LAS REFORMAS DEMANDAN A LA UNIVERSIDAD

La recreación de la ética profesional como garantía del cambio

Pero, además, porque los universitarios intuyen que no habrá cambio sustentable sin reforma universitaria. Esa discusión no le es ajena a la economía. Todo lo que se hace, bien o mal, en ese juego de estabilidad y reformas, tiene en el fondo de las cosas un saldo principal: cuál es el saldo de capital humano disponible en el país, materia sobre la cual la Universidad tiene mucho para decir y hacer. Esta interdependencia urge a la Universidad. Ella es un eslabón que multiplica aciertos y errores del presente en una perspectiva de largo plazo. Pero, además, el pensamiento universitario es decisivo cuando países como este deben abocarse a construir estrategias nacionales. Uruguay tiene serios déficit en esta área tan sensible y muchos de ellos se explican por la fundada sospecha que la Universidad ha tenido respecto al mercado. Hace rato que sentimos la ausencia de la Universidad en la elaboración de estrategias y la discusión económica. En particular en lo que refiere a las nuevas materias.

 

Nuevamente, el riesgo «electoral»

Probablemente la discusión programática que tiene lugar en estos días sea más amplia y profunda de la que trasciende a través de los medios. Empero, la impresión es que la elección de sus autoridades reitera el riesgo de la mediatización que las campañas electorales nacionales derraman usualmente sobre el pensamiento social. Los imperativos de la confrontación simplificada en consignas «comprensibles», o reivindicaciones parciales elevadas a categorías de bien común amenazan distraer al conjunto universitario de la esencia creativa de aquella discusión emergente. La agenda que trasciende se ha poblado de esas simplificaciones y se concentra en los temas presupuestales, de la matrícula o la extensión. En el mejor de los casos aparece, confundida o mediatizada con las garantías de reivindicación de la autonomía en ese concepto de «Universidad abierta». En general, tengo la impresión que la discusión electoral tiende a cerrar, a comprimir esa otra elaboración potencialmente emergente. Si ello fuera así, probablemente, se esté comprometiendo uno de los aportes concretos, e inmediatos, que la sustentabilidad de los cambios requiere implícitamente de la Universidad. Veamos.

 

Sinergias

A esta altura de las cosas debería estar más claro que las reformas nacionales sobre las que debe sustentarse el crecimiento y la inclusión tienen, todas, un propósito común: generar mejores condiciones para que la iniciativa privada, nacional o extranjera, se desarrolle en condiciones de competencia leal, y que ella sea legitimada por ciudadanos a los que se le asegura que en ese proceso, la sociedad entera  y no sólo el Estado- es capaz de garantizar que los marginados por esa dinámica acelerada de mercado van a tener una oportunidad de reinserción en su seno. Esa es la aspiración más o menos explícita de la Reforma Tributaria o del proyecto que modifica la Ley Orgánica del BCU. Esa es la motivación del proyecto de Ley de Defensa de la Competencia y es esa también la aspiración, más explicita en ese caso, del proyecto de modificación de la ley de quiebras que en pocos días más será enviado al Legislativo. En suma, el gobierno de la izquierda ensaya la modificación de estructuras sobre las cuales reposa el statuo quo de este país. Buenas o malas, esas reformas recogen prioridades obligatorias e, incluso, han desplazado en el calendario otras tan esenciales como emblemáticas: la ley de educación y la que modifica el régimen de salud. Aquellas reformas son ambiciosas y con su promulgación el oficialismo asumirá plenamente el riego inherente al cambio que propuso. El gobierno tiene mayorías y las va a aplicar con una fuerte participación de la institución presidencial cuando sea necesario. Esas reformas tienen varios problemas pero, sobre todo, tienen uno esencial: deben ser legitimadas socialmente con algo más que los votos de mayorías circunstanciales de sus representantes. Esa legitimación tiene una vertiente política partidaria y otra que debe ser provista por instituciones capaces de traducir socialmente y enseñar las claves de esas reformas. Inevitablemente, porque esa es la aspiración común, esas reformas tienden a dinamizar el mercado, a generar condiciones de mayor concurrencia de los individuos al mundo de los negocios en el cual, presumiblemente, se crearan condiciones y oportunidades para que los emprendedores lideren un proceso dinamizado de creación de valor y empleo.

 

Explicar y garantizar valores

¿Cuál es el lugar estratégico de la Universidad en ese proceso, presumiblemente puesto en marcha por las reformas? De todos los vínculos asumidos o no, que la Universidad tiene con ese mercado, presumiblemente, mejorado y dinamizado ¿cuáles deberían ser los que merezcan la atención proritaria en las asambleas y aulas universitarias? ¿Aquellos específicos que, por ejemplo, vinculan las cátedras a la enseñanza, la investigación o extensión de los nuevos códigos? ¿las características de los convenios con el sector privado? O, quizás, frente a esa perspectiva de ambiciones nuevas y riesgos crecientes, debamos confiar en que la Universidad se revolverá sobre sus responsabilidades intransferibles de formar los nuevos profesionales que orientarán y asistirán a los emprendedores actuando en ese mercado repleto de nuevas oportunidades y de riesgos desconocidos. No tengo ninguna duda que la formación de los profesionales que manejarán las nuevas técnicas y códigos compone el gran desafío para que la Universidad diseñe en la marcha su propia reforma. Y si ello es así, lo importante para la comunidad no es el plan de estudios de los agrónomos o el refuerzo de rubros que tendrá la ingeniería electrónica. Ni siquiera es, esencialmente, importante cuál será el proyecto del hospital universitario. Lo que la sociedad le va a demandar con urgencia a la Universidad es una discusión de valores atenta a la dirección e implicancias que supone el éxito de las reformas en marcha.

Dicho de otra manera, si en ese mercado que las leyes quieren modernizar y llenar de garantías, la Universidad va a volcar profesionales sin convicciones muy enteradas del papel que juega la ética en los negocios o el arbitraje de las diferencias multiplicadas de los individuos, las reformas están condenadas al fracaso. No hay ley ni proceso de creación de valor legitimado socialmente que no repose en valores compartidos y códigos de conducta que en vez de cerrase sobre la defensa corporativa, sean funcionales con las garantías obligatorias en materia de formación en valores de sus profesionales. *

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