CIU aspira a que se normativice preferencia por empresas nacionales en las compras de las empresas públicas

El presidente de la Comisión de Comercio Interno de la Cámara de Industrias del Uruguay, Enrique Clérici, expuso sobre el rol de las empresas públicas y su rol en el proyecto de Uruguay Productivo en un seminario organizado por algunas empresas públicas de nuestro país.

«Las grandes empresas cumplen un rol muy importante en cualquier país, por la riqueza y el empleo que crean directamente, pero, fundamentalmente, por los efectos indirectos que generan sobre otras variables de interés. En ese sentido, las empresas de mayor porte cuentan, en general, con una red de proveedores de bienes y servicios cuyo desempeño está fuertemente ligado a la suerte de aquellas. Y cuando hablamos de desempeño nos referimos no solamente a los niveles de ventas o rentabilidad, sino a la calidad y el contenido tecnológico de la proveeduría», comenzó afirmando.

Seguidamente destacó que «las grandes empresas, tanto públicas como privadas, representan una fuente de oportunidades para el desarrollo de un país. En tal sentido, tales empresas son capaces de realizar inversiones que se transforman en palancas para el avance tecnológico, para la mejora en la infraestructura y para la generación de nuevos negocios, transformaciones que por distintas vías tienen efectos multiplicadores en el conjunto de la sociedad». «Han sido utilizadas para fines recaudatorios, los cuales no son los estrictamente vinculados al giro de cada una de ellas y han sido permeables a que se generen fuertes distorsiones en sus planes de negocios y de inversión, lo cual influye indirectamente en el desempeño de los sectores productivos «.

Ante esta irrefutable constatación sostuvo que «debe revisarse la institucionalidad que rige las relaciones entre el gobierno central y las empresas públicas para contar con nuevas reglas que faciliten el buen desempeño de las mismas. Entre los aspectos que deberían modificarse, se podrían mencionar el nombramiento de las autoridades, la política de dividendos y la política de inversiones».

 

Información y cristalinidad

Abogó por que se divulguen los planes de inversión de las empresas, ya que se trata de una información «crucial» para cualquier inversor, pero también se refirió a modificar el proceso de fijación de tarifas que deben procesarse a través de «un mecanismo transparente para la determinación de las mismas».

También destacó el desarrollo de proveedores como una técnica de gestión utilizada por parte de grandes empresas, tanto públicas como privadas, en diversos países del mundo para mejorar su desempeño competitivo y refirió que en Uruguay la experiencia es escasa pero no inexistente. Aludió a que existen desarrollos de UTE con fabricantes de transformadores, o de Antel con fabricantes de teléfonos o cables «que podrían servir de ejemplo para extender planes de esta naturaleza a otras empresas u otros bienes».

Tales programas no solo estarían justificados por el beneficio que le generan a las empresas públicas sino como forma de promocionar el desarrollo de más y mejores proveedores, ya que «vender a una empresa del Estado involucra la necesidad de contar con un nivel de desempeño acorde a la circunstancia en aspectos tan importantes como el nivel tecnológico del bien que se entrega o del servicio que se presta, la calidad de los mismos, la confiabilidad en los plazos de entrega, entre otros».

 

Cambios en la normativa

Seguidamente se refirió a la conveniencia de realizar algunas consideraciones sobre la normativa que rige la preferencia de la industria nacional en las licitaciones públicas y que también debería revisarse.

«Es necesario perfeccionar y mejorar el mecanismo actual de compras del Estado, el cual también involucra a las empresas públicas», afirmó.

«Tanto los países desarrollados como los que están en vías de desarrollo, utilizan estos mecanismos para el fomento de actividades de alto contenido tecnológico, con fuerte preponderancia en la provisión de bienes y servicios por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas», agregó.

También propuso que se realicen las modificaciones necesarias para que «la preferencia nacional opere como una política activa dirigida al fomento de la actividad productiva local». Esta postura la explicó porque «en momentos en los que el país se encuentra explorando la posibilidad de realizar acuerdos bilaterales de comercio con países de extrazona (como el TLC con EEUU), debe acelerarse este proceso de discusión y puesta en práctica de nuevas reglas. De esa forma, Uruguay tendrá una plataforma de negociación en la materia, tal cual lo hicieron otros países previo a negociar acuerdos comerciales», ya que la postura de monopolio de alguna de las empresas será uno de las primeros temas en los que EEUU exigirá cambios drásticos.

Además de los aspectos normativos, a nuestro juicio no existe en las empresas públicas una cultura a favor de la generación de ventajas para la proveeduría por parte de empresas nacionales.

Por el contrario, es normal que algunos pliegos no reflejen las capacidades productivas de las empresas locales o que no se busquen adaptaciones o mecanismos que permitan mejores condiciones para los proveedores nacionales.

Finalmente, para favorecer más a las industrias nacionales solicitó extender el régimen de preferencia a la industria nacional en las compras directas. *