La soberanía del Estado, los miedos y el riesgo de la opacidad

«La negociación del TLC con los EEUU no se puede banalizar». Gerardo Caetano en la presentación del Informe de coyuntura del Iccpp de la Udelar. 

La negociación se ha iniciado y el viaje de Everett Eissenstatt, el responsable en el USTR de las negociaciones comerciales con América persigue el objetivo de lo que para ellos es una formalidad necesaria: legitimar lo que están haciendo con una comunicación formal al Congreso, algo así como: «Hemos comenzado a negociar con Uruguay un Tratado de Libre Comercio, ténganse por informados señores legisladores». Ese será el momento en el cual la difusión de la negociación en su más amplio espectro comienza a ser controlada por las comisiones de relaciones internacionales, especialmente la del Senado. Llegue o no al Congreso el proyecto de TLC en tiempo y forma. (1)

En nuestro país las cosas son un poco más complicadas pero hasta por osmosis los uruguayos tendremos en los próximos días un monitor que seguirá las reuniones y los temas de la negociación que comienza.

Es probable que el gobierno uruguayo pueda organizar un diálogo similar aunque los mecanismos constitucionales que regulan el control legislativo de la acción del ejecutivo sean un poco más difusos.

Hay, además, en el caso uruguayo problemas que tornaran dificultoso ese diálogo del ejecutivo y el equipo negociador, vertebrado ahora desde la propia presidencia a través de la jefatura formal asumida por el Dr. Gonzalo Fernández.

Esos problemas tienen que ver con la disminución del peso relativo de la capacidad de análisis técnico que tienen los organismos legislativos y sus propios titulares frente a la mayor capacidad de anticipación, procesamiento y respuesta que tiene el sector privado en temas de una enorme complejidad.

El legislativo, además, está sumido en una confrontación sobre reformas estructurales también muy complejas, a las cuales se le agregó el viernes pasado lo que probablemente sea la iniciativa más importante que esta administración se ha propuesto procesar: la modificación frontal del régimen de valores y derecho que ha regulado el comportamiento empresarial durante todo el siglo pasado y lo que va de este.

Situación particularmente difícil por las formas sinuosas que ha incorporado el juego de mayorías absolutas desplazando hacia la interna del oficialismo discusiones que deben procesarse en sus comisiones y plenarios formales. (2)

Ese legislativo cuyo control de la negociación debería contribuir a dotar de seguridades esenciales a los equipos negociadores del país tiene además, un peso relativo disminuido frente a la «sociedad civil» híper organizada y más capacitada, por si fuera poco, para colocar la negociación en una perspectiva de utilización parcial, necesariamente confrontada con los intereses nacionales. (3)

Por último, la calidad de la negociación que emprende este país está afectada por la inexistencia de la cultura y la responsabilidad ciudadana en el sentido de la identidad de ciudadano-consumidor.

La híper integración social y su extensión al ámbito político partidario -logro histórico del proyecto de la izquierda uruguaya- ha generado una contrapartida de riesgo muy fuerte para una negociación de esta envergadura: el peligro que una ciudadanía informada de las amenazas y oportunidades que se derivan de esta negociación a través de terceros, y de las siempre defectuosa comunicación sintética del juego de los lobbies, aumente su confusión y en tal estado, active la aversión tradicional al riesgo que caracteriza la conducta de los uruguayos.

He aquí algunas de las dificultades estructurales que indican, quizás, la debilidad más expuesta que tiene el Estado uruguayo para responsabilizarse de que esta negociación que ha asumido con valentía sea capaz de contribuir a los cambios.

Estas debilidades de partida son más significativas que la vulnerabilidad que puede tener un sector productivo o un núcleo de empleo.

 

Las garantías se proveen en casa

La primera ronda de negociación es interna, estrictamente uruguaya. Sus resultados se definen en la capacidad que tiene la presidencia y la elite que diseña la estrategia de la negociación de proveer garantías para que esas debilidades, al menos, no se potencien en los próximos días. Es natural comprender la resistencia social y política que generará cualquier avance negociador si ese comando no provee antes que nada ese tipo de garantías. Vale indicar que soy muy escéptico respecto a la capacidad que tiene esas elites y los representantes políticos de entender el peso de esas debilidades. Los indicadores de calidad de la negociación que se inicia deben estar colocados en esa perspectiva.

Los comunicadores que asuman la responsabilidad de multiplicar la información de la negociación van a estar presionados por esas mismas debilidades. Intentarán seguir la bitácora de la negociación, intuir sus desenlaces, entender las afectaciones sectoriales y su confrontación potencial con el interés nacional; serán presionados desde la propensión a la opacidad que ostenta el ejecutivo operando en áreas de riesgo con la soberbia natural de las elites.

Serán presionados por los golpes de ciego de legisladores que tiene su propia función de riesgo en este baile; se estrellaran contra la saturación informativa menor que los lobbies manejan a la perfección; deberán soportar la acusación de ignorancia, banalidad, venalidad o cosas peores. Pero serán ellos en definitiva quienes deberán intuir dónde reside lo principal y dónde lo aleatorio.

Soy al respecto también muy escéptico. La experiencia actual de comunicación de la gestión reformista del gobierno es mala en su origen y es muy mala en su comprensión ciudadana.

Este gobierno quizás pueda afrontar los costos de esa batalla del reformismo incomprensible. Lo que no se puede permitir ni se lo van a permitir es arriesgarse a que esta negociación externa deambule en la opacidad.

Como en todo pero particularmente en esta cuestión de Estado, la opacidad aumenta el riesgo de utilización discriminante que tiene la oportunidad fenomenal de un contrato de enlace bilateral con el principal mercado del mundo, con la principal usina de generación de innovación tecnológica, con la fuente de las disciplinas que regula el mercado global y sobre el cual se deciden los flujos principales de la inversión externa directa. Personalmente prefiero no ingresar en la discusión específica de lo que se negocia, ni la absurda discusión del nombre de un contrato. Antes de intentar entender que es lo que se negocia en el salón principal o en la «pieza de al lado» (4), importa saber quién es quién en este negocio, cuáles son las reglas que van a regular la extensión endógena de la negociación y cuales serán los instrumentos que utilizará el gobierno enfrentado a una matriz de riesgos elevados.

Probablemente, algunos de estos recaudos pudieran haber sido provistos por la existencia de un Consejo Nacional de Economía, sobre cuya utilidad puedo haberme equivocado originalmente. Pero de hecho ese ámbito y sus instrumentos no existen realmente. (5)

 

1- En diciembre vence el plazo en el cual se puede ingresar en el Congreso de los EEUU un proyecto de internalización de un TLC que recoja el acuerdo previo de partes y cuya aprobación pueda beneficiarse del mecanismo del TPL por su sigla en inglés: conocido como «fast track» o vía rápida -el cual vence a su vez en julio de 2007- sin el cual ese TLC aumentaría su inviabilidad sujeto al juego del lobby proteccionista norteamericano.

2- El presidente Vázquez ya tiene en su despacho el proyecto de ley de Con
cursos y Reestructura Empresarial que enviará a la Asamblea General en las próximas horas.

3- Por definición, los intereses de las diferentes cámaras o sindicatos que se verán afectados -positiva o negativamente- por las consecuencias de un tratado de esta naturaleza no son los mismos que los que tiene la comunidad en su conjunto, de los cuales es responsable los poderes formales del Estado, en este caso particular asumiendo tal negociación en esa dimensión que excede naturalmente las responsabilidades del partido en ejercicio temporal de gobierno.

4- Denominación al lugar adjunto al de la negociación oficial, y en la cual trabajan los representantes de las organizaciones presumiblemente afectadas por la negociación.

Según sea la relación de fuerzas que tenga el sector público y el privado será la utilidad nacional de esa vecindad.

5- La Ley que organiza la creación del organismo constitucional ha sido reglamentada hace pocas semanas y en tanto, no existe en el apretado cronograma disponible. la posibilidad real de volcar en dicho ámbito la evaluación social transparente de la negociación. *