Investigan posible maniobra de inversores argentinos con bonos de banco fundido

La llamada CGN era un banco uruguayo controlado por el hoy procesado Carlos Röhm. En paralelo con sus exitosas actividades de banca de inversión de la década de 1990 en Argentina, a través del Banco General de Negocios, a lo largo de los años Carlos Röhm también logró captar una amplia clientela VIP para su banco off shore uruguayo, CGN Saife.

Ambos entraron en liquidación en plena crisis de 2002, pocos días después de que Carlos Röhm fuera detenido por la jueza Servini de Cubría, que investigaba a bancos que habían facilitado a clientes argentinos saltar el corralito. Carlos y su hermano José Röhm fueron finalmente procesados por delitos vinculados al vaciamiento de estas instituciones, como también lo fue en Argentina y Uruguay más de una decena de sus hombres de confianza. Las investigaciones penales están tomando un inesperado giro desde Uruguay con la atención ahora puesta en la creación de créditos artificiales contra la CGN Saife por más de U$S 100 millones, en concreto U$S 117.093.700, por títulos cuyo valor sería de U$S 4 millones, un 3,4% del valor reclamado.

El caso involucraría a más de ochenta conocidas personalidades argentinas, que ya están declarando ante diversos juzgados penales de Capital Federal y diversas provincias, las cuales tienen propiedades en Punta del Este e inversiones en nuestro país. El caso tuvo origen en denuncias realizadas primero por los liquidadores judiciales del BGN, y luego por los bancos extranjeros que eran accionistas del BGN.

Las personalidades investigadas son acusadas de haber reclamado en Uruguay la devolución del 100% del valor nominal original de Bonex que afirmaron haber colocado en CGN de los Röhm. Sin embargo, según las denuncias, a 2002 dichos valores ya habían sido casi totalmente repagados por el Estado Argentino. Y el pequeño saldo pendiente, además, cotizaba a aproximadamente un 25% de su valor residual debido a que había sido pesificado y estaba en cesación de pagos tras el «default». Esa habría sido la vía por la que se crearon artificialmente créditos por U$S 117 millones.

La documentación adjunta a la causa refiere a la colocación en CGN Saife importante cantidad de Bonex casi totalmente amortizados y en default, y el posterior reclamo de los mismos en la liquidación por su valor nominal original, más de 30 veces superior. Según el expediente no existiría documentación por más de U$S 4 millones para los reclamos planteados por U$S 117 millones.

 

Alerta a la Justicia

La denuncia de los síndicos liquidadores judiciales de BGN puso en alerta a la Justicia uruguaya, y luego se sumó a ello la denuncia realizada por los bancos que eran accionistas del BGN, Credit Suisse, Dresnder Lateinamerika, y una vinculada de J.P. Morgan. Los síndicos del BGN habrían afirmado que la creación de créditos denotaba una situación «sumamente grave por cuanto denota la existencia de temeridad y malicia por parte de los actores que pretenden… reclamar importes ya abonados con anterioridad».

Aunque la denuncia finalmente abarca un monto algo menor, habrían afirmado que la sobreestimación del valor de los bonos es «enorme» y que «asombrosamente el accionar conjunto excedería en U$S 140.000.000 al cotejar el reclamo con la cotización del valor residual de cada título».

 

Un informe técnico apoya las denuncias

Un informe técnico (que está en poder de LA REPUBLICA) y es parte del expediente y apoya las denuncias sostiene que «las personas investigadas presentaron la información sobre sus inversiones en forma conscientemente engañosa». Confirma también que los bonos en cuestión estaban casi completamente amortizados, ya que «entre 1995 y 2001 el Estado argentino cumplió puntualmente con el pago de las siete primeras cuotas correspondientes al repago del capital» y que a enero de 2002 «sólo quedaba pendiente el pago de la última cuota de amortización que vencía el 15 de setiembre de 2002″. El informe pericial establece que el Estado argentino «ya había repagado entonces el 87,5% de los bonos BERA 92, y sólo quedaba pendiente de pago un 12,5% de su valor».

Según el perito, a ello se agregó que a comienzos de 2002 «el Estado argentino resolvió «pesificar» todas las obligaciones en moneda extranjera a razón de US$ 1 = $A 1,4″ incluyendo en ello «el cupón 20 de amortización de los bonos BERA 92″. Agrega que además «a comienzos de 2002 el gobierno argentino también entró en cesación de pagos», situación que también afectó al cupón 20. En ese contexto concluye que las personas no podían ignorar lo que estaban haciendo. Ofrece para ello cinco argumentos. En primer lugar afirma que «ni la persona más distraída se equivoca en 30 veces al calcular el valor de sus inversiones». Sostiene también que «no se trata de pequeños inversores sino de personas con mucha solvencia». Asimismo «se trata de personas que procuraban una mayor rentabilidad realizando sofisticadas y complejas operaciones con bonos, propias de inversores avezados (fundamentalmente arrendamientos financieros de títulos públicos a través de entidades off shore)». Agrega que «si se analizan en profundidad las liquidaciones de intereses recibidas del banco de aquellas personas que las agregaron se puede deducir de ellas que los bonos BERA habían sido casi totalmente repagados», y que «los intereses que estas personas recibieron se calculaban sobre el capital residual». Finalmente, sostiene que las explicaciones de las propias personas «revelan una contradicción y permite concluir que dichas personas reclamaron judicialmente el valor nominal original (VNO) a sabiendas de que el Estado argentino había repagado 7/8 de sus bonos, y que los mismos estaban pesificados y en cesación de pagos».

Según el perito, «el promedio del monto reclamado por cada uno de los denunciados, considerando sólo bonos BERA 92, es de US$ 1.951.561 y dos de ellos, los Sres Oscar Coego y Oscar Peruzzotti reclaman nada menos que US$ 32.592.400″. Otro, «el señor Pablo Savio que reclama nada menos que US$ 17.180.400″. Junto a otras inversiones, declaradas por dichos individuos «el monto promedio reclamado es de US$ 2.288.168, y en el caso ya mencionado de los señores Coego y Peruzzotti llega a la insual cifra de US$ 33.595.445, o en el del señor Pablo Savio a US$ 20.020.432″. Afirma el técnico que la documentación que es parte de la investigación sugiere que esto era sólo parte de los activos de algunas de las personas involucradas. Este tipo de inversores, según el mismo, no puede errar en 30 veces la realidad de lo que tiene.

 

El fraude investigado

Los Bonex fueron progresivamente amortizados por el Estado argentino a partir de 1995, y para 2002 ya estaban casi totalmente cancelados. Sólo faltaba el pago de la última cuota de capital que el Estado argentino debía pagar en setiembre de 2002, y que no pagó porque a fines de 2001 estos títulos entraron en default.

El fraude que se investiga consistiría en el intento de cobrar nuevamente las cuotas de capital ya amortizadas por el Estado argentino, y además cobrar la última restante (el llamado «cupón 20″) en dólares y por su valor nominal, cuando en realidad la deuda había sido pesificada y había entrado en default. De esta forma se afirma que créditos que en el mejor de los casos valían U$S 4 millones se reclaman por U$S 117 millones. Parte de las personas investigadas habrían inclusive solicitado embargos invocando estos créditos. *