EN EL BANCO DE SEGUROS NO QUIEREN FUNCIONARIOS QUE PROVENGAN DEL HIPOTECARIO

Se tensa la situación por BHU y AEBU podría tomar medidas a nivel de la banca oficial

El consejo de sector financiero oficial de AEBU ya resolvió un conjunto de medidas de lucha, por el conflicto que el sindicato mantiene por la reestructura del Banco Hipotecario. Las medidas afectarían a los bancos oficiales y se tomarían en los próximos días si no surge una solución.

Cuando se señala la propuesta de reestructura del BHU, hay tres aspectos esenciales: quién efectuará las inversiones, quién las ejecutará y quién las financiará.

Para AEBU también deberá precisarse si esas políticas incluyen los subsidios y de ser así aclarar quién los proporciona y de qué manera los presupuesta.

A esto se agrega si la reestructura de activos y de pasivos le devuelve al BHU sus posibilidades de atención financiera de las demandas de la población en materia de vivienda.

Existen dos comisiones técnicas donde se estudia la reestructura del BHU.

Según AEBU, que participa de estas comisiones, «no se ha alcanzado coincidencia en la que estudia el esquema del futuro Plan Nacional de Vivienda». El gobierno entiende que deben existir una unidad de diseño, otra financiera y también una agencia pública de vivienda (de derecho privado) donde se reúne lo que hoy hacen el BHU y el Mvotma en materia de ejecución.

Para AEBU, esta unidad puede estar dentro del BHU, aunque actuando con independencia.

La comisión que analizó los números del BHU y AEBU propuso que para la administración y cobranza de la cartera «pesada», se cree una unidad dentro del banco. Como antecedente se señaló el denominado Fideicomiso 1, concebido con estas características por República Afisa del BROU. El gobierno, por su parte, entiende que la administración puede hacerse con funcionarios del banco, pero mediante una administradora externa de derecho privado.

Otro aspecto que se analiza es el endeudamiento del BHU con el Banco república, que llega a U$S 500 millones y con el Ministerio de Economía que es de U$S 300 millones.

Con respecto a este punto la gremial indica que » también debe considerarse la deuda del gobierno con el banco generada por decisiones políticas diversas que, en conjunto y sumados los intereses, afectaron a la institución en no menos de U$S 700 millones» pero el gobierno ya adelantó que no se hace responsable de estas pérdidas.

Las dos comisiones en las cuales participa AEBU no se llegó a un acuerdo, por lo cual se solicitó a las autoridades de gobierno la citación de una nueva reunión de la interinstitucional para discutir a nivel político los extremos donde no existe coincidencia, «pero aún dan margen para alcanzar coincidencias». Para el gremio de los bancarios «no discutirá ninguna fórmula si no se reconoce de antemano la calidad de bancarios públicos a los trabajadores del BHU y si no se ratifican los derechos adquiridos por convenios o los reconocidos por el estatuto».

 

Los plazos se acortan

Al comentar la situación por la cual atraviesa el BHU, Carlos Márquez, presidente del consejo de sector financiero oficial de AEBU dijo que: «Estamos en un momento en que los plazos se acortan y la situación del banco se agrava».

En la audición radial del gremio, recordó que se ha firmado un acta que obliga al gobierno a respetar el convenio colectivo y establece la redistribución de los trabajadores del BHU dentro de la banca oficial.

Pero «hay algunas manifestaciones gratuitas, como la del presidente del BSE, que dice que no va a aceptar redistribución de funcionarios del BHU. Estos comentarios hacen que la organización sindical proyecte ciertas acciones para el futuro».

Márquez dijo «confiamos en el diálogo, pero no en un diálogo de sordos. Un diálogo en que nos escuchemos mutuamente, considerando los intereses de los usuarios y los de los trabajadores, para que puedan ser redistribuidos dentro de la banca oficial, en cumplimiento estricto del convenio colectivo».

Sostuvo que las declaraciones del presidente del BSE «afectan la comunicación y hablan de las contradicciones existentes a nivel del gobierno, que deben dirimirse. No sólo quedan como rehenes 970 trabajadores sino también la población, que de manera urgente necesita que se dé respuesta a las necesidades habitacionales». *

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