Pluna busca un nuevo socio tras demorarse acuerdo con Conviasa

La situación de Pluna es complicada desde el punto de vista financiero e inclusive tiene importantes deudas con Ancap, quien es su proveedor de combustible e incluso se tuvo que hacer cargo de deudas de Varig (su socio) para poder seguir operando.

Su posible comprador, la aerolínea venezolana Conviasa, ha sufrido en los últimos días una serie de cambios en su casa matriz, lo que llevó a que las negociaciones para comprar la parte accionaria de Varig en Pluna se esté demorando.

La empresa brasileña tiene el 49% del paquete accionario de Pluna y en junio de 2005 dejó de ser la encargada de la administración de la empresa uruguaya, administración que volvió a manos de Pluna Ente Autónomo.

El hecho desencadenante para que se encargara al grupo Ficus (un fondo de inversión) el conseguir un comprador para Pluna a la mayor brevedad posible fue el pago de U$S 935 mil que debió hacer Pluna a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Esto era lo que Varig debía por Pluna y si no se efectuaba el pago IATA cortaba los servicios de mantenimiento, lo que imposibilitaría que la empresa de bandera uruguaya siguiera volando.

Si bien las conversaciones primarias eran con Conviasa, la empresa venezolana sufrió en las últimas semanas una serie de cambios.

En primer lugar cambió de presidente y después dejó de estar bajó la jurisdicción del Ministerio de Turismo para pasar al de Infraestructura.

Varig está apurada para vender su participación en Pluna, ya que al empresa brasileña atraviesa una crisis que la está poniendo al borde de la bancarrota. En un comienzo no sólo Conviasa compraría la parte de Varig, sino que inclusive anunció que invertiría U$S 12 millones en la compra de aviones para renovar la flota.

Se señala que por lo menos hay tres interesados en hacerse con el 49% de la aerolínea uruguaya en un contrato que incluiría su gerenciamiento.

 

En el espacio

La decisión de Uruguay de ceder su órbita satelital a Venezuela, podría generar algunos problemas en el futuro, según se señala en círculos políticos.

Nuestro país, tiene derecho a usufructuar una órbita en el espació para colocar un satélite. Se trata de la órbita 75,5. Estas órbitas se adjudican por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero existe plazo hasta noviembre para informar a la UIT que hará uso de la misma.

Si bien hubieron dos intentos anteriores para conceder la órbita a operadores privados, los contratos fueron revocados, porque no se cumplieron.

Comprar un satélite de telecomunicaciones cuesta unos U$S 200 millones y Uruguay no puede pagar esa cifra.

Por esta razón Venezuela se ofreció a financiarlo a cambio de concederle a Uruguay utilizar parte del mismo (10%), tanto para Antel como para trasmisiones internacionales de la televisión nacional.

Si bien el satélite será operado desde territorio uruguayo, los técnicos se prepararán en Venezuela, país que ya informó que había mandado construir el tan preciado satélite.

Pero vista la tensión existente entre la nación caribeña y los Estados Unidos (que incluso efectuó un embargo de armamento al gobierno de Chávez) el país del norte, con el que Uruguay se apresta a firmar un acuerdo muy amplio en materia comercial, no vería con buenos ojos que se utilizara una órbita satelital en la región, con un satélite mandado a construir por Venezuela, el que destinará para comunicaciones gubernamentales.

El acuerdo entre Uruguay y Venezuela establece en su artículo 2 que Venezuela podrá ubicar y operar en la posición orbital 75,5º de longitud oeste, un satélite propio de telecomunicaciones exclusivamente para tráfico de telecomunicaciones de carácter gubernamental.
«Por telecomunicaciones de carácter gubernamental se entiende todo aquel tráfico cursado por Instituciones del Estado» señala el acuerdo, por lo cual podría abarcar comunicaciones militares.

El satélite se construye en China y para eso el gobierno de Venezuela prepara a 90 técnicos en China. La ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Yadira Córdova, había manifestado tiempo atrás que cuando se ponga en marcha el sistema aeroespacial, se tendrá «absoluta seguridad y control en cualquier tipo de información que viaje por el espacio, bien sea expresada a través de voz, datos o imágenes».

En el acuerdo con Uruguay se establece en el artículo 5 que «la República Oriental del Uruguay no tendrá responsabilidad alguna en relación a los daños que puedan ocasionarse a la propia República o a cualquier tercero, motivados por la puesta en órbita del objeto espacial o su operación». *