Valentías y cobardías de una operación en marcha

Presumiblemente las operaciones del gobierno respecto al proyecto van a padecer las mismas debilidades expuestas en el desarrollo del plan reformista hoy ostensiblemente bloqueado, más allá del acuerdo de una reforma tributaria bastante alejada de su consistencia original. Esa debilidad básica está vinculada con los problemas de la estrategia de relacionamiento que tiene este gobierno, con cómo se relaciona con la ciudadanía y sus representantes políticos en particular. Pero, esencialmente, en relación con la operación TLC, las debilidades se multiplicaran por el ostensible desgaste que la comunicación de este gobierno tiene con los sectores directamente interesados en el negocio. El TLC con EEUU no es cualquier acuerdo comercial y el acuerdo comercial con los EEUU sólo puede ser un TLC formal. Acépteseme que omita la explicación precisa de porque no hay disponible en este caso más que un TLC de formato prácticamente igual al que han adoptado Chile, México, Colombia, Perú, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y otros países americanos. La explicación es un poco más compleja que reiterar lo obvio aunque, incluso, no sea lo más importante: no es posible inventar nada sustentable en el mediano largo plazo en términos de comercio bilateral para países integrantes de la OMC. No estamos hablando de negociar cinco o diez mil toneladas de carne más distribuidas graciosamente por los norteamericanos y que pudieran ser refrendadas si nos va bien cuando termine la ronda Doha vaya a saberse cuándo. Esto es otra cosa y nada tiene que ver con estas nimiedades útiles para dos o tres empresas.

 

Unos y otros

¿El TLC es bueno o malo para la ciudadanía y el país? El Ejecutivo ya ha respondido a esta pregunta elemental. Pero la ha respondido por la vía de los hechos: implementando un plan de operaciones. La misma pregunta se la formulan los diferentes sectores con información suficiente. ¿El TLC es bueno o malo para nuestros intereses? Esa respuesta también ha sido realizada, también por la vía de los hechos. Los stakeholders embarcados por el gobierno en esta operación han implementado y ejecutan su estrategia en la operación. Unos contratan especialistas para articular los proyectos y reconvertirlos en la perspectiva de escenarios que pudiera abrir un acuerdo de esta naturaleza; otros suspenden iniciativas y se colocan a la expectativa; otros preparan la parafernalía de armas y argumentos vinculados con la tradición oriental para hacerle pagar caro al gobierno su eventual éxito. En eso están todos: Cámaras empresariales y sindicatos, ONG y partidos políticos. Y ese juego amplio tiene un común denominador: es un juego sigiloso, casi clandestino. Y en ese underground ha aceptado jugar el gobierno. Las primeras consecuencias de esto también son obvias: todo esta revestido de una pátina de opacidad y culpa natural. Los stakeholders o «socios y afectados en el negocio» saben que sus objetivos en este juego fuerte, por definición no pueden ser los mismos que los de la ciudadanía. El gobierno que ha asumido la representación ejecutiva de los intereses de la ciudadanía se ha desgastado en una discusión distributiva y semirreformista increíblemente mal diseñada y peor comunicada. Le teme a esas organizaciones en las cuales se institucionaliza la defensa de los intereses parciales. Le teme al desenlace de una dialéctica que desafía en primer lugar a la capacidad real de convencer dentro de una fuerza política que razona o desaparece. Le teme a las reacciones que pudieran revitalizar a la oposición con la cual no se anima a negociar esto desde una perspectiva de Estado. En tanto, la mayor operación que ha encarado el primer gobierno de izquierda tiene en sus funciones de relación y comunicación una debilidad que la expone a un fracaso fenomenal. Sin embargo, y a diferencia de la opción que adoptó Batlle en el 2003, la afronta con una valentía digna de elogio. Batlle aceptó de la billetera del presidente Bush un crédito puente pero temió que la opción de avanzar en la negociación del TLC ya ofertado por el Departamento de Estado en ese entonces, decidiera, un año antes, la elección de octubre de 2004. Probablemente la credibilidad del presidente y la autodestrucción del partido colorado, más la disputa interna que se iniciaba en el partido nacional decidieron por sí la opción de renuncia. Pero esa decisión, realista o temerosa de Batlle nos dejó en el último puesto de la carrera e igual Batlle perdió la elección  adentro y afuera de su partido.

 

Defensiva culposa

El actual gobierno es más fuerte y ha asumido su responsabilidad. Negocia. Empero, lo hace en esa asunción de responsabilidad constitucional con la ciudadanía, pero con tantos o más temores que los que tenia Batlle tres años atrás. Expliquemos lo que las corporaciones ya conocen de esa estrategia, no para develarla: es de uso público con utilidad privada, por ahora. El gobierno ha construido su pirámide negociadora con el secretario de la presidencia en el vértice, cuenta con un comando político integrado por Lepra, Gianelli y Lorenzo, cuenta con una asesoría técnica de la cual dependen los equipos que integrados por técnicos de varios ministerios trabajan en plan con un cronograma que tiene en la reunión de la comisión bilateral con EEUU que se reunirá en sesenta días en Montevideo un hito principal. Esto no es desconocido por nadie que en la fuerza política de sustento tenga alguna capacidad de decisión y votos propios para, llegado el momento, ejercerlos. Esa estrategia, sin embargo, reitera aquella debilidad original de este gobierno: la de suponer que este tipo de cosas se puede hacer negociando concesiones con la sociedad civil organizada a través de power points expuestos frente a las corporaciones cuyos intereses, directa o indirectamente, van a ser puestos en juego frente a cualquier cambio. Empezar por allí una batalla frontal por liderar indica debilidad. Esa estrategia es esencialmente defensiva y contradictoria con la valentía de asumir la opción inexcusable. Si el gobierno persiste en que sus negociadores se preparen, viajen, comiencen a redactarse los primeros borradores, etcétera, sin explicar la envergadura y calidad del desafío que afrontan quizás pueda aproximarse al proyecto final en diciembre, pero habrá perdido la batalla principal: la de la opinión pública. Uruguay tendrá o no un TLC a internalizar allá y acá, pero la educación de la ciudadanía en la defensa de sus cosas más caras habrá sido desplazada a la arena de siempre: al coliseo de la confrontación tradicional del poder en este país, al lugar donde se vocifera y golpea. Y entonces sabremos que no se pude gobernar ni sobre el filo de las bayonetas ni sobre el autoritarismo de quienes suponen que las mayorías absolutas pueden ser mantenidas sin apelación a la inteligencia y la participación personal de la gente en los procesos complejos. Hay otra estrategia disponible y ojalá el gobierno sea capaz de encararla a tiempo. *