Existe acuerdo para privilegiar producción de mano de obra nacional

La Rendición de Cuentas será seguramente aprobada el miércoles próximo en la Cámara de Representantes.

Según fuentes de la Vertiente Artiguista, consultadas por LA REPUBLICA, afirmaron que la reunión fue muy positiva, y destacaron el buen acuerdo conseguido, y fundamentalmente sobre el artículo 119 de la Rendición, que refiere a: «Las contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras públicas, de las entidades del Estado».

El artículo, como estaba redactado hasta ayer, habilitaba al Estado a «otorgar prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) según las definiciones de las mismas establecidas en los decretos 54/92 y 266/95″.

A partir de esta reunión, se sustituyó la opción para otorgar prioridad a las Pymes, y pasó a ser un artículo perceptivo para el Estado, es decir que será obligatorio para las empresas públicas y organismos del Estado, la adquisición de los bienes y servicios de Pymes que cumplan con determinados requisitos.

Según establecía el artículo hasta ayer, las condiciones que debían cumplir las Pymes era que el 40% del valor agregado en el producto fuera nacional.

Y que la diferencia de precio con otras ofertas no fuese superior al 20%. Del acuerdo de la víspera, se destacó a su vez el ajuste sobre la diferencia del precio, el que se permite que sea mayor. Al mismo tiempo que se redujo el porcentaje de valor agregado nacional que deben incluir los productos de 40% a 30%. La explicación fundamental de esta modificación es que abarcará a muchas más empresas de este tipo, mientras que de la otra forma, solo quedarían incluidos los servicios.

Por otra parte se pretende extender dicha obligatoriedad a los gobiernos departamentales, pero para ello se necesitan dos tercios de los votos en la cámara, por lo que se han iniciado conversaciones con diferentes sectores del Partido Nacional para conseguir estos votos.

También se acordó un incremento de 9 millones de pesos para la Universidad de la República (Udelar). En el mensaje original que había enviado la Udelar al Parlamento, en su artículo 2, solicitaba una partida extra de 37 millones de pesos para los funcionarios no docentes, según fuentes oficialistas, este era un compromiso que se tenía con la Universidad y específicamente con los funcionarios no docentes, y se dijo que esto no alcanza pero por lo menos nos acercamos.

A este respecto se encomendará al Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme) la coordinación de las acciones en la materia, tal cual lo indica la Ley 16.170, del 28 de diciembre de 1990.

Cabe recordar y hacer mención que este es uno de los aspectos sensibles a la hora de la negociación de cualquiera de los acuerdos de libre comercio que el país intenta llevar adelante. De este modo se garantiza a las pequeñas y medianas empresas un acceso privilegiado al importante segmento de mercado que representan las compras del Estado, en aras de resguardar este engranaje del aparato productivo, contemplando así las inquietudes que venían siendo formuladas por el sector, que tiene entre otras virtudes, el de ocupar la mayor proporción de mano de obra y ser ámbitos propicios para la innovación y el desarrollo. *