Observando la DGI en el umbral de sus "tests" de fuerza

La primera evidencia es el curso del proceso de modernización que se viene desarrollando desde diciembre de 2003, tras firmarse un convenio con la Comunidad Europea (CE) para el financiamiento del «Proyecto de Modernización de la DGI». Se han encarado los cambios estructurales, organizativos, procedimientos y métodos de trabajo para posibilitar el cumplimiento eficaz y eficiente de la misión de la Institución. El proyecto firmado tiene un costo de 7,5 millones de euros, 5,5 millones financiados por la CE y el saldo (2 millones) por el gobierno uruguayo.

Al año 2006, se han visto algunos cambios significativos por la aplicación del proyecto, uno de ellos es el de «incompatibilidad» y «dedicación exclusiva» de sus funcionarios, del que resultó que muchos de sus funcionarios técnicos decidieran irse de la DGI a otra institución pública, debido a que se les prohibía realizar actividades privadas por estar consideradas incompatibles con el rol de fiscalizador que tiene la DGI.

Otro de los cambios significativos que se ha observado consiste en la informatización de los procesos. En esta dinámica de modernización, se ha atravesado por una reingeniería de gestión, de la que resultó la extensión del uso informático para la presentación de declaraciones juradas y otros servicios a través de internet, increíblemente postergado hasta el presente. La informatización de la información en medios magnéticos permite a la DGI realizar cruzamientos automáticos por sistemas y detectar cualquier tipo de irregularidad, y también permitirá realizar cruzamientos con otras instituciones vinculadas, como lo es el Banco de Previsión Social (BPS) y la Aduana.

 

La educación

En todo este marco, importa considerar el programa «Educación para la Ciudadanía Participativa y Responsable», mediante el cual se ha concurrido a diferentes escuelas públicas y privadas, con soporte didáctico para niños y niñas, intentando educarlos en valores que incorporan la responsabilidad tributaria de los ciudadanos en una sociedad de derecho. Hay un ostensible reposicionamiento público de la DGI a nivel institucional que procura aumentar el reconocimiento social del administrador tributario basado en la exposición de un elevado nivel técnico y de prestación de servicios de calidad, además de una relación de confianza y transparencia entre la DGI y los contribuyentes.

Pero este es un proceso largo, de base cultural y que exige el compromiso de la comunidad. En la administración comienzan a visualizarse cambios a nivel funcional con reconocimientos importantes en la calificación del trabajo. Esto es nuevo y comienza a ser apreciado.

Se observan casos de gerentes y jefaturas que hace muchos años que trabajan en la DGI y hace relativamente poco fueron ascendidos en virtud del reconocimiento de sus capacidades. Esta es una señal para otros funcionarios acostumbrados a otro tipo de calificación de su gestión y promoción.

Otras instituciones públicas han pasado por procesos de reingeniería, es el caso del BPS, que desde hace muchos años, ha mejorado notoriamente su gestión en la Asesoría Tributaria y de Recaudación (ATYR), es una lástima que no hayan cursado el mismo camino otras áreas de servicios del BPS, como el de las prestaciones, ¿será que no era la intención? Ahora adviene la reforma de la Aduana, la que complementará a las otras dos instituciones (BPS y DGI) el triángulo que provee la mayor parte de los ingresos para el presupuesto nacional; solo la DGI provee el 85%.

Existen más cosas que considerar de la administración tributaria por su actitud frente a la evasión de los grandes contribuyentes. Los casos recientes de «La Pasiva», la «Operación desplume», «Zona Francas», y otras, han demostrado que los grandes también pueden caer.

Hasta ahora, la evasión constatada era mayoritariamente de pequeñas y medianas empresas, por inspecciones «barridas» o por denuncias directas. Hace años que es conocido que en las Zona Franca existen muchas irregularidades, y también en la industria avícola, en la cual el margen que existía entre compra y venta de pollos no era el suficiente para pagar el IVA.

 

La delicada línea de la ruptura

Pero, de ahora en más, la pregunta se centra en la capacidad para administrar lo viejo y lo nuevo, conciliando la afirmación e imperio de la norma y la realidad.

La DGI deberá rendir su test de mayor impacto frente a la próxima reforma tributaria. Las estimaciones de nuevos contribuyentes activos rondan los 800.000. ¿La DGI estará en condiciones de controlarlos a todos?; ¿los contribuyentes serán ayudados a comprender su responsabilidad en los nuevos escenarios?

Queda demasiado y los desafíos serán crecientes, pero, para atrás, ¿qué pasa?

Como se señalaba en el caso del mercado avícola, donde la diferencia entre la compra y la venta no incluía el IVA, ¿se va a intentar cobrar la larga y amplia cuenta generada? Legalmente corresponde, pero esos contribuyentes no incurrieron en apropiación indebida, porque no la cobraron, pero sí estaban en infracción por incurrir en competencia desleal, aunque ninguno cobraba IVA, entonces, ¿qué se hará y cómo se explicará la solución? Alguna medida habrá que tomar aunque ello implique, quizás, la del «borrón y cuenta nueva». Además el Ministerio de Economía y el Banco Central deberán estar atentos a las implicancias que sobre el aumento de los precios tendrá el ordenamiento e incorporación a la formalidad fiscal de las empresas. Los nuevos márgenes no sostendrá los actuales precios. *