Ingenio, audacia y respaldos para incorporar alternativas de urgencia

En la síntesis pertinente de esos datos, es preciso saber que pese a la excepcional acumulación del excedente agrario, la migración rural a las ciudades ha recobrado la dinámica que había perdido en el segundo quinquenio de los 90´, que en el Uruguay profundo los índices de analfabetismo duplican largamente los de Montevideo y que en los cinturones ciudadanos y amplias zonas de concentración de marginalidad se han formalizado cinturones reproductores de miseria y violencia expuestos a la peor especulación. * En suma, pudiera ser que en este país la ampliación de la marginalidad social tuviera una dinámica más potente que la suma de todos los ensayos de inclusión implícitos en los programas de salida de la crisis de 2002, incluyendo una tímida y previsible política asistencial que la izquierda intenta articular.

Si ello es así, es obvio que de no mediar cambios relevantes en el plan del gobierno, capaces de alentar políticas más potentes, de Estado, el riesgo país incorporará el factor social con ponderación bastante más pesada que la mayor o menor capacidad de repagar deudas. Es que el programa de continuidad de salida de la crisis y la proposición del cambio estructural presupone la disponibilidad de un tiempo que pudiera no estar realmente disponible. Quizás, el cronograma del cambio este desfasado de las posibilidades de soportarlo socialmente. Algo de esto se estaría infiriendo de la contextualización de los datos del INE. Si ello es así, la desidia y la especulación política partidaria con los proyectos reformistas en discusión tendría su explicación racional. Para los actores políticos que olfatearían la inevitabilidad del quiebre social, la estrategia de supervivencia de un partido o una fracción obliga a aumentar la diferenciación. Si, dueño de un diagnostico de tiempos diferentes, el gobierno se empeña en avanzar con reformas estructurales que presuponen obligatoriamente mayorías muy amplias propias de políticas de Estado, o principios autoritarios de conducción y los operadores advierten que nada de eso está disponible, es inevitable que crezca la sospecha del fracaso y en tanto aumente la diferenciación y la conflictividad.

 

Subestimación del malestar

De ser cierto que ese cronograma de estabilización, reforma e inclusión no es sustentable porque la disgregación social indicada es más potente que lo imaginado no es posible seguir en este juego. Ahora, todos comenzamos a sentir un runrún de rupturas progresivas que ya no tienen que ver con la calidad del proyecto ni con la pertenencia del diagnóstico en que se basa. Lo que pudiera no estar dimensionando el programa es lo que sucede en un país en el cual el núcleo más sólido y potente en materia de generación de realidades habita en un conjunto de novecientos mil ciudadanos que han perdido la confianza en la movilidad social. La cuestión social ha irrumpido con igual o más fuerza que aquella que disparada por la crisis del 2002 amenazó precipitar la afable sociedad uruguaya en un abismo de confrontación mayor. En aquel momento esa marginalización recién surgía y, además no surgían de allí las espitas del desequilibrio. Pero, además, las respuestas integradores fueron más audaces aún que las actuales. Parte del gobierno y parte de la oposición se abocaron a la ejecución de un modelo de respuesta social comprehensivo que tuvo varios vectores: restablecimiento de la estabilidad, reestructura del sistema bancario sobre una nueva base regulatoria, canje de deuda, compensaciones cruzadas y recreación de la mínima confianza en la capacidad institucional del Estado para juzgar y resolver con más rapidez que lo usual los contenciosos mas fuertes. Toda esa operación se realizó sobre la base de un proyecto de base económico y pivoteó sobre la capacidad de gestión de las nuevas autoridades del BCU y el MEF. Todo ello, sin embargo, fue posible sobre la base de acuerdos de Estado. Acuerdos que cuando lo exigieron contaron con la participación o la aquiescencia implícita de la oposición. Aquellas conductas de emergencia estuvieron condicionadas por el mismo runrún de hoy. En julio de 2002 este país estaba lleno de miedos y   en general- no había demasiado margen para recrear o celebrar la expresión política de la viveza criolla. Como siempre hubo entonces intentos de diferenciación y mohines despreciativos. Pero las leyes que se precisaron se votaron y nadie osó discutir en serio proyectos de ley y medidas elementales que restablecieran el riesgo de las fracturas a niveles soportables. Sobre esa operación de reunificación social se pudo luego realizar el tránsito hacia una administración de izquierda que, sobre todas las cosas, debía resolver dos problemas elementales: completar ese programa de estabilidad tentando principios de reforma estructural y asegurarnos a todos que la ambición de la inclusión dejaría de ser un propósito de diferenciación partidaria para transformarse, realmente, en una política de Estado funcional con el resto de las tareas.

 

Otras mayorías para otras audacias

Hasta ahora sosteníamos que el gobierno sobrestimaba sus mayorías para resolver problemas decisivos que requerían políticas de Estado: política internacional, reformas, educación. Ahora, además, esas políticas de Estado son imprescindibles para reconstruir un optimismo que no puede reposar sobre la estabilidad ni conformarse en una expectativa de reformas con réditos de largo plazo. El plan debe girar hacia una ambición de inclusión sustancialmente mayor. Sin confusión de roles los funcionarios de mayor responsabilidad deben imaginar iniciativas nacionales de inclusión más potentes. Sólo en ese escenario y con esas señales es posible acelerar y profundizar las reformas. El presidente y el ministro de economía no pueden delegar en el Mides ni en ninguna unidad ejecutora del Estado el diseño de estrategias de inclusión mas potentes. En la actualidad la economía dispone de instrumentos capaces de contribuir a pensar en afrontar este tipo de emergencias sin que haya que afectar los equilibrios de largo plazo. Estos países se enfrentan a desafíos y oportunidades que en la generalidad de los casos exigen soluciones creativas y audaces implementadas desde la economía política. Lo que no es posible es disociar la inclusión del núcleo más fuete y dotado de ejecución del programa global. No se trata que el MEF aumente los setenta millones de dólares que le quedan al MIDES. Si el equipo económico y el presidente no entienden que este es el momento de reformatear la estrategia introduciendo variantes de inclusión más potente, apoyadas en alianzas más amplias, el programa en su actual diseño tiene los días contados. Por ejemplo, frente a la oleada de marginalidad es obvio que el plan y el presupuesto de la ANEP ya debería haber dejado de ser un proyecto de iniciativa privativa del Codicen para ser reformulado como cabeza, quizás, de esa estrategia de inclusión dominante. Y naturalmente esto no debería tener nada que ver con la menesterosa discusión de la reivindicación de autonomías o funciones docentes clásicas y menos, naturalmente, de las restricciones presupuestales del programa actual. *

* Condiciones de vida de la población residente en el área rural y otros estudios. INE- ENHA Enero- Marzo 2006 – Divulgación Preliminar.