Quienes tengan y vendan deuda pública deberán pagar el impuesto a la renta

Así lo señaló una delegación de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) ante la Comisión de Hacienda de Diputados, la cual estuvo integrada por su presidente, Angel Urraburu, y los asesores Gabriel Oddone y Gonzalo Lucas.

Esta institución había concurrido en varias ocasiones al Parlamento, en especial en 1989 durante el tratamiento de la ley de sociedades comerciales y en 1996, por la ley sobre mercado de valores.

Sobre esta última ley, Urraburu dijo que después de diez años de aprobada, «entendemos importante el desarrollo que generó aquel tratamiento tributario, que no era privilegiado respecto a otro sistema de financiación de las empresas; simplemente se equiparó el tratamiento fiscal de los intereses que pagaban las empresas que emitían obligaciones negociables a los que se pagaban al sistema bancario».

Esa ley llevó a que hasta 1999 se emitieron más de U$S 300 millones en obligaciones negociables, mercado que hoy día está casi paralizado en su totalidad, en especial tras la caída de la empresa Moro. No obstante otras empresas como Fanapel, Zonamérica, Isusa y Conaprole, siguieron con este tipo de emisiones, las que a criterio de Urraburu «son mucho más sólidas, y generaron y están generando en el mercado una confiabilidad mucho mayor que la que se produjo en el boom. A veces los boom tienen eso: aparece el entusiasmo y se termina colocando cosas que no debieron haberse colocado».

 

Los caminos de la reforma

Si bien por la reforma tributaria, la BVM pasará a pagar mucho más en adicionales en impuestos, pero la institución decidió dejar este tema de lado, porque el tema central es cómo la reforma terminará afectando el mercado de valores.

La Bolsa de Valores de Montevideo es la más antigua del continente. Fue fundada en 1867, y a pesar de esto es una de las que tiene menos actividad al día de hoy.

Uno de los temas centrales en la discusión de la reforma es que la misma sostiene que los intereses devengados por deuda pública no pagarán impuestos y sí aquellos que generen los papeles privados.

En un comienzo era de 10%, pero hubo negociaciones que lograron cierta equiparación.

«No se llegó a la equiparación total, pero la sensibilización que tuvo el Poder Ejecutivo se refleja en el proyecto porque se establece que el impuesto que van a pagar los tenedores de obligaciones negociables será del 3%, asimilándolo a los depósitos en pesos y en unidades indexadas a largo plazo, siempre y cuando las emisiones sean realizadas a más de tres años de plazo y con cotización bursátil», reveló Urraburu.

Ahora el problema se centra en la otra parte: no en quién presta sino en quién recibe.

 

Lo que pagan las empresas

Los artículos 19 y 20 del proyecto de RT, establecen que la empresa emisora de los títulos de deuda, a la hora de liquidar el impuesto a la renta de la empresa, no podría deducir más que el 12% de los intereses que efectivamente pagan por las obligaciones negociables. Este 12% surge del coeficiente entre el 3% que paga el tenedor de las obligaciones y el 25% que pagaría la empresa a la hora de liquidar el impuesto a la renta.

Esto lleva a que se esté dando una marcha atrás sustancial a la hora del tratamiento de las obligaciones negociables con respecto a la situación que surge de la Ley del Mercado de Valores de 1996, y que generó ese ímpetu en la emisión de esas obligaciones negociables, sostiene el presidente de la BVM.

Si bien puede deducir en ON sólo un porcentaje de los intereses que paga, en el caso de que la empresa pida un préstamo en un banco, la deducción de intereses es total.

Para ejemplificar la situación, Urraburu relató a los legisladores que se revivió en la Bolsa a la empresa que está gestionando el aeropuerto de la ciudad de Montevideo, la cual está interesada en hacer una emisión importante de títulos de deuda.

«Se habló de una cifra que oscila entre los U$S 80 millones y U$S 100 millones para refaccionar y rearmar totalmente el aeropuerto. La empresa nos manifestó que el proyecto había sido resuelto, que también se había decidido emitir obligaciones con un fideicomiso de garantía basado en la recaudación de las tasas de embarque, que haría muy seguro y muy interesante el instrumento, pero que el proyecto de la emisión estaba absolutamente «stand by» y estaban empezando a buscar financiamiento en el exterior».

Esto debido a que consideran más conveniente pedir un préstamo que emitir ON, precisamente por la deducción de los intereses.

Algo similar sucede con los fideicomisos financieros. El proyecto de RT habla de «títulos privados», por lo cual pueden ser ON o fideicomisos.

Es por eso que la emisión de fideicomisos también se vería afectada, a entender de la BVM.

 

Otro problema

Otro tema no menor y que podría ser muy importante en el mercado de valores, es que la venta de títulos de deuda no está específicamente exonerado del IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas).

Si bien se exonera del impuesto los intereses que se perciben por los títulos de deuda pública, no es así cuando se venden los mismos.

Urraburu sostiene que esto no cree que haya sido hecho ex profeso, sino que es un detalle que se ha pasado.

Pero de mantenerse «la alteración de las reglas de juego de los actuales tenedores de deuda pública no sería una buena señal y la posible creación de un mercado paralelo de venta de títulos públicos que no sea oficial, que no sea transparente, que no sea cristalino, sería la consecuencia casi ineludible, como sucede en algunos otros países».

Algo similar sucede con los títulos de deuda privada, castigados para el vendedor con el 10% del IRPF.

Tras la exposición, los legisladores estuvieron de acuerdo con revisar los planteos efectuados por la Bolsa de Valores de Montevideo. *