuera impugnada por las dos partes: los restaurantes, que, alegando la inconstitucionalidad de la norma solicitaron, solicitaron que no se aplicara la medida; la DGI se opuso a que la clausura fuera por tan poco tiempo, teniendo en cuanta la magnitud del hecho.

El éxito de la DGI fue que la Justicia autorizó a que inspectores del organismo se constituyeran desde hoy en los locales, aplicando medidas cautelares, como el embargo de la recaudación, y controlando la emisión de facturas y el movieminto de caja.

Zaindensztat dijo ayer que en el estimativo de defraudación (U$S 80 millones) se incluye «el impuesto defraudado con este sistema de tener doble juego de facturación, más la sanción de la multa por mora, más la sanción en su escala máxima de defraudación de 15 veces. Quince veces es el impuesto que se pretendió defraudar».

El director de Rentas destacó que este tipo de maniobras son «contra el pueblo uruguayo», a quienes se dirigen los impuestos.

Acotó: «Una reflexión hecha por el Dalai Lama dice que la tolerancia y la paciencia son mucho más profundas y efectivas que la mera indiferencia. Lo que queremos afirmar es que la tolerancia y la paciencia la tiene la DGI, dentro del debido proceso y las garantías que da el sistema judicial uruguayo, y que no actúa con indiferencia. Acá hay mucho dinero defraudado a la sociedad uruguaya».

 

Clausuras efectivizadas

Ayer se procedió a la clausura de 12 locales comerciales, como resultado de expedientes iniciados en 2006. La mayoría de ellos son por la no emisión de facturas en el momento de las compras y otros detalles de los aportes impositivos.

Los locales clausurados se encuentran en Maldonado, Canelones, Rocha y Montevideo.

El proceso de clausura de un local puede llevar varios meses. Comienza cuando la DGI estima que hay defraudación impositiva. Los antecedentes recogidos por los inspectores se pasan al director de Rentas, quien decide si se lleva ante la Justicia la solicitud de clausura. Para esto se evalúa la magnitud de la maniobra y el comportamiento del empresario ante la Impositiva.

En caso de que se resuelva elevarlo ante la Justicia, se le pide a ésta la clausura del local por una determinada cantidad de días (que pueden llegar hasta 6).

El juez es quien puede decretar la clausura por el pedido de tiempo solicitado, por un tiempo menor o directamente negarlo.

La Justicia comunica su resolución a la empresa y a la DGI. Una vez que la DGI recibe la notificación, es esta quien decide en qué momento se lleva adelante la clausura, empleándose en el caso de los negocios que funciona en verano la consigna de que se debe de clausurar en temporada estival y no en invierno.

Antes de proceder a la clausura se le avisa al comercio, con unos tres días de anticipación, que la msima se hará efectiva.

Las resoluciones judiciales a las solicitudes de clausura pueden tomar días, semanas o mes «depende del juez que tenga la causa» señalaron desde la DGI.

En la actualidad hay varias decenas de pedidos de clausura y hay otras tantas resoluciones en este sentido, por lo cual desde ya se adelanta que en febrero se veran más comercios con el cartel de «Clausurado» en toda la zona Este.

 

Cierres por 6 días

Los comercios clausurados desde ayer y por 6 días son los siguientes: Canoa Quebrada, una tienda de souvenirs, revistas, etcétera, con dos locales (Punta del Este y La Barra); farmacia José Ignacio (con dos locales, uno en Punta del Este y otro en José Ignacio); Optica Florida (Punta del Este); Propiedades .com.uy (inmobiliaria con sede en Punta del Este); Du Soleil (rosticería, en San Carlos); El Chiringo (parador en Punta Ballena); Avícola Pablo (planta de faena avícola de Canelón Chico en Canelones); El Popo (supermercado en Aguas Dulces, Rocha); El Remanso (distribuidora de productos avícolas, Montevideo), y Robido Carreto (venta de ropa, en Montevideo).