Denuncian irregularidades en el Movimiento de Juventud Agraria

En una asamblea extraordinaria realizada el sábado 16 de setiembre, los miembros opositores al grupo de Berto Sosa (edil del sector del intendente Juan Chiruchi en San José) no pudieron ingresar a la reunión debido a una fuerte custodia policial del servicio 222 contratado especialmente por el presidente de la institución e incluso se realizó un «cacheo» buscando armas entre los concurrentes.

La Juventud Agraria es una asociación civil financiada con fondos del Ministerio de Economía y Finanzas y cuyo propósito es contribuir a la mejora de los jóvenes rurales que están radicados en nuestra campaña.

«El presidente está intentando disolver el consejo, en su mayoría integrado por socios contrarios a sus métodos de conducción, luego de aprobada la instrumentación de medidas internas con el fin de esclarecer ciertas irregularidades institucionales y que por lo tanto podrían afectar el buen relacionamiento», explicó el secretario general de la organización, Diego Martínez, en una entrevista con LA REPUBLICA.

Según Martínez, al no ser aprobada la auditoría por Sosa, «hacen que éste convoque a una asamblea general extraordinaria para el sábado 16 en la sede central ubicada en Presidente Batlle 2727 en la ciudad de Montevideo. En la misma los jóvenes rurales, docentes del medio rural, Asociaciones de Clubes Agrarios y Clubes Agrarios del país, en su calidad de socios de pleno derecho de acuerdo a los Estatutos no fueron admitidos a la Asamblea». Esto se vio agravado por la presencia policial en la zona y el cacheo de armas por parte de efectivos policiales.

Para el secretario general de la institución «esta medida por demás extraordinaría, junto a la imposibilidad de que la mayoría de los socios participe democráticamente en la Asamblea, genera un malestar social de todos aquellos representantes de jóvenes rurales. Es por eso que se expresa a través de este medio la disconformidad e irregularidad de los métodos adoptados en dicha convocatoria».

Martínez dijo que la estrategia del presidente «es reflotar un reglamento de 1998 para descalificar a los jóvenes en su calidad de socios» y explicó que «éstos al perder su calidad de socios, también pierden su calidad de dirigentes y continúan en los cargos los consejeros fieles a Berto Sosa». «Este hombre, termina en los hechos, haciendo una convocatoria a la asamblea general extraordinaria con el fin de disolver esta situación y oficializar todas estas irregularidades estatutarias».

Irregularidades constatadas

El dirigente consideró que las irregularidades denunciadas «fueron constatadas desde hace mucho tiempo» y sostuvo que «debido a esa situación se impulsó la creación de una auditoría externa para esclarecer las cosas, cuyo funcionamiento fue rechazado y sustituido por una auditoría integrada con personas de su confianza».

En ese sentido, dijo que en la última reunión del consejo el 28 de agosto, un grupo de consejeros «planteamos al actual presidente nuestra preocupación por las irregularidades. En todo esto hay como una conjunción de interés privado con el interés institucional y este señor, que tiene una forma autoritaria en todos sus procedimientos».

El secretario general dijo que se intentó instrumentar una comisión investigadora con el objetivo de esclarecer las irregularidades constatadas, «pero el presidente rechazó las actuaciones de la persona elegida y mandató a un conjunto de personas afines a su grupo para realizar el trabajo».

«Berto Sosa se está negando a la investigación que nosotros le proponemos y permanentemente toma medidas de corte autoritario», dijo Martinez que el sábado concurrió a la asamblea pero no pudo ingresar.