La profundización del cambio dispara sus propias resistencias

Más que una confrontación sobre una reivindicación emblemática como la solución al sobreendeudamiento agropecuario, la eventual ruptura del núcleo duro del gobierno es una respuesta natural generada en el proceso de reformas de estructuras y contratos.

Dado que el gobierno ha desestimado insistir en el logro de alianzas más amplias a nivel político, en ese eje de la relación de dos ministros se juega más de lo conveniente. La tensión del cambio se juega en un conjunto cerrado y carece de los fusibles tradicionales que proveen esas alianzas o coaliciones más amplias. En tanto, las confrontaciones internas tendrán una dimensión necesariamente vinculada con la envergadura de los cambios. Y los cambios que auspicia el plan en marcha, tienen por varias razones, una profundidad inédita. De allí que en la evaluación profesional del riesgo de sustentabilidad, por ejemplo del pago de la deuda  externa o interna, da lo mismo- sean importantes los equilibrios fiscales, el crecimiento y la razón de endeudamiento, pero en esa matriz hay dos factores que ponderan en demasía: el estado de ese núcleo duro Astori-Mujica y la capacidad del presidente de la República de entender efectivamente los códigos obligatorios y accionar siempre en base a ellos.

 

Los cambios afectan el núcleo duro

Esa alianza es la expresión misma de la estabilidad. Sobre ella ha reposado la instalación de la izquierda en una administración y una cultura de gobierno desconocida. Pero, ahora, la propia dinámica de ese plan la enfrenta a objetivos que ya no son de instalación y administración sino de cambios reales. No los del programa, necesariamente sino en los que exige ese plan de gobierno que, admitamos, no es fácilmente comprensible. Invocar el programa como fuente de principios es en las condiciones de este mundo y para la fragilidad de este país, una tontería demasiado cara. La exigencia de los cambios obliga a diferenciaciones y confrontaciones no sobre el programa de «la fuerza» sino sobre otras contradicciones bastante más reales. Andando en esa vía rápida, al gobierno le cuesta cada vez más sostener ese núcleo central sin fisuras expuestas. Cuando ellas aparecen, recreando la discusión sobre el endeudamiento agropecuario, por ejemplo, reaparecen los riesgos de la propia sustentabilidad del gobierno. No por lo que pueda capitalizar y hacer la oposición frente a las fracturas expuestas sino por la multiplicación de riesgos reales que le pegan al país en zonas extremadamente frágiles. Por ejemplo: la aceptación de que ese plan ambicioso de cambios puede ser sustentado desde un núcleo que no comparte sus objetivos reales, que vuelvo a advertirlo, poco tiene que ver con los programas que se hacen para ganar elecciones y que son leídos según la conveniencia de cada uno. El plan real, práctico, del cambio y la modernización estructural de este país no es compartido y, sobre todo, lo que no es compartido es el diagnóstico esencial en el cual se apoya. De allí que en la medida que avancen las reformas y ellas vayan cambiando las relacione históricas de los hombres con el poder, esas confrontaciones se multipliquen.

El ejemplo más claro es, precisamente, la reiteración de la discusión sobre el endeudamiento agropecuario.

En el diagnóstico del plan y el diseño de sus reformas principales hay dos preceptos que el Ministro Mujica entiende muy bien, acepta a regañadientes y enfrenta cuando se los reivindica como valor: el derecho de la propiedad y la rigidez de los contratos Sobre la dilución de aquello y el ablandamiento de las condiciones contractuales se ha escrito la historia de la pobreza de este país. El problema es que para la consistencia del plan no es sencillo administrar los tiempos de esa afirmación del derecho de propiedad y el imperio de los contratos sin que el mismo plan llegue a tiempo para proveer mecanismos funcionales de inclusión para quienes no pueden sobrevivir sin usufructuar los privilegios de aquellos malos contratos que preservan propiedades y derechos mal habidos. Sin que al menos se expliciten alternativas «de salida», la resistencia de los viejos empresarios y sus asociados será feroz. Es para ellos un problema de vida. En la medida que el plan de reformas y modernización avanza van cayendo en la marginalidad los empresarios rentistas y, además, con ellos van cayendo en el abismo decenas de miles de uruguayos que de alguna manera compartían la apropiación de esa renta generada por la competencia desleal, el privilegio de los malos contratos o el clientelismo en la acepción que no sólo contempla las relaciones de hombres con el Ejecutivo, sino con todos los vértices de un poder con base social excesiva para la organización de una sociedad democrática.

 

La contención tiene un límite

Sino la inteligencia, la razonabilidad social mínima va a evitar rupturas prematuras de ese núcleo duro de sustentación del gobierno. Empero, las consecuencias del aumento del riesgo convergen ahora con la aparición de una situación muy delicada para este país: la agresión de frontera y el aumento de las tasas de interés más los problemas energéticos conforman el peor escenario para dirimir frontalmente las diferencias de ese núcleo basamental. Fernando Calloia en lo que respecta al BROU y el ministro Astori en un plano más general pueden haberse extralimitado en sus declaraciones sobre el endeudamiento, pero con pocas horas de diferencia, Calloia y Astori intentaron aventar cualquier tipo de dudas sobre la posibilidad de que haya una solución legal del endeudamiento agropecuario porque no tenían otra posibilidad. En estos días la salida de capitales y la suspensión de inversiones amenaza desestabilizar toda la periferia del sistema económico. La mera posibilidad de una nueva ruptura de contratos eliminaría en un día las únicas fortalezas que ha logrado construir este país para diferenciarse del desquicio argentino. A diferencia de abril de 2005, cuando se planteó el primer proyecto de refinanciación de adeudos agropecuarios, en la actualidad replantear el tema debe generar alarma pública. Pero, más allá del dramatismo de la coyuntura, replantear una solución legal al endeudamiento cuando toda la esperanza de prosperidad del plan de gobierno se basa en dos o tres proyectos de ley que defienden la propiedad, la competencia leal, un régimen de quiebras y contribución a la reestructura de las empresas con problemas es, sencillamente, una contradicción insostenible. *