La Vertiente Artiguista exigiría explicitar los plazos para mejorar la reforma tributaria

–¿Cuáles son las principales modificaciones que sufrió el proyecto original de reforma tributaria con el actual que está manejando Brovetto?

 

–Nosotros estamos trabajando básicamente sobre ese nuevo documento en el que se consideran algunas de las modificaciones que propusimos con la bancada de legisladores del frente. En este sentido nuestra preocupación central tenía que ver con la tributación de los jubilados y los sectores asalariados. En la propuesta que estamos considerando, las modificaciones, fundamentalmente en el área de los jubilados son valoradas como muy positivas, y creemos que apuntan a atender la demanda del impacto social que visualizábamos que podían tener los sectores medios y medio-bajos de sectores pasivos. En el área de los asalariados, existe la propuesta vinculada a deducciones que parece que mejora, pero no nos termina de satisfacer en este aspecto. Pensamos que alguna de estas cuestiones, en caso de no encontrarse el financiamiento, deberían quedar establecidas específicamente en el articulado, que en un plazo y dependiendo de la evolución de la economía, debería asociarse a la reforma y establecerse plazos concretos para la ampliación de la segunda franja, y eventualmente la incorporación de nuevas deducciones que permitan lentamente seguir en este proceso de introducción de equidad al interior de la reforma buscando fundamentalmente que los sectores de bajos ingresos dejen de tributar o paguen menos. Esto nos parece que es un mecanismo que da gradualidad a las modificaciones que planteamos y puede constituirse un elemento sobre el cual se puede seguir trabajando a fin de alcanzar un acuerdo y avanzar en la aprobación de la reforma tributaria.

 

–¿Qué medidas concretas proponen para que el precio de los alquileres no se incremente por la aplicación de la nueva reforma?

 

–Nosotros estamos proponiendo que la renta generada por los alquileres comience a tributar a partir de las 48 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) anuales, unos $5.600 por mes. Razón por la cual, de incluirse esta modificación, estos alquileres no recibirían ningún tipo de impacto. Teníamos allí una preocupación compartida (por la bancada del Frente), en el sentido de que deben incorporarse a esta medida otras medidas, como el tema de la reaparición del BHU como institución que financie la compra de vivienda usada, reciclajes y eventualmente otras modalidades, a los efectos de flexibilizar el mercado de vivienda, que es un mercado que está muy cerrado, más lo que viene llevando adelante el Ministerio de Vivienda, de forma tal que vía exoneración por un lado, vía aumento de la oferta por otro, se descomprima el mercado de alquileres tendiendo a la baja. Este es uno de los elementos que nos preocupa, además es claro que ha existido un incremento importante de los alquileres y que sin embargo no ha sido acompañado del incremento del precio de la propiedades, por lo que la percepción que tenemos es que un sector de la población que estaría en condiciones de afrontar un préstamo hipotecario, se ha volcado a pagar un alquiler porque no encuentra el finaciamiento en el sistema financiero.

 

–¿Está acordado que la rebaja del impuesto al patrimonio sea progresiva?

 

–Allí hay una propuesta de mantener las actuales franjas vigentes y otra de realizar un proceso de caída progresiva. Nosotros creemos que en esto debemos buscar una fórmula intermedia, donde se mantengan las tasas actuales y se atenúe el proceso de caída, en el entendido de que aquí no se configura un fenómeno de doble tributación porque en realidad el patrimonio que ahora se está gravando fue producido por rentas que no fueron gravadas en el pasado, por lo tanto hay que pensar en el largo plazo, algo así como 15 o 20 años, y en tanto mantener las actuales franjas con una lenta caída que las vaya eliminando en un proceso largo. Sobre esto hay una aproximación también, pero consideramos que hay que hacer un ajuste final para alcanzar algún consenso.

 

–¿Cómo quedaría el Impuesto a la Renta de Actividad Empresarial (IRAE), en 25% o 30%?

 

–Esto se está discutiendo sobre la base de dos fórmulas. La primera es el hecho de que esta reducción fuera gradual en el tiempo y se acompasara a la introducción de deducciones a jubilados y trabajadores y, segundo, conjuntamente con la reducción de la renta empresarial se introduciría un impuesto a la «renta distribuida», esto nos parece bien porque opera como un mecanismo de promoción sobre la reinversión en la empresa, que en lugar de distribuir las ganancias las reinvierta, pensamos que hay que trabajar sobre variables y porcentajes. Nosotros no tenemos un problema conceptual sobre el porcentaje pero sí una opinión de fondo en cuanto a la equidad en el interior de la reforma, entonces no nos parecía adecuado considerar una reducción de cinco puntos en la renta empresarial, si no se consideraban las deducciones a jubilados y activos que estábamos proponiendo. En particular la preocupación más importante que teníamos era en cuanto a los jubilados, que es un sector de la población que recién ahora comienza a recuperar poder adquisitivo y parte de las pérdidas originadas por la evolución de la inflación del período pasado y nos parecía que comenzaba a tributar significativamente en niveles demasiado bajos.

 

–¿Se gravará con aporte jubilatorio patronal al transporte?

 

–Nosotros hemos propuesto en forma reiterada mantener la exoneración de estos aportes. Partiendo de la base de que el transporte de pasajeros es una actividad regulada, tarifada y por tanto las empresas brindan un servicio con un fuerte control del estado.

En este sentido estas empresas no deben ser tratadas de la misma forma que otras empresas con mercados abiertos, que muchas veces pueden trasladar a precios parte de sus aportes y como en este caso no es posible, se trasladaría al precio del boleto. En este entendido, sería aceptado el mantenimiento de la exoneración para el caso del transporte de pasajeros.

 

–¿Cómo estarían quedando afectadas las cooperativas?

 

–Acá se está discutiendo sobre la posibilidad de que las cooperativas hagan algún tipo de aporte a la seguridad social. Nosotros creemos que sí, nuestra impresión es que ese aporte en lugar de estar dirigido a la seguridad social debe estar dirigido a la tributación, en el marco de un proyecto que llevaría adelante un organismo que va a ser creado por la ley general de cooperativas, que es el denominado «Consejo Superior de Cooperativas», que tendría como función el fomento, la capacitación y el contralor de las cooperativas. En este sentido el Estado se ahorraría parte de los recursos destinados a contralor vía, Auditoría Interna de la Nación y por otra parte no tendría que destinar otros recursos al fomento de la actividad dado que esto podría hacerse desde los aportes del propio sector, situación esta que ha sido propuesta por las mismas cooperativas. Entonces nos parece que debe definirse un cierto nivel de aporte y este ir dirigido al organismo a crearse en la ley, que ya está siendo votada en comisión y desde este organismo debe auditarse, controlarse, fomentarse y capacitarse al conjunto del sistema cooperativo para promoverlo en la economía uruguaya porque consideramos además que puede constituirse en un sector dinamizador porque además es un generador importante de empleo.

 

–¿La reforma tributaria estaría aprobada para el 15 de setiembre?

 

–Yo creo que el Parlamento tiene sus tiempos y hasta el momento no le hemos escuchado a la oposición ninguna propuesta tampoco, lo que me pa
rece de destacar, porque en realidad la oposición solo ha hecho críticas al respecto del proyecto y tampoco dice defender los mecanismos actuales de tributación pero creemos que va a tener en el ámbito parlamentario un tiempo para expresar sus opiniones que nos gustaría muchísimo conocer. Creo que en esto, una vez que los acuerdos se alcancen, la bancada del Frente Amplio se va a comprometer a trabajar intensamente pero, sin atarse necesariamente a tiempos que en el ámbito parlamentario le pertenecen. *