Ingresó al Parlamento el proyecto de ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible

Por medio de esta ley se generarán los instrumentos jurídicos y institucionales que permitan atender los desajustes existentes en el mercado de la tierra y dotar a los gobiernos de herramientas para la gestión del recurso.

De este modo se podrá actuar frente a los intereses especulativos de algunos actores del mercado inmobiliario y garantizar los derechos colectivos e individuales respecto a un bien tan indispensable y peculiar, como lo es la tierra, el suelo, el territorio o el nombre que se le otorgue al lugar donde se vive.

Instrumento normativo para la descentralización.

A través de esta ley los gobiernos departamentales tendrán efectiva competencia en materia territorial, pudiendo legislar y planificar de acuerdo a sus criterios y necesidades de desarrollo local y regional. Quedando habilitados para la creación de regiones y figuras territoriales interdepartamentales, como piezas estratégicas para el desarrollo local y el mejoramiento de los procesos de gestión de los mismos. Dotándolos a su vez de recursos propios, a través de un gravamen más equitativo del recurso suelo

 

Lo territorial como eje de las políticas

Poniendo el foco sobre el territorio se podrán armonizar los distintos esfuerzos públicos sectoriales evitando la superposición de funciones y ganando en eficiencia y cobertura. Para el sector privado se favorecerá un sistema de reglas claras para la inversión y la posibilidad expresa de la creación de empresas de economía mixta para el desarrollo local y territorial.

 

Superando viejos tics

La cultura predominante en materia de políticas públicas se rigió, hasta hace muy poco, por criterios que en el mejor de los casos pecaban de sectoriales, cuando no caían presas de motivaciones que escapaban a la evaluación objetiva. Cooptadas muchas veces por intereses corporativos o por la demanda emanada de distintos grupos de presión. Las políticas públicas acompañaron dichos espasmos de la demanda, sin un análisis sistematizado basado en la información y en el conocimiento.

La dimensión territorial abre entonces la posibilidad de avanzar hacia la integralidad de las políticas públicas teniendo como eje el territorio. Colocando al ciudadano en su justo lugar, como sujeto de derechos (y obviamente de obligaciones) por el simple hecho de vivir en determinado territorio. Porque aterrizar (en su acepción mas literal) los conceptos de ciudadanía, de ciudadano, sus derechos, sus beneficios y las obligaciones con su comunidad, deben dejar de ser floreadas entelequias para adscribirse físicamente a un territorio. De esa relación con el territorio es de la cual emergen, nada mas ni nada menos, atributos tales como la identidad, el sentido de pertenencia y las mínimas y necesarias referencias que un ser gregario requiere para un desarrollo pleno.

Desde la caída del viejo modelo keynesiano- batllista, la estrategia -cuasi tartamuda- ha sido la des-regulación en aras de la lógica rectora del mercado. Esa pulsión demasiado acostumbrada a emular, sin un análisis circunscripto en la realidad que nos toca vivir, llevo dichos «tics», hacia extremos tales de desregular actividades y sectores en pro de un mercado que ni siquiera existía como tal, o que, en el mejor de los casos era rápidamente monopolizado, dada nuestra diminuta escala y la ausencia total de reglas de mercado claras.

 

Un nuevo formato: más mercado y más Estado

Ejemplo tan literal como preocupante es lo ocurrido en la ciudad de Montevideo y otras ciudades del país (ver mapa), en relación a la multiplicación de asentamientos irregulares y los tristemente célebres «cantegriles» que en progresión geométrica han territorializado la exclusión, la fragmentación social y la pobreza. Procesos de segmentación social que han alcanzado en estos años a vastos sectores de nuestra sociedad.

Hoy en día, viven en condiciones irregulares mas del 10%, y algunas estimaciones auguran que, de seguir así, llegarían a vivir en la «ciudad informal» el 25% de los montevideanos. Recordemos que las tasas mas altas de natalidad se dan justamente en los sectores mas vulnerables de la sociedad, y dentro de éstos, muchos migrantes del interior del país.

Medidas como la desregulación del mercado de alquileres en los años 80, sin una justa ponderación de los efectos sociales, y la fáctica aceptación de la expansión y extensión de la ciudad, a través de la urbanización de la periferia, han contribuido a la consolidación de procesos socioterritoriales de exclusión, marginalidad y la emergencia de nuevos patrones culturales.

Esta situación se complementa paradójicamente con el vaciamiento de las áreas centrales de la ciudad. La imposibilidad de solventar el costo del alquiler, expulsó a muchos fuera de dichas áreas. Paralelamente, aquellos afortunados que podían participar del mercado inmobiliario, decidieron ir tras el sueño de habitar la primera franja frente a la costa, sin ponderar muchas veces el factor distancia y los rudimentarios medios de locomoción existentes. Tras estos movimientos expansivos hacia zonas carentes de toda infraestructura urbana, las demandas por la misma, presionan por la extensión de las redes, ya sea de saneamiento, de electricidad, agua, transporte, salud, «seguridad» y así ad infinitum, trasladando los costos de dicha operación al erario público, o sea a nosotros mismos, con recursos siempre escasos.

 

Políticas activas

Una legislación de Ordenamiento Territorial que suponga la toma de medidas de política activa respecto a estos procesos, netamente tercermundistas, viene siendo largamente esperada.

Y puede ser una grandiosa oportunidad para que, además de focalizar en las consecuencias, comencemos a pensar y actuar sobre las causas de los procesos de modo de poder anticiparnos, al menos a los efectos más perniciosos, e intentar evitar hacer las cosas guiados por las modas intelectuales o ideológicas de turno.

Ya están en marcha varios proyectos de inclusión en clave territorial, ya están germinando políticas sociales de sutura integral del tejido social, para ello tenemos una larga tradición de integración social forjada en las cercanías. Esta ley de Ordenamiento Territorial, es un instrumento para trasladar la inclusión social del ámbito declarativo y bien intencionado, a la dimensión más física, material y real: el territorio. *