EEUU presiona y rompe negociaciones con Ecuador por TLC

El gobierno de George Bush anunció que cancelaba la negociación con Ecuador por el Tratado de Libre Comercio porque el gobierno ecuatoriano confiscó las propiedades de una petrolera norteamericana.

El ministro de Energía de Ecuador, Iván Rodríguez, declaró la caducidad del contrato que mantenía con la estadounidense Exploration and Production Company (Oxy), desde el 21 de mayo de 1999. Ecuador afirma que no es una nacionalización sino el resultado de una renegociación de la nueva Ley de Hidrocaburos vigente. El argumento contra Oxy es que se incumplió con los artículos 74 (literales 11, 12 y 13), 76 y 79 de la Ley de Hidrocarburos. Es decir que incumplió con la ley. La compañía extrae alrededor de 100.000 barriles diarios, de los 300.000 que producen las privadas.
Según Rodríguez, «las pruebas efectuadas han sido suficientes para actuar» y por eso su dictamen.

La caducidad del contrato con la empresa petrolera Occidental generó reacciones de autoridades estadounidenses que calificaron a esta acción como una medida confiscatoria.

El subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Charles Shapiro, anunció que la Oxy puede recurrir a los mecanismos establecidos en el Tratado Bilateral de Inversiones para revertir la medida. Mientras tanto, Neena Moorjani, portavoz de la oficina del representante comercial de ese país, dijo que su gobierno «rompió los diálogos con Ecuador para un acuerdo de libre comercio».

Detalla la crónica que «ni habían llegado los ejecutivos y trabajadores de Oxy a sus oficinas y un escuadrón policial ya resguardaba el ingreso a las instalaciones ubicadas en el edificio matriz del Banco del Pacífico, entre las avenidas Naciones Unidas y Shyris. Entonces, eran las 8:00. 50 minutos después empezaron a llegar los gerentes y jefes departamentales de la estatal Petroecuador, liderados por el presidente ejecutivo, Fernando González.

Una vez declarada la caducidad (sentencia dada la tarde del lunes) inmediatamente los bienes y enseres destinados a la operación petrolera deben ser devueltos, en cumplimiento con el artículo 75 de la Ley de Hidrocarburos, precisó González antes de su ingreso al edificio.

Más tarde se incorporó Jaime Crown, vicepresidente de Petroproducción, filial de la estatal y un notario.

Todos tenían la tarea de conocer y certificar cada trabajo que realizaba la estadounidense, pues de ellos depende que se mantenga o mejore la administración y producción de la multinacional. Todo el crudo de Oxy que se producía y exportaba es de propiedad del Estado. Como estrategia de seguridad, los trabajadores de Oxy no laboraron, por pedido de la misma empresa.

«Les hice ver que la Ley dice: inmediatamente pasan (los activos) a propiedad del Estado», respondió González a la salida de la reunión. Había ido solo a expresar la disposición que debe cumplir y dejar en las oficinas de la compañía a sus gerentes y jefes departamentales. «(Los de la Oxy) no pusieron ninguna objeción (independientemente de la demanda que plantearán) porque es una sentencia dictada de acuerdo con la Ley; se agotaron todos los recursos, se les concedieron todos los medios de defensa y la decisión del juez fue la caducidad», resaltó González.

Aunque Petroecuador ejecutará todas las operaciones de exploración y explotación de la compañía, no prescindirá del personal técnico, que en cerca del 90% es ecuatoriano, solo en los rangos ejecutivo y directivo se darán los cambios porque Petroecuador, con su propia política, tomará la explotación. *