Nuevo catastro de la ciudad de Montevideo

El tratamiento de los temas territoriales en su contexto económico permite justamente observar cómo los procesos económicos se entrelazan con la dimensión concreta del lugar donde vivimos. La manifestación territorial de los procesos económicos sacan a la luz la exclusión y la fragmentación social que padece gran parte de nuestra población (en Montevideo dicha exclusión se estima en 11%), así se aleja lo económico de la disquisición pura, abandona la entelequia, toma forma y aterriza.

La ingeniera agrimensora Martha Siniacoff, directora del Servicio de Catastro y Avalúo de la Intendencia Municipal de Montevideo, especialista en Economía Urbana, adelanta algunas iniciativas de coordinación interinstitucional, tendientes a la generación de políticas centradas justamente, en la relación entre lo económico y lo territorial.

En la búsqueda de herramientas para revertir estos procesos se encuentran diversas agencias estatales.

La Intendencia Municipal de Montevideo, entre otras iniciativas, está desarrollando en convenio con la Dirección Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía, y con el Instituto Nacional de Estadística, la reactualización del Catastro. Esto supone el relevamiento, uno a uno, de los 420 mil inmuebles existentes en la ciudad de Montevideo.

«La realización de este Censo Inmobiliario no persigue fines meramente fiscales sino que lo que busca es hacer corresponder la información existente para la mejor aplicación de las políticas», señala la ingeniera Siniacoff».

«Consiste en elaborar una base única de valores inmuebles y de sus características físicas, tanto de terrenos como de construcciones, para diversos fines como la planificación territorial y para estrategias de inclusión social».

Es lo que se denomina «catastro mutifinalitario», y consiste en la generación de una herramienta, una base de datos actualizada para la toma de decisiones en diversos aspectos que trascienden el meramente fiscal.

 

Entre la ley y la realidad

«Existe una ley de 1960 que obliga a la Dirección Nacional de Catastro a reaforar los inmuebles cada tres años, lo que requiere una revisión a cada uno de los inmuebles, y de acuerdo con una ley de 1934, el valor real tributario es igual al 80% del valor de comercialización o de mercado».

«Eso dice la ley, pero no se aplica nunca. Lo que se hizo fue actualizarlos por coeficientes únicos decretados por el Poder Ejecutivo nacional que al no acompañar la dinámica inmobiliaria de las distintas plantas urbanas del país y al interior de cada ciudad, provocaron en mayor medida aún la desactualización de valores, señala la especialista.

 

Distorsión e injusticia

Entonces, con la aplicación sucesiva de coeficientes que muchas veces perseguían afanes de mayor recaudación, se desvirtúa ese concepto original que dice que el valor real, a los efectos de tributación, tiene que ser igual al 80% del valor de mercado. Entonces, esta distorsión hace que Carrasco esté al 30% del valor del mercado, mientras el Centro y la Ciudad Vieja están por encima del valor de mercado, una total injusticia tributaria.

 

Intento fallido

En 1991, la IMM intenta tomar para sí la tarea del reaforo, en convenio con la UdelaR y determinar el valor del mercado de los 420 mil inmuebles urbanos, trabaja un equipo de la IMM y de la Universidad, más de 400 personas en la calle, y se reaforan uno a uno todos los inmuebles de Montevideo, ¿y ahí qué pasa?

Hay una norma nacional por la cual con la firma de mil ciudadanos se puede interponer un recurso frente al Parlamento Nacional para derogar un acto emanado del gobierno departamental, la Cámara del Bien Raíz que nuclea a los más grandes propietarios, 100, 200 propiedades, toma para sí la responsabilidad de juntar las firmas.

En conclusión se deroga, y se vuelve a la base tributaria actual, o mejor dicho, anterior con su base totalmente desactualizada, y en esa base tributaria anterior es donde están establecidas las 3 zonas.

–¿Cuáles eran los criterios de la propuesta derogada; alguna zonificación?

 

–No, simplemente pagar de acuerdo al valor de la propiedad, el Presidente Tabaré Vázquez, siendo intendente, pretendía que pague más el que tenga más, no importa si la persona vivía en el Cerro en una bruta casa, que no sé si se da esa condición, tenía que pagar por el valor de la casa.

Además en el cálculo estaba incluido el hecho de que viviera en el Cerro, porque el factor de localización ya está ponderado.

–¿Hubo consideraciones técnicas para la derogación?

–Más que nada lo que se cuestionó fue la potestad del gobierno municipal de fijar valores por fuera del catastro nacional, cuando Maldonado lo venía haciendo desde mucho antes.

En la actualidad seguimos con la base tributaria vieja, aunque parcialmente porque en el año 2003 se edita un decreto de la Junta Departamental que dice que los valores serán determinados por la IMM, pudiendo ser indicativos los de catastro nacional, por lo que está permitido corregir muchas situaciones, no obstante ahora con la actualización, si va a tener una base tributaria única y homogénea para todo Montevideo.

Estamos trabajando para llegar a tener valores únicos, hay ahora otras condiciones políticas que permiten trabajar con catastro nacional.

El catastro tiene múltiples aspectos además de lo fiscal, además de lo físico, la forma, el año de construcción, el valor del plano de Montevideo, con toda la información que da el catastro, es un instrumento esencial tanto para la economía de la ciudad, como para el diseño de políticas económicas y sociales.

Tiene distintos aspectos, está lo que se llama catastro jurídico, que no existe en el Uruguay, es decir vos podés ir con un número de padrón y pedir en el registro de traslaciones que te den cuál es el propietario , pero no podés ir y ver cuántas propiedades tiene tal señor.

 

El futuro

Por ejemplo, en la política que está trabajando ahora la intendencia , vamos a partir de la base de que nosotros todos tenemos prejuicios respecto al habitante del asentamiento irregular, pero dentro de estos asentamientos hay policías, empleados, trabajadores públicos y una cantidad de gente que justamente en un mercado de alquileres tan rígido no consiguen garantía, no tienen contaduría, entonces lo que se está pensando son políticas de redensificación de áreas urbanas consolidadas, una vez que se tenga la base de los valores actualizada.