Lavado de dinero: avances y recomendaciones para Uruguay

Se realizó recientemente en Brasilia, el XIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), organización intergubernamental para el combate de lavado de dinero, ocasión en que se dio a conocer un informe sobre Uruguay el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Vázquez; La evaluación de Uruguay fue aprobada por el Pleno por lo que se transformó en documento oficial de Gafisud, y se estima que durante el presente mes de agosto será aprobada sin modificaciones por el directorio del FMI. Durante su consideración, la delegación reiteró la especial importancia que el Gobierno Nacional asigna al combate de delitos tales como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, el contrabando, el tráfico de personas, de armamento y de sustancias tóxicas. No obstante el informe indica que «el actual régimen contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo está en general poco desarrollado, pero existe un compromiso político de emprender las reformas que son tan necesarias para cumplir los requisitos de las recomendaciones del GAFI.

Al igual que otros países, Uruguay es vulnerable al riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Si bien la delincuencia local se considera relativamente baja, su papel como centro financiero offshore con una amplia gama de servicios financieros y empresariales para no residentes, lo hace especialmente vulnerable al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo internacionales.

En octubre de 1998 Uruguay tipificó el lavado de dinero como delito pero el Decreto Ley No. 14.294 no abarca todas las categorías de delitos (determinantes) graves que exigen las recomendaciones del GAFI. Se ha establecido una unidad de inteligencia financiera (Unidad de Información y Análisis Financiero o UIAF), una división del BCU, pero aún no está plenamente en funciones principalmente debido a la falta de recursos adecuados. En otra parte se indica que «las fuerzas del orden y las fiscalías no cuentan con los recursos adecuados, lo que contribuye a una acumulación de casos penales atrasados, y los jueces o fiscales no han sido suficientemente capacitados para encargarse de casos de lavado de dinero».

Uruguay aún no ha concluido acuerdos formales de cooperación para la supervisión y el intercambio de información con contrapartes clave en América Latina y otros países, aunque una gran proporción de las instituciones financieras que operan en Uruguay tienen titulares extranjeros. Para GAFI, «las restricciones dispuestas por el secreto bancario en la ley de instituciones financieras en la practica limitan el cumplimiento con las recomendaciones del organismo.

Se recomienda reforzar «la transparencia de las personas jurídicas, en particular de las organizaciones sin fines de lucro y de las sociedades anónimas de acciones al portador (incluyendo a las sociedades offshore SAFI). Después de la misión de evaluación que llegó a Uruguay, las autoridades informaron de la creación de una Unidad de Investigación Patrimonial dentro de la Policía.

Se sugiere por parte de la GAFI, «análisis sistémico» de casas de cambio y los servicios de transferencia de dinero; los proveedores de servicios societarios, en particular los profesionales que prestan servicios a no residentes inclusive a través de la utilización de las SAFI y sociedades de acciones al portador; los servicios financieros extraterritoriales que ofrecen los bancos, las financieras y los corredores y agentes de bolsa; los casinos, incluyendo a las empresas de propiedad del estado o administradas por el estado y los agentes inmobiliarios. *