El Estado necesita adelantarse a la iniciativa privada y tiene amplio margen para hacerlo

El financiamiento de una de las medidas de política disponibles, la creación de un Fondo de garantía con domicilio en el exterior, no debería presentar oposición de sus fuentes de integración en la medida que, de hecho, contribuirán a mejorar la competitividad fiscal y cambiaria colocando dólares fuera del país.

No tenemos indicadores directos para medir la evolución del sentimiento de aversión al mercado que manifiesta la mayoría de la población uruguaya.

El último trabajo serio disponible data de principios de la década y sus conclusiones de entonces auguraban las dificultades que tendría cualquier gobierno que quisiera avanzar en sustentar con reformas y procedimientos de mercado la refundación de un país cuyos equilibrios de poder lo habían llevado a que cualquier intento mínimamente serio de avanzar en una perspectiva de mejorar la realidad se diluyera entre la mediocridad y las renuncias. El país fue fagocitándose los recursos y entusiasmos, empeñado en mantener equilibrios cada vez más frágiles pero que ningún gobierno quiso o pudo alterar. Paradójicamente este gobierno de izquierda lo está desplegando un conjunto de iniciativas y proyectos que apuntan, todos, a crear mejores condiciones de mercado sobre los cuales, Estado y emprendedores, inventen nuevas formas de crear valor.

El proceso es difícil, complejo, casi imposible de explicar y comprender para la cultura dominante de un país que ostenta esos indicadores de aversión a la competencia y las disciplinas usuales que exigen los contratos modernos.

El problema no es cómo ha de resolverse esta contradicción estructural anterior y cuya dimensión a veces tendemos a ocultarnos dado lo que ella supone a la hora de desarrollar el plan. Pero existe. Es fenomenal y además de imponerle tiempos imposibles al tratamiento de los proyectos e iniciativas del gobierno esa aversión tiene una consecuencia aún más costosa: recrea permanentemente las bases de formación de malos emprendedores.

Uruguay pudiera ser un país exportador de petróleo y plutonio y las cosas no cambiarían demasiado a las condiciones actuales de exportador agroindustrial. Seguiría sin educar y estimular emprendedores capaces de imaginar como se construyen los negocios que producen trabajo y le posibilitarían al gobierno avanzar más rápida y humanamente en la otra vertiente del plan: la inclusión.

Uruguay incluye con mediocridad y sin convicción porque esa es la contracara de la mediocridad con la cual genera valor a largo plazo. Dado que en el mundo actual los Estados nacionales son cada vez más buenos o malos eslabones de la cultura local con la global, este gobierno se enfrenta al dilema de tener que sustentar su ambición de cambio en sentido amplio confrontando sus propuestas vinculadas a la creación de mejoras sustantivas del mercado con esas bases culturales que se empeñan en reproducir malos contratos y óptimos especuladores con esos defectos.

 

Riesgo que no pondera ni califica el UBI

Sin disponer de indicadores más potentes sobre esta evolución cultural tan sólo intuiremos el resultado de una cuenta de intangibles cuyos saldos nos orientaran en una perspectiva real del riesgo.

Dicho de otra manera, si la formación de capital humano no avanza en la dirección del plan y con saldos que permitan acumular lo necesario en el tiempo disponible este país seguirá con diagnósticos y notas exclusivamente vinculadas a la capacidad de repagar la deuda y mantener equilibrios precarios.

Sin empresarios más potentes y capaces de inventar procesos de generación de valor y empleo de otra naturaleza este país continuará expulsando en la frontera todos los jóvenes que no tengan anclas de mayor peso que los estímulos que les ofrece el mundo,

Con esa carencia de registros sobre la evolución de la cultura, la inversión y los resultados en esa cuenta de resumen sólo es posible avanzar intuitivamente en la dirección de mejorar la inteligencia nacional para competir. Como dijimos, el gobierno ya está haciendo lo que debe y puede en el área de la estructura del mercado y también lo está haciendo en esas necesariamente pobres operaciones de inclusión social. Pero no hay que ser demasiado lince para intuir que el riesgo país intuido desde una operación imposible de UBI (Uruguay Bond Index) + ICH (Índice de Capital Humano) + IID (Indice de Inversión y Desarrollo), tiene saldos negativos a partir del deterioro mayor relativo de uno de sus término de mayor ponderación.

 

Estímulo para el villano  mercado y los nuevos  empresarios

El gobierno maneja esta hipótesis de riesgo y sabe que el país no tiene ni los tiempos ni la capacidad de mejorar la dotación de emprendedores o empresarios aptos para utilizar las excepcionales condiciones actuales y cimentar a partir de ellas la sustentabilidad del programa a futuro. Tal convicción debería producirle una tensión mayor a la que uno advierte en la creación de realidades que los malos y escasos emprendedores no están pudiendo aportar. Paradójicamente ese gobierno que auspicia la mejora de las condiciones del mercado para facilitar el emprendimiento privado, va a tener que adelantársele nuevamente, y comenzar a producir iniciativas de mayor porte en el impulso de los procesos de creación de valor en lugares en los cuales, presumiblemente, existen mínimas ventajas comparativas a desarrollar. Eso no se puede ni debe hacer en el área agroindustrial por diversas razones. Pero pudiera ensayarse en la dimensión requerida en áreas como la electrónica, las tecnologías de la información o áreas de servicios que permanecen acotadas a los espacios de zonas francas.

Ello supondría, por ejemplo, la creación de Fondos invertidos en condiciones optimas de seguridad y rentabilidad fuera del país destinados a garantizar las inversión en emprendimientos públicos privados con proyectos calificables, capaces de comprar insumos inteligentes disponibles en el mundo, capaces de generar valor y empleo en esas áreas críticas del desarrollo moderno.

El financiamiento de estos Fondos pudiera proveerse con recursos fideicomisables extraídos del negocio agroindustrial con garantías de devolución a largo plazo en condiciones calificables. Esos Fondos se completarían con recursos provenientes de la cooperación internacional y pudieran estar abiertos a la participación privada incluyendo la utilización de certificados de inversión comercializables en las bolsas internacionales. Iniciativas de este tipo pudieran disponerse rápidamente apelando a los reglamentos de dos leyes que se escribirán entre febrero y marzo: los de la Ley 16.906, Ley de Inversiones, y la de Reforma Tributaria que promulgará el Poder Ejecutivo en las próximas horas. *