Reinstalar la ambición y el lugar republicano como activo supremo
Lo que no estamos pudiendo aceptar en cambio, es la otra discusión: la que propende a activar el único capital real que posee este país en tiempo de modernidad: su diferenciación republicana original.
Luego de diez años el país ha vuelto a su frontera agrícola y si no llueve demasiado en las próximas seis semanas, Uruguay tendrá un saldo exportable largamente superior a las cien mil toneladas, valuadas a doscientos dólares.
Con excepción del girasol afectado hace unos cuantos años por un problema sanitario, todos los rubros de la agricultura tienen una perspectiva excelente.
Los ingresos netos de la ganadería promedian los cuarenta dólares la hectárea, el doble de sus promedios en los últimos años. El panorama del arroz es ampliamente satisfactorio. El negocio forestal no presenta riesgos implícitos. Quizás las únicas incertidumbres se observen en la lechería, independientemente que tampoco allí nadie teme que los ingresos netos sean menores a los cien dólares la hectárea al término del presente ejercicio agrícola. El principal activo sectorial, la tierra, viene capitalizando en sus precios el notable aumento de la renta agraria. En diez años la valoración del capital agrario se ha duplicado.
Natural y aceptable
Sin renuencia alguna puede afirmarse que el país ha reinstalado su condición de país agroexportador suficiente sin que aparezcan en el horizonte riesgos elevados. En ese marco se discute el resto de los problemas.
Glosando la famosa premonición de Jorge Batlle en el inicio de su presidencia: ¡la vaca les gana! Uruguay exporta commodities y el valor agregado que sueña distribuir al mundo es naturaleza.
La inversión de la industria frigorífica más sofisticada apunta a producir y colocar en los apetentes mercados internacionales… churrascos como el que los uruguayos compramos en la carnicería de barrio. Vaca pura, que pasta en amplias praderas.
Novillo o buey, emblema nacional y medida de la ambición cultural dominante. Vivimos tranquilos con esa legitimación de nuestra capacidad de generar valor que los mercados nos están regalando. Esas son nuestras posibilidades y esos son, también, nuestros tiempos: los del ciclo de producción de la vaca y el novillo. Los mercados no sólo han legitimado nuestra aspiración nacional sino que han habilitado una manera de encarar la vida y la responsabilidad social de quienes continúan detentando el poder real en este país. Lo demás, necesariamente, es marginal.
El plan del cambio se confronta con esa brutal dominancia del poder, que ahora la izquierda reconoce, está instalado en una enorme cantidad de lugares sociales. Uruguay vive relativamente tranquilo imaginando que el actual estadio económico es el posible y que los tiempos en los cuales se genera el valor, el del novillo, son los correspondientes con las posibilidades. Los números avalan este pensamiento dominante. Sin cultura de riesgo, ¿quién puede discutir la «naturaleza de las cosas»?. Qué provocador osaría cuestionar el discurso oficial y las funcionales contrapartidas del discurso social. Hay tiempo, eso funciona.
La estabilidad, fin y condición de equidad…
Los números cierran bien con este nivel de demanda social sobre la perfomance nacional. En definitiva, debajo de las políticas, el país acepta tranquilizado el rédito del modelo de salida de la crisis de 2002.
Modelo que algunos compartimos como una salida de guerra, necesariamente temporal, capaz de impedir la disgregación social.
Uruguay no es Bolivia. Sin embargo el objetivo inmediato de aquella salida comprensiva ha devenido aspiración final. El plan implícitamente aceptado por todos aspira a no mucho más que lograr los excedentes necesarios para financiar la estabilidad y reinstalar al país en esa media amplia de países de seis mil devaluados dólares per cápita. La ilusión se completa con ir logrando niveles de inclusión que tranquilicen la conciencia y legitimen definitivamente el modelo. Si todo anda bien iremos sacando de la pobreza a unos cincuenta mil compatriotas por año y entre lo que queda de la actual administración y los cinco años de un nuevo período de gobierno podremos, al fin, satisfacernos en volver a contar con cuatrocientos mil pobres y noventa mil indigentes. Es lo que hay, dicen los chicos.
El activo más valioso
Sin embargo, este país aún tiene una fortaleza institucional relativamente importante para intentar activar desde ella la sana insatisfacción de los pobres si esta pudiera estar orientada, efectivamente, hacia otros objetivos que los de la mera satisfacción de la «sensibilidad social».
Esa invitación provocativa a ingresar en otro tipo de discusión sólo es aceptable si está precedida por las garantías constitucionales, las del contrato mayor. El intento de replantearse realmente cuál debería ser un Uruguay diferente no puede diluirse en ese juego de consulta perenne del poder que vincula al gobierno de turno y la sociedad civil traviesamente movilizada. Y ese es precisamente el juego peligroso que frecuenta el gobierno en la satisfacción de su propia tranquilidad.
El círculo vicioso de la reivindicación menor y la negociación parcial sólo puede alterarse desde la afirmación de esa fortaleza institucional mínima que cuenta este país: su ordenamiento republicano de gobierno. Hay tiempos para eso, además. Ese activo mil veces más valioso que el que pude generar la vaca; el republicanismo liberal, está demasiado amenazado por el poder de una representación social difusa del statuo quo.
A esta altura de las cosas el empeño de la inteligencia y la tolerancia ni siquiera deberían concentrarse en reformas estructurales incomprensibles para las grandes mayorías y demasiado degradas en sus esencias originales. El empeño y las urgencias deben concentrarse en reinstalar la República en toda la dimensión y condicionantes de sus normas y valores.
No vale concentrarse en activar el capital agrario: eso lo harán o no sus propietarios. Hay otro capital, otro activo de rentabilidad social extremadamente más valiosa y eso, nos da la impresión está hace demasiado fuera de la agenda y el cronograma de trabajo usual de los gobiernos, incluido el actual. *
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