La fragilidad institucional del Estado expuesta en un episodio mayor

El potencial derivado de un contrato de accesos a largo plazo en el mercado más disputado del mundo había generado en los meses previos un conjunto de curiosas interrogantes para la tradicional conversación uruguaya. Ahora los cauces vuelven a la normalidad, y en pocas semanas, estaremos sumidos en los lugares comunes usuales. No podremos, por ejemplo, prender a nuestros debates las nuevas propuestas cepalinas expresadas con tanta propiedad y ambición por Osvaldo Rosales y el equipo del departamento de integración o por el propio Machinea. Leeremos esos textos y los nuevos, observaremos la experiencia de la reingeniería de la integración latinoamericana dinamizada por las nuevas redes de TLCs con el norte y Asía dinamizando un entretejido de TLCs horizontales que reviven el Mercado Común centroamericano y la Comunidad Andina.

En un mañana más o menos cercano, cuando Brasil decida participar en el juego, iremos de su mano al encuentro de esa realidad. Pero lo haremos ya desde otro status, de este que reasumimos a partir de la decisión del jueves pasado: el de la dependencia histórica al virreinato y el dominio lusitano.

Razones tendrá el Presidente para haber asumido la decisión de tamaña renuncia. Con todo, esa clausura de expectativas y el riesgo consecuente de quedar detrás de todos los que logran accesos en firme con los principales mercados y fuentes de IED, lo peor que ha sucedido dista mucho de las meras inconveniencias y riesgos comerciales.

 

La fragilidad institucional del Estado

Las variables que la renuncia a la negociación incorpora a la matriz de riesgo de este país son, esencialmente de orden institucional. Uruguay ha develado la fragilidad de sus instituciones.

La calidad del Estado es muy mala en las zonas que la Reforma de Estado insinuada apunta a mejorar: superposiciones, ineficiencia, inequidad, etcétera, etcétera. Pero la incapacidad demostrada por este Estado para afrontar opciones estratégicas es absoluta.

Y su solución no es materia de reformas administrativas. Esta institucionalidad no funciona. En un entorno de bloqueo y agresión externa e interna el Estado uruguayo no ha tenido la mínima capacidad de conciliar sus organismos especializados para conformar un staff capaz de conducir las batallas decisivas.

Este episodio del TLC es muy didáctico al respecto. Ha sido prácticamente imposible hacer funcionar los ya escasos equipos especializados en comercio exterior, porque sus diferentes segmentos dependen de jefes que no tienen entre si más que una pertenencia extraña a un Consejo de Ministros cuya misión y rutinas son cada vez más opacas. En este período fermental de agresiones y promesas, externas e internas, ningún vértice ejecutivo del Estado, comprendiendo en esto a la Universidad de la República ha sido capaz de elaborar un documento mínimamente pretencioso en la conformación de esa nueva teoría de la soberanía que necesitamos como el agua. Hay en cambio abundantes informes que simulan todas las incomodidades presuntas del cangrejo de río en condiciones de riesgo ambiental o hay varias «precauciones» sobre el riesgo del arrebato de los tesoros nacionales en la aproximación al demonio yankee.

Todo es fragmentario, menor, carente de independencia y visión comprehensiva de los problemas en sus contextos. Nada aparece por ningún lado en referencia a otros problemas complejos como aquellos que tienen que ver con la gobernabilidad, el valor de la institucionalidad formal del Estado, ni tampoco ningún paper ha aparecido sobre una mesa ancha capaz de convocar a la inteligencia nacional a discutir los nuevos temas de las políticas de estado.

El Estado aparece satisfecho con cobrar impuestos, reactivar a la «sociedad civil», distribuir compensaciones y anticipar todos y cada uno de los cambios que se sucederán en los ideales escenarios que alguien nos regalará en el futuro. Este episodio finiqueteado del TLC nos ha confirmado la terrible sospecha de la vulnerabilidad presidencial. Independientemente de que sea Batlle o Vázquez el presidente de turno, el titular del Poder Ejecutivo no tiene mucha más capacidad que la de laudar con más o menos «realismo político» las contradicciones crecientes de una sociedad negadora de su propia sobrexposición al riesgo.

 

Las indisciplinas propias

No nos animamos a utilizar la última oportunidad de poder evitar la confrontación a futuro con el peor proteccionismo yankee, del cuyas características también se ha olvidado la academia, y que sufriremos a partir de fines del próximo año en todo su esplendor.

Evitamos la discusión que todo contrato trascendente propone porque no nos animamos a enfrentar nuestras propias indisciplinas.

El TLC con los EEUU negociado en tiempo y con esa endurance que esta sociedad y su gobierno ha demostrado no poseer, nos hubiera ayudado mucho a entender cuanto les importa a los pobres la existencia de buenos contratos.

De ahora en más ingresamos en los ritmos estivales usuales en estas latitudes. Volveremos a rogar apoyos de socios de menor rango institucional aún que los nuestros para apapacharnos sin afectos en una región que nos bloquea cualquier aspiración soberana. Y mientras tanto, unos rezaran y otros cruzaran los dedos para que nada altere el entorno que disfruta este país, sobrecogido íntimamente en la intuición del costo de su nueva renuncia. *