Los funcionarios, el derecho, la economía, los ladrones y nosotros
En la tarde de hoy el doctor Néstor Valetti deberá dictar sentencia frente a una denuncia de menoscabo de la autoridad de un magistrado que se habría configurado en la crítica pública de la sentencia dictada por el doctor Eguren sobre el caso «Las Pasivas» y que en términos eventualmente excesivos realizara el Director General de Rentas, contador Zaidensztat. De oficio, el fiscal, doctor Luis Bajac asumió competencia en el caso y acusó a Zaidensztat de un delito de comunicación y desacato previsto en el Código Penal y la Ley de Prensa aduciendo que el alto funcionario, profesional ilustrado y persona acostumbrada a los medios de prensa cometió el delito en pleno conocimiento de sus eventuales consecuencias. La defensa del contador Zaidensztat aduce que la comunicación que originó la denuncia del fiscal fue realizada en un momento de ofuscamiento y desborde de su defendido informando además que éste solicitó las disculpas del caso ante la Suprema Corte, autoridad jerárquica de la cual depende el otro funcionario involucrado en la búsqueda de reparar una eventual lesión de la magistratura.
¿Qué leeremos en la sentencia de hoy?
El fallo que deberá dictar el juez Valetti en la tarde de hoy es increíblemente delicado: debe reivindicar la institucionalidad debilitada pero en una acepción que excede ampliamente la defensa exclusiva de la magistratura. Debe explicar el juego, las razones y generar jurisprudencia útil para un futuro difícil. Ese futuro va a enfrentar a varios funcionarios en la defensa de sus respectivas Misiones o va a contribuir a subsumirlos en el temor y la mediocridad de los burócratas. Los ciudadanos, empresarios y sus profesionales, los jueces y los fiscales leeremos con atención esa sentencia. Ese fallo será correcto técnicamente o no; pero además, ese fallo debe ser esencialmente útil en clave de futuro. En una perspectiva de conflicto, deberá juzgar el caso y ayudarnos, a comprende algo esencial: las razones reales, las íntimas y las ilustradas que explican en gran medida el «desborde» de un funcionario ante una sentencia que condena y absuelve; que navega entre el escarnio público del delincuente y la contemplación de atenuantes del mismo que son, precisamente, los que angustian a un Director de Rentas enfrentado a una perspectiva de riesgo (ver recuadro). Hace un tiempo, más cerca de la debacle del 2002, el Dr. Leonardo Guzmán, en aquel entonces ministro de Cultura nos comentaba en la mesa siempre tensa de un Hoy por Hoy en Canal 5, que en su opinión, siempre, pero particularmente en esos tiempos de crisis y emergencias, los funcionarios públicos debían ser hombres dignos, capaces, responsables y, sobre todo, valientes. Algunos de ellos -decía el ex ministro- deben saber que sus funciones los exponen a trabajar en el borde de la legalidad, entre la norma y su ética de servidores públicos. En aquel momento, el viejo Estado crujía ante la ineficiencia de sus órganos reguladores. El complejo plan y las más complejas aún tareas de la reintegración social básica realizadas al borde del precipicio contó con mucha tolerancia y sacrificio social; se realizó sobre un diseño comprehensivo e innovador a nivel internacional y, además, contó con algunos funcionarios que asumieron de una u otra manera, precisamente, esa ética arriesgada de la función pública responsable. Andando en la cómoda media de las normas disponibles, dejando en manos de los tribunales ordinarios la competencia de juzgamientos y acciones de guerra en el área financiera, legal y diplomática es probable que los uruguayos hubiéramos caído hace rato en precipicios más profundos. Algo de aquello se reedita, con la diferencia que la salida de la crisis es ahora asunción o renuncia a la oportunidad efectiva del cambio. Y allí, otra vez de nuevo, aparecen, decisivas, las responsabilidades de los funcionarios
Estamos expectantes por el fallo de esta tarde. ¿Expectantes de qué? De que esa sentencie, además de juzgar, agregue aliento o desaliento para uno u otro tipo de funcionario.
Que sea en tanto, esencialmente justa, o no, en su dimensión mayor. La expectativa por el fallo de hoy repara, más que en el juzgamiento del eventual delito, en la posibilidad de una sentencia que calificará la reacción manifestada en un contexto por un funcionario que desde aquellos umbrales de la salida del precipicio, lidió durante tres años enteros con un grupo empresarial que organizado en una estructura muy funcional para delinquir, decidió que tenía el derecho de no pagar impuestos como autocompensación de los efectos de la crisis precipitada en el 2002 mientras organizaba la apertura de sucursales en el exterior.
En ese período, vale recordarlo, nos despertamos una mañana sabiendo que en vez de 400.000 pobres pasamos en unos meses a convivir con 800.000… Pobres que además de pagar sus pocas pizzas y chivitos consumidos, subsidiaron al debilitado Grupo con un IVA del 23% que estos criollos empresarios utilizaban para competir en óptimas condiciones. *
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