Hay emitidas 3.176.180 cédulas de identidad: el 98% de la población está registrada

Dentro de su nueva política comunicacional el Instituto Nacional de Estadística (INE) continúa publicando información que surge a partir de la Encuesta Continua de Hogares Ampliada (ECHA).

En esta ocasión se dió a conocer la proporción de personas que poseen cédula de identidad, cuya importancia radica en la necesidad de poseer dicho documento para cualquier trámite y permite ser incluido, dependiendo el caso, dentro de los destinatarios posibles de las políticas sociales, por ejemplo, del Plan de Emergencia Social.

Los resultados muestran que un 98% del total de habitantes del país se encuentra documentado. Esto significa que hay emitidas 3.176.180, dentro de una población de 3.241.000 habitantes

Mientras, que en Montevideo la cobertura es la mayor, es en las localidades menores de 5 mil habitantes donde se da la proporción más alta de personas indocumentadas, aunque cabe resaltar que en todos los casos los porcentajes superan el 97%.

 

Por edades

Al discriminar los datos por grupos de edad, se constata que los menores de cinco años son la franja poblacional donde existe la mayor proporción sin identificación, alcanzando la cobertura al 84,6% si se considera el país en su conjunto. De vuelta es en las localidades menores donde se da el mayor número de niños sin identificación, llegando al 18,3%.

Otro aspecto interesante que surge de este estudio es la situación de aquellos uruguayos que viven en asentamientos irregulares, donde el 95,3% posee documento de identidad.

Debe de tenerse en cuenta que es allí donde se encuentran las poblaciones más vulnerables, con mayor riesgo social y con mayor número de niños por familia. Cabe mencionar entonces que la primera medida, el primer paso de toda política es identificar su población objetivo, o sea, los destinatarios de las políticas y de los esfuerzos que toda la sociedad viene realizando. Para ello es fundamental que las personas cuenten con identificación para luego poder contextualizar la real situación social y económica en que se encuentran.

En un plano un tanto mas sutil, pero con iguales consecuencias prácticas, las políticas de inclusión deben abordar y garantizar equidad en el status jurídico de todos los ciudadanos, independientemente de su condición social. Saber quién, dónde y en que situación se encuentra, es un primer e ineludible paso para garantizar los derechos ciudadanos de todos. *