Tensión crecerá entre Argentina y Uruguay por aplicación de aranceles

El decreto de Vázquez de 17 artículos tiene como objetivo frenar importaciones desde las provincias argentinas de San Juan, Catamarca, La Rioja y San Luis.

En el decreto se cuestionan las llamadas Zonas de Promoción Industrial, «que distorsionan el comercio bilateral y con terceros países, impidiendo la constitución de un mercado ampliado y colocando a los productos nacionales en una posición desventajosa para competir».

Esto llevó a que se dispusiera que el Poder Ejecutivo «de oficio o a solicitud de los productores domésticos podrá fijar un arancel menor o igual a la Tasa Global Arancelaria a las importaciones originarias de la República Argentina», afectando las importaciones de productos químicos, alimenticios, de la vestimenta, textil, celulosa y papel.

En el decreto se entiende que «si bien el libre comercio ha sido consagrado en el Mercosur, existen otros compromisos asumidos en ese ámbito respecto de los cuales no se han registrado avances significativos».

Los impuestos sobre productos importados desde esas zonas ya existían, y se denominaban «derechos específicos», o sea gravámenes especiales.

Fueron implementados tras la devaluación en la República Argentina. El decreto respectivo se firmó durante la administración del presidente Jorge Batlle y cuando era ministro de Industria el actual senador nacionalista Sergio Abreu.

Esta medida fue resistida en su momento por el ministro de Economía de la época, Alberto Bensión.

Abreu dijo ayer a LA REPUBLICA que la medida del gobierno es la sustitución de los derechos específicos por un arancel. Si bien consideró positiva la defensa de la industria nacional (algo que él impulsó en su administración), también mencionó que los «estilos» de implementar las medidas son diferentes.

Consideró que no era positivo agregar «mayores situaciones de rispidez», y recordó que cuando él aplicó los derechos específicos, se explicó a Argentina por qué se realizaba esa medida.

En los ámbitos diplomáticos, lo que más preocupa es que el gobierno fija un «arancel».

Los «derechos específicos» eran algo similar, pero se entiende que dentro de la región el «arancel» es cero, ya que existe un arancel externo común, para los países integrantes del bloque.

Si bien Abreu sostiene que Uruguay debe defender su territorialidad e industrias, y Argentina está acostumbrada a no respetar las resoluciones del Mercosur, también dijo que había maneras de aplicar una medida cuando se trata de otro país, recordando que durante su gestión se tenía un diálogo más fluido con las autoridades argentinas. *