El túnel que une Francia con Gran Bretaña, con graves problemas económicos

La dirección de Eurotúnel y sus acreedores negociaban intensamente el miércoles para encontrar un acuerdo sobre la reestructuración de la deuda de 9.000 millones de euros y evitar así la bancarrota de la empresa concesionaria del túnel ferroviario que une Francia y Gran Bretaña.

De todas maneras, independientemente del resultado de las tratativas, en virtud de las disposiciones previstas hace 20 años, cuando se lanzó este ambicioso proyecto, no se cerrará el túnel ni se interrumpirá el servicio de trenes bajo el Canal de la Mancha.

Si las negociaciones son infructuosas el director general Jacques Gounon acudirá a un juez del Tribunal de Comercio de París para que examine la demanda de apertura de un procedimiento de salvaguardia interpuesto por el grupo el martes por la mañana. En este caso caben varias alternativas: el tribunal podrá rechazar esta medida, aceptarla o pedir informaciones adicionales antes de pronunciarse, explicó a la AFP una fuente próxima al expediente.

Entre los acreedores figuran bancos como el estadounidense Goldman Sachs o el francés BNP Paribas, pero también sociedades de inversión como Resurgence o Eliott, que poseen bonos del grupo.

Una parte de todos estos acreedores se opone al nuevo plan de financiación propuesto por la dirección de Eurotúnel.

El plan de salvaguardia, que permite evitar la quiebra, está destinado a las empresas en dificultades que no son capaces de salir a flote y les permite declararse en suspensión de pagos para evitar la liquidación judicial.

Consiste en la designación de un juez para buscar un acuerdo entre las partes y durante ese período de negociaciones se congelan las deudas de la empresa, en este caso Eurotúnel.

Aunque los acreedores y la dirección llegasen a un acuerdo el miércoles por la noche quedarían pendientes los accionistas, que deberán pronunciarse.

La asociación de accionistas Adacte ya ha adelantado que se opone al nuevo plan y cinco de sus miembros presentaron una querella ante un tribunal por «información falsa». La entidad ha pedido asimismo la designación de un experto para que examine la deuda. *