El gobierno presiona por una ley que no podrá aplicar en los tiempos disponibles

Esta ausencia de mayorías formales, conjuntamente con el infinito juego de la oposición interna, ha determinado una realidad que rompe los ojos: a dos meses de su vigencia programada, la reforma parece haber llegado a un primer texto único. No esta en condiciones de ser reglamentada en tiempo y forma ni cuenta con los sistemas básicos de provisión informativa capaces de asegurar su universalidad.

Tampoco cuenta, obviamente, con la base de mínima adhesión ciudadana, porque no hay campaña de educación o información ciudadana que logre remontar la acumulación de desgaste y confusión que ha generado esa estrategia de discusión «social» con la cual el gobierno ha pretendido sustituir la discusión legislativa de todos sus proyectos trascendentes. Aún es posible rever la estrategia y no empeñarse en arriesgar tanto.

A no ser que a alguien se le haya ocurrido que lo que importa en realidad es contar con la Ley y luego comunicar que el gobierno se tomará todo el tiempo que sea necesario para hacer lo que resta.

En el cronograma original esta reforma tenía un tiempo que ha transcurrido. La única aceptación oficial de esta evidencia es la solicitud al FMI de postergar la consideración de la quinta revisión del acuerdo para no exponerse a tener que dejar escrito en una nueva carta de intención que necesita una nueva dispensa.

El gobierno sabe que esta reforma no es aplicable a partir de enero de 2007. Y evita pensar en un aterrizaje en la arena política de 2008 metiendo a fórceps a ochocientos mil nuevos contribuyentes en una exprimidora de información, investigación y sanción que supone la nueva imposición al ingreso.

La experiencia reciente debería instar al Ejecutivo a salir a tiempo de las encerronas que naturalmente provoca un propósito sano de modificar estructuras funcionales con las propias bases de sustentación. El acto fallido del TLC es tan caro y reciente, como didácticas deberían ser sus consecuencias.

 

La situación actual

Ese proyecto (?) ha sido votado en general el viernes pasado en la comisión de hacienda de la Cámara de Diputados y existen ciertas posibilidades de que suceda lo mismo en el plenario el lunes y martes de la próxima semana.

No sabemos aún si el documento que ha sido votado en general es la suma integrada de las modificaciones formalmente introducidas por el Poder Ejecutivo en el envío realizado dos semanas atrás más una innumerable cantidad de modificaciones provistas desde la propia comisión sintetizadas por el documento «Brovetto» más plus agregados o, si en ese nuevo documento, mágico compendio de la infinita discusión, alguien ha logrado al fin, introducir, ese artículo que asegura la equidad y la justicia.

No lo sabemos ni creo que importe demasiado a esta altura de las cosas. Ese proyecto será discutido durante noviembre en el senado y si todo sale bien, el Poder Ejecutivo promulgará la nueva Ley sobre diciembre. Recién allí debería habilitarse la acción de reglamentación que en esta Ley en particular tiene una gravitación esencial.

Esa reglamentación será infinitamente compleja será seguida con atención y enfrentada como lo fue la Ley. El actual sistema está cruzado de todo tipo de cuasi tributos, transferencias e impuestos implícitos, cuya administración legitima funciones, zonas de poder, barreras de mercado, etcétera. Hay comisiones de enlace a nivel de DGI y BPS, en comunicación con el MEF y la Aduana haciendo algunas cosas al respecto. Pero es obvio que aún no hay nada parecido siquiera a un proyecto de reglamentación. Porque si lo hubiera  además de constituirse en una audacia del administrador- ya habría sido triturado por su pasaje continúo por el simulador de efectos sobre la vida real.

Es inimaginable que el flujo de información precisa que exige este sistema sea provista en condiciones de mínimas garantías en un tiempo razonable. El principio original de la Reforma en lo que refiere al impuesto a la renta personal ha dejado paso hace rato a una imposición de ingresos con fictos de gastos descontables.

La nominación de agentes de retención responsables ante la DGI y el BPS de descontar los aportes individuales y volcarlos al fisco simplifica lo imposible. Pero aún así, es inimaginable que los sistema de información de la previsión social soporten las exigencias mínimas que adquirirían a partir del primero de enero próximo. La DGI ha venido procesando su reformas desde hace ya dos años y cuenta con una base de información posiblemente habilitante. Cuenta por ejemplo con el listado de todos los gastos personales de los ciudadanos que reciben sus ingresos o pagan sus gastos con tarjetas de débito o crédito. El resto de las dependencias estatales están infinitamente lejos de poder vincular sus sistemas a la potencial capacidad que tiene el de la DGI.

 

Subestimación del ciudadano

Pero, sobre todas las cosas, lo que no es posible lograr es lo que ni siquiera se intento: la progresiva incorporación del individuo, sujeto transformado en objeto imponible y subestimado como factor esencial del éxito y fracaso en cualquier intento de reforma pero particularmente en esta.

El gobierno ha entendido que la representación ciudadana y sus canales de educación iban a ser provistos en esa estrategia de sustitución de la discusión legislativa por la discusión social.

Lo que se ha activado y educado han sido las corporaciones de malos empresarios, peores profesionales y trabajadores embarcados en batallas asociadas. El contribuyente ciudadano no ha sido objeto de atención por la elite de conducción de este proyecto en estos dieciséis meses. En cambio, ese ciudadano ha sido el destinatario del juego defensivo de los múltiples vértices del poder real. Ellos han utilizado bien la oportunidad de la Reforma para agregar la confusión que termina de bloquear otra de las grandes iniciativas originales de este gobierno. *