Es el tiempo de rodear al gobierno de la confianza ciudadana y preparar la discusión legislativa del eventual acuerdo

Afortunadamente las discusiones menores han sido relativamente procesadas; ya nadie discute, por ejemplo, el valor de la estabilidad. Este país ya no tiene excusas para discutir cuáles son los cambios posibles y convenientes.

Esa discusión es, en tanto, de una calidad mayor y mayor es también la confusión sobre los contenidos y las formas de cada propuesta de cambio estructural. Este tema del TLC con los EEUU subvierte realmente el esquema usual del relacionamiento comercial del país y tiene, obviamente, una extensión a las disciplinas y escenarios sobre los cuales se hará en el futuro muchas cosas en este país.

Nadie ignora, sepa o no de que se trata un TLC, que este tipo de contratos a largo plazo mejoran dramáticamente el comercio y los estímulos a la inversión, eliminando incertidumbres que pesan en demasía sobre cualquier proyecto de desarrollo ambicioso.

En consecuencia, cualquiera puede intuir que este tipo de contratos implican compromisos fuertes y relativamente irrevocables. ¿Cómo se podrían de otra manera lograr seguridades sobre las cuales desarrollar el comercio, la inversión, el intercambio y la innovación tecnológica que acompaña naturalmente ese aumento del comercio, sin contratos fuertes, con permanencia en el tiempo y tribunales capaces de hacer cumplir sus laudos?

El mundo ya no sueña con la libertad de comercio irrestricta y planetaria, asumida concientemente y en un tiempo razonable.

La ambición del comercio libre irá de la mano del perfeccionamiento de los contratos de la libertad y la tolerancia que suscriba la humanidad en sus propios tiempos.

El bilateralismo a nivel de países y bloques es la vía del acceso y la estabilidad en las relaciones comerciales. Y afrontar este desafío supone para el gobierno uruguayo una obligación que ha asumido con convicción aceptando todo el riesgo que supone, efectivamente, liderar el cambio.

 

Una discusión diferente

Naturalmente esa decisión, como cualquiera de las otras reformas de la modernización de relaciones de producción que está proponiendo este gobierno en el área de la competencia, el consumo o la de la propia conformación del Estado comenzando por la precisión de la autonomía del Banco Central, generan disidencias más fuertes entre los ciudadanos que aquellas a las cuales estábamos acostumbrados a dirimir hasta ahora.

El problema es que frente a tamaña proposición de los cambios propuestos en esta emergencia, incluyendo el tributario como uno de los menores, los uruguayos revisamos viejas convicciones y, con ellas, comenzamos a revisar también nuestras viejas pertenencias gregarias. Intuimos que ya no nos alcanzan las seguridades de las pertenencias que habíamos adquirido para defendernos de la inflación o de la dictadura  fórmulas diferentes para lograr la voluntad de los poderosos.

Sentimos la cercanía de un juego de encuentros y desencuentros de orden diferente, esencialmente ofensivo e inteligente. Ahora pudiéramos aspirar a confrontarnos con nosotros mismos pero en una discusión de otra naturaleza. Es natural en tanto que propuesta este tipo de discusión de magnitud mayor y calidad diferente, nos confundamos tanto en materia de contenidos como de formas de procesarla. Y esto no es gratuito. Los contenidos de los cambios están subordinados a calidad de las formas que adquiera esa discusión mayor.

La aceptación de las fórmulas constitucionales para discutir temas extremadamente complejos como los que contiene cualquiera de los cambios amenaza constituirse es una interrogante sin respuestas claras. Las formas en las cuales ha comenzado la discusión del TLC con los EEUU son tan malas como las que están comprometiendo todo el programa de las reformas y ¿por qué no decirlo?, han comenzado a comprometer la propia sustentabilidad del gobierno de la izquierda.

 

La distracción subversiva

Es entendible que los temores del cambio activen todas las fórmulas defensivas que hemos ido incorporando los uruguayos en los últimos cincuenta años. No es aceptable en cambio que no utilicemos las fortalezas de las normas constitucionales para dirimir en discusiones inteligentes las oportunidades y las amenazas de todo cambio en serio.

En lo que refiere al TLC con los EEUU, el gobierno está siendo distraído de sus obligaciones principales por la subversión de las normas previstas por la Constitución para resolver problemas complejos.

Se le propone una discusión social elusiva de sus cometidos e incomprensibles para el ciudadano. Un acuerdo comercial mayor en las condiciones actuales sólo puede lograrse en los marcos de un TLC formal.

Ese contrato tiene contenidos que pueden ser bueno, malos o mediocres. Ese contrato pude ser negociado con fuerza y pericia o puede ser de adhesión. Puede o no ser un marco hábil para desarrollar políticas activas; puede o no preservarnos del riesgo de quedar afuera de la competencia por los principales mercados del mundo. Todo puede ser, a condición de una sola cosa: que el gobierno pueda negociar con expresa legitimación de su rol, durante ciento veinte días, lo esencial de ese contrato al que aspira en un momento especialmente oportuno para hacerlo. El gobierno no puede equivocarse asumiendo la discusión social que se le propone. Debe concentrarse en esa negociación rodeando a sus negociadores de una dispensa social temporal. El ejecutivo no puede negociar con las «fuerzas vivas» absolutamente nada de lo que esencialmente le compete y de lo cual es, absolutamente responsable. Y alguien más debe contribuir a tranquilizar a la ciudadanía enterándola que la Constitución ha previsto soluciones hábiles para este tipo de confrontaciones mayores. Los uruguayos debemos aspirar a que el presidente Vázquez pueda firmar con el presidente Bush el mejor acuerdo posible para que el 15 de diciembre próximo ingrese al menos en el Congreso norteamericano expuesto a las facilidades del fast track el proyecto firmado por los presidentes.

Luego de ello, los representantes de los ciudadanos norteamericanos verán si el acuerdo firmado por su presidente es funcional con los intereses de los ciudadanos. Eso nos va a preocupar y habrá allí que hacer algunas cosas.

Pero los uruguayos debemos saber que tenemos todo el tiempo que necesitemos para discutir el proyecto que legitima y transforma Ley aquel acuerdo. Recién entonces, los ciudadanos podremos enfrentarnos a la conveniencia o no de avalar con los votos de nuestros representantes ese contrato que se nos propone. Entonces habrá Ley o no, y recién allí, en el caso que la Ley avale e internalice ese contrato deberemos pensar en si es necesario generar una instancia de discusión aún mayor y ella si definitiva: la de un eventual plebiscito de esa Ley.

Precipitar una discusión ex antes no tiene sentido alguno. Al menos a los efectos del contrato en si. Es, simplemente, subvertir los mecanismos constitucionales sobre los cuales y sólo sobre los cuales es posible entendernos. La vía alternativa será muy graciosas y rentable para algunos pero es preciso saber que ella tiene connotaciones que lindan con la subversión del contrato mayor, el constitucional. De hecho, hasta el discurso de Punta Cala, dos semanas atrás, la decisión presidencial de asumir el riesgo político interno de negociar un TLC con los EEUU había colocado al Ejecutivo y sus equipos en una semiclandestinidad muy peligrosa. *