Ley de consolidación de deudas afectaría a 800 mil personas y movería U$S 1.000 millones

Básicamente el proyecto consiste en que todo empleado público o privado, o jubilado, que tenga varias deudas que se descuenten por el salario o pasividad, las pueda «consolidar» en una sola, la cual será refinanciada a largo plazo, entre 5 a 10 años, pero con la condición, de que por ese lapso, no podrá tener nuevas retenciones sobre sus ingresos. Se estima que hay 800 mil personas (mayormente empleados públicos y jubilados) que podrían consolidar deudas por unos U$S 1.000 millones.

El beneficio es que se amplia en años el plazo para pagar la deuda, pero corta la posibilidad de que se incluyan en el recibo de sueldo, nuevos descuentos.

Por ejemplo, si se tienen descuentos por un préstamo en el BROU, otro en una cooperativa y otro en Anda, la totalidad de la deuda (con la voluntad del deudor) se consolida en una sola, y se da para el pago un plazo que se maneja entre 5 y 10 años, mediante el descuento de la nueva cuota, del sueldo. De esta manera la cuota total disminuye, pero hasta que no se cumpla el plazo de pago, por las vías mencionadas no pueden existir nuevos endeudamientos. Para el deudor queda más liquidez (dinero) disponible por mes. El artículo 5 del proyecto señala la prohibición al deudor que consolide su deuda de volver a operar mediante la modalidad de retención de haberes. Si bien no se sabe que mercado se está manejando, se habla de cifras que van entre U$S 1.000 millones a U$S 3.000 millones. En la actualidad por recibo de sueldo se puede descontar las cuotas de cooperativas de ahorro y crédito, ANDA, Banco de la República, Banco Hipotecario, Banco de Seguros y cooperativas de consumo, con una reglamentación que indica que debe de quedar un 30% del salario de manera liquida, o sea que pueda ser cobrado por el trabajador. Hay que señalar que existen dudas sobre si el BROU está obligado o no a vender la deuda, aún con la voluntad de venta a un tercero, por parte del deudor.

El BROU está llevando en la actualidad una experiencia en algunos organismos del Estado, con funcionarios que tienen préstamos «sociales» de la institución financiera estatal. Se está procediendo a la refinanciación de las deudas con mayores plazos.

 

Quiénes serán los nuevos acreedores

Uno de los puntos más polémicos, es sobre quienes serán los nuevos dueños de la deuda y que tasa de interés aplicarán. En una reciente comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el presidente del BROU, Fernando Calloia señaló que hay «agentes financieros que realmente son los que, en nuestra opinión, producen un daño muy importante a los deudores, como las empresas de crédito telefónico y similares, en las que cae el funcionario en un momento de desesperación financiera, y que tienen condiciones muy onerosas con respecto a sus préstamos».

Y el problema central para los críticos de este proyecto es precisamente ese. Porque si bien se impide que se puedan obtener nuevos prestamos que se descuenten del salario, no se controla que el deudor que refinanció mediante este sistema, no acuda a otros financistas.

El analista económico Andrés Correa, gerente de Banca Persona del BROU señala a este respecto que «uno de los talones de Aquiles de este problema es que es muy difícil controlar que no aparezcan nuevas operaciones de crédito luego de una asistencia de este tipo» acotando que «en este intento de consolidar la totalidad del endeudamiento, habría que encontrar el mecanismo para que estas deudas fueran incorporadas». Por estas deudas indicaba aquellas que se tienen con la totalidad del sistema financiero.

 

El problema de las cooperativas

Uno de los grupos que más se opone al proyecto de consolidación de adeudos son las cooperativas de consumo. La razón es simple: si se consolidan los adeudos de sus socios, estos no podrían operar más con la cooperativa hasta que no se efectúe la totalidad del pago. Se debe recordar el artículo 5 del proyecto que indica la prohibición al deudor que consolide su deuda de volver a operar mediante la modalidad de retención de haberes.

Como es sabido, en el caso de las cooperativas de consumo, los gastos que efectúan los socios (ya sea en alimentos, ropa u otros bienes) se pagan en varias cuotas, las cuales son retenidas del salario.

«El mecanismo de retención se mantiene, pero el trabajador no tendrá posibilidad de créditos, por lo menos lícitos, y el día que requiera crédito caerá en las manos inescrupulosas de quienes los otorgan de manera ilícita, a través de aquel que no se maneja dentro de los parámetros legales y de contralor que el Estado establece. Además, como estos mecanismos no son controlados, las tasas son exorbitantes y en este caso el trabajador -porque los destinatarios de esta norma serán trabajadores; es decir, los socios de la cooperativa son trabajadores- caerán en manos de usureros». Esto lo señalaba el doctor Javier Paolino, de la Cooperativa Magisterial, ante la Comisión de Hacienda de Diputados, cuando la institución fue a expresar su oposición al proyecto de consolidación de adeudos. Por la misma institución, el contador José Aneiros estimó que de los posibles 800 mil deudores que podrían ingresar a este sistema, seguramente lo harán entre un 85% a 95%, «porque significará que tendrán mayor liquidez en sus salarios mensuales». Según Aneiros el capital necesario para comprar las deudas y consolidarlas «se va a financiar desde el extranjero, con estos capitales golondrina que no tienen rostro ni patria y que van a hacer su negociado quedándose a corto, mediano y largo plazo con el 70% de los haberes de alrededor de 750.000 uruguayos entre activos y pasivos». para Aneiros, «habrá un respiro inicial en los primeros meses, cuando se cobra, pero hay que tener en cuenta que la financiación está prevista en 1,7 sobre la tasa máxima del Banco de la República, lo que da un 55% o 56%, sin IVA, y como esto está gravado por el IVA, llega a más del 70%, cuando ni las pasividades ni los salarios ajustan más allá del 10% anual. Con esta financiación a largo plazo, aunque le retengan el 70% de la pasividad o del sueldo en actividad, la persona va a quedar sobreendeudada de por vida. Es un excelente negocio para el inversionista, que multiplicará por diez, por quince, por veinte o por cuarenta la inversión inicial».

Daniel Fernández, en representación de la organización sindical de los trabajadores de la Cooperativa magisterial dijo ante los diputados que: «esta ley sería ideal -estoy seguro de que está mucho más allá de la intención de cualquier legislador-, por ejemplo, para blanquear narcodólares, porque es un negocio brutal, en el que se necesita una masa de inversión brutal». *