La importancia económica del territorio: virtudes y restricciones de la nueva ley

Distintos actores involucrados en la temática vienen exponiendo las distintas visiones respecto a los temas de la economía en su traducción territorial, y en particular tomando posición respecto al proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial ingresada al Parlamento.

La jornada contó con la presencia del ministro de Vivienda, Mariano Arana, el subsecretario Jaime Igorra, parlamentarios, además de autoridades municipales, especialistas nacionales y extranjeros en la materia.

En la apertura del evento se soslayó la importancia del territorio como recurso económico y se remarcó la necesidad de considerar la realidad territorial de los fenómenos sociales y económicos. Entre los temas abordados destacaron la creciente segregación socio-territorial que afecta a la ciudad de Montevideo y su región metropolitana, así como las asimetrías existentes entre las diversas zonas del país. Común fue la referencia a la futura Ley de Ordenamiento Territorial, la que fue analizada como instrumento para el desarrollo y la ordenación de los usos sociales y las actividades económicas que sobre el territorio se realizan.

 

La visión del sector privado

Al respecto, el panel relativo a la inversión privada y el desarrollo en el territorio, contó con las exposiciones del arquitecto A. Cagnoli en representación de la Asociación de Promotores Privados del Uruguay, Roberto Pedragosa por la Cámara Inmobiliaria y Gregorio Aznárez en nombre de la Cámara de Industria.

Cagnoli reconoció la necesidad de una ley que regule las actividades que suceden en el territorio: «Sin duda es una carencia que ha producido fuertes distorsiones en el mercado del suelo urbano; nadie discute la necesidad de incluir la visión de todos los actores», por lo que felicitó a los impulsores de la ley. Sin embargo, marcó las discrepancias de su sector con algunos aspectos del actual proyecto, resaltando el hecho de que las leyes deben funcionar como incentivos. En este sentido señaló que su gremial está de acuerdo en que los beneficios de una intervención urbana no deben ser exclusivos para las empresas sino que deben favorecer también a la comunidad. ¿Pero dónde está el límite entre la promoción y la restricción a futuros emprendimientos? Para ello reclamó al regulador la cuotaparte de realismo necesaria para que las normas sirvan de incentivo a la inversión y no lo contrario. También considerando el proyecto en sus particularidades reseñó su crítica frente a otros aspectos del mismo, resaltando la voluntad de su sector de trabajar para incorporar nuevos aspectos a la iniciativa.

 

Fideicomiso con  fondos de las AFAPs

Por su parte Roberto Pedragosa de la Cámara Inmobiliaria, pidió dar mayor participación a la actividad privada en la planificación y en las inversiones que el Estado debe realizar para subsanar el enorme déficit habitacional que estimó en 100 mil unidades. Señalando la necesidad de legislar para dar celeridad a las ejecuciones de viviendas impagas de modo de agilizar su reingreso al mercado. También reclamó instrumentos de fomento e incentivo para las más de 40 mil viviendas que se encuentran deshabitadas y la creación de un fideicomiso con fondos de las AFAPs para impulsar la cadena constructiva, ya que todos consideraron como virtudes del sector el uso intensivo de mano de obra con distinto grado de calificación. Por último, Gregorio Aznárez de la Cámara de Industrias abogó por la necesidad de atraer mayor inversión externa directa. *