Preocupado por la incertidumbre el gobierno acelera la formalización del acuerdo interno

Bajo mi responsabilidad, la Separata de Economía de LA REPUBLICA afirmó diez días atrás que había un principio de acuerdo sobre el texto que votaría la Cámara de Diputados y en el cual, incluso, pudiera incorporarse aquel compromiso explícito de trasladar a futuras disminuciones del IVA toda la recaudación que excediera la programación oficial. En los últimos días se ha sabido que el Partido Nacional le habría pedido al diputado Gandini que no insista en su sugerencia de agregar los votos de su sector contra esa explicitación formal de derivación de la recaudación eventualmente agregada. Esa convicción de la existencia de un acuerdo básico subsiste pese a que el calendario exigible para la aprobación de la reforma se haya extendido, no sólo por la dispensa otorgada por el FMI, sino por la ocupación del tiempo y los recursos disponibles para esto en el Senado, abocado hasta el quince de agosto al tratamiento de la rendición de cuentas. Empero, la distensión lograda ha recreado la confusión y aumentado la especulación sobre la posibilidad de que se afecten fuertemente los ingresos a futuro de proyectos con sus secuelas en la inversión, el trabajo y el riesgo de los emprendimientos en marcha.

 

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Esta situación es un problema en sí, cuyos costos pueden endosarse al diseño de la estrategia de discusión muy amplia en lo social y restringida al mínimo en el ámbito político legislativo. La reforma ya ha generado una hiperinflación de expectativas y especulación que ha comenzado a sentir el mercado local.

Obviamente, el equipo económico no ha querido incorporar ese dato a la discusión, pero sería natural que el presidente del Frente Amplio, moderador de la discusión actual, se lo haya recordado a los involucrados. En unos días más el ingeniero Brovetto anunciará el acuerdo con una indicación explicita del presidente Vázquez, acerca de la conveniencia de votarlo sobre la base de todas las correcciones introducidas por la bancada y algún agregado de menor significación, como pudiera ser el aumento del impuesto al patrimonio de las empresas en medio punto porcentual, del 1,5% actual al 2%, y una desgravación lineal, del 0,1% anual a diecinueve años, momento en el cual el impuesto quedaría al 0,1% testimonial actual enviado por el Poder Ejecutivo. Pudiera, incluso, aceptarse una fórmula que permitiera regular el levantamiento del secreto tributario en sede judicial en los tiempos que requiera la acción ejecutiva de la DGI, solamente para contribuyentes locales. Como era de esperar, las consultas formuladas sobre la posibilidad de desglosar la modificación del nuevo régimen de aportes patronales que compensan, con imposición al agro y a la industria la disminución de los aportes actuales del comercio y los servicios, llevando a un régimen general imponible del 7,5%, lo que supone un riesgo que el equipo económico no ha aceptado. Los sectores enfrentados al proyecto actual habrían renunciado en las últimas horas a mantener la reivindicación de gravar según un criterio de renta mundial, y habrían renunciado también a elevar el piso del primer tramo de imposición a la renta de las personas físicas. *

J.J