Importadores de "tragamonedas" ganan la pulseada al Ministerio de Economía y se declara su actividad como legal

Un negocio que mueve decenas de millones de dólares por año vuelve a estar en el centro de la atención pública. Desde casinos del Estado se aduce que las pérdidas del fisco son de varios millones de dólares por año por las máquinas tragamonedas, que a esta altura ya se pueden ver en cualquier local comercial de Montevideo, sin importar si es el centro de la ciudad o barrios periféricos. Lo recaudado por casinos del Estado es volcado directamente a la DGI.

Suman más de 50 las denuncias realizadas por Casinos en todo el país, aduciendo que esta actividad violenta un artículo del Código Penal que tipifica esta actividad como una falta. Sin embargo suman varias decenas las máquinas que por decisión judicial han vuelto a manos de sus propietarios en casos registrados en Montevideo, San José, Minas, Río Branco, Treinta y Tres, Castillos (Rocha), Chuy y Las Piedras, entre otras ciudades.

Pese a la contundencia de los dictámenes judiciales, la Dirección de Casinos ha insistido con la presentación de numerosas denuncias, por lo que la Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos (Aufoje) analiza la presentación de una denuncia penal contra las autoridades de esa repartición estatal por simulación de delito.

A los citados dictámenes han llegado los fiscales penales Dorita Abuchalja y Diego Pérez Echavarría, las vistas fiscales de Silvana Bello Suárez, Mérida Bonino Rodríguez, Raquel González Tornaría, y las sentencias de los jueces Juan Benítez Caorsi y Silvia Rodríguez Batista, entre otros.

Los últimos dictámenes fiscales de fecha 5 y 26 de octubre, expedidos por la fiscal adjunta penal de 10º Turno, Ana María Blanco, y por la doctora Alana Eccher, fiscal adjunta penal de 11º Turno, son «contundentes» tanto por el análisis jurídico como por su conclusión «respecto a la antijuricidad y falta de tipicidad en la conducta» de los miembros de Aufoje, «así como el reconocimiento de que se trata de una conducta atípica penalmente considerada».

En uno de los escritos presentado ante la Justicia para pedir la clausura de las actuaciones y el archivo de la denuncia, el representante de Aufoje sostuvo que el sustento jurídico de la Dirección de Casinos para solicitar la incautación y retiro de máquinas «es absolutamente inconstitucional e ilegal», recordando que esa repartición «no tiene el monopolio de la actividad de explotación de juegos de azar».

Se entiende que «la actividad de referencia no está prohibida por ninguna ley», y «por no existir la ilegalidad manifiesta, no corresponde que se siga con las incautaciones de máquinas electrónicas».

Considera que en esta actividad «sólo hay ausencia de reglamentación, no existe una regulación de la actividad, pero ello no quiere decir que sea ilegal o contraria a derecho».

En conclusión, «las máquinas electrónicas de azar y su explotación no es ilegal ni clandestina como quiere hacernos ver la Dirección de Casinos».

Se destaca además la «las incoherencias e incongruencias» del Estado.

Por un lado Aduanas (una dependecia del MEF) cobra los derechos de importación de las máquinas (lo que hace la actividad como legal), pero en cambio, para otra repartición del mismo Ministerio, la Dirección de Casinos, se estaría frente a una actividad ilícita y punible, criterio que no es compartido por la Justicia. *