HOY SE CLAUSURA TEMPORALMENTE A 15 CONOCIDOS LOCALES DE FIESTA

Piden procesamientos con prisión ante defraudación de La Pasiva por U$S 42: y están implicados ex jerarcas de la DGI

El juez penal Pablo Eguren está culminando las actuaciones en torno a la acusación presentada por la DGI a 12 firmas que operan bajo el giro La Pasiva por una defraudación que se realizó durante años y que alcanzó según las estimaciones a 42 millones de dólares.

Ya se pronunció la fiscal Mónica Ferrero solicitando varios procesamientos con prisión y ayer concurrió al Juzgado de la calle Misiones el director general de Rentas, Eduardo Zaidensztat, el denunciante, a efectos de ratificar la denuncia y realizar explicaciones (ampliaciones ) al juez. El jerarca se excusó de realizar declaraciones al salir de la sede penal debido al secreto sumarial que protege a la actual instancia judicial.

Cabe recordar que la DGI había solicitado en el escrito original el procesamiento de los 12 empresarios pero, según algunas versiones, la fiscal no encontró mérito para ello en todos los casos. De todas maneras, en su acusación solicita el procesamiento por defraudación tributaria y asociación para delinquir. La severidad del pedido fiscal, que es poco usual en nuestro país, se basa en lo abultado del monto defraudado, el tiempo prolongado de la maniobra y el «aparato de apoyo» montado para poder efectivizar la maniobra.

En efecto, según pudo averiguar LA REPUBLICA, cuando un empresario era aceptado por la firma para gestionar un nuevo local se le informaba de la obligación de recurrir a los mismos proveedores que el resto de la cadena, pero también se le imponían los asesores con los que contaba la firma. El asesor jurídico y el asesor contable, eran jerarcas de relevancia dentro de la Dirección General Impositiva (cabe aclarar que se está haciendo mención a funcionarios que ejercieron dichas responsabilidades en la DGI hace unos cuantos años) y eran los que «aseguraban» que el sistema montado funcionara con impunidad haciendo uso indebido de su jerarquía.

Hace dos días Zaidensztat fue interrogado por la prensa al respecto, luego del lanzamiento de la campaña 2006 del Impuesto al Patrimonio. En ese momento recordó que el monto defraudado es muy poco usual, «representa la mitad del Plan de Emergencia, piensen ustedes lo que se podría hacen en nuestros hospitales por la salud de la gente con ese dinero o lo que las autoridades de la enseñanza podrían haber concretado con ese dinero que este puñado de empresarios le birló al Estado». En ese momento el jerarca sostuvo que «confío mucho en la Justicia de nuestro país y estoy seguro que finalmente se hará justicia».

 

Hoy clausuran 15 locales de fiesta

Desde la DGI continúan las actuaciones antievasión y se informó ayer que hoy comienza la clausura de 15 salones de fiesta donde figuran renombrados locales de Montevideo, algunos de ellos por 2 días, otros por 3 y tres de ellos por 6 días.

El cuadro adjunto ofrece la información completa sobre las empresas clausuradas por la Justicia, por lo que el propio lector podrá dimensionar el grado de evasión de algunas empresas en el país y constatar que, una vez más, las apariencias engañan.

Al mismo tiempo se informó que en realidad hay más empresas bajo la lupa, ya que algunas de ellas como han interpuesto recursos ante la Justicia Civil, se está a la espera de que se diligencien los mismos y que «hay más empresas en este giro que están siendo analizadas en la DGI», por lo que podría ser que haya novedades en muy pocos días.

Cuando la DGI constata irregularidades en alguna empresa, las presenta ante la Justicia la que define si hay mérito para clausura y el número de días.

Como se sigue estudiando a la empresa, la DGI puede encontrar irregularidades más importantes e incluso presumir que hubo defraudación lo cual amerita presentar las pruebas ante la Justicia Penal.

Pero paralelamente se busca cobrar el dinero no vertido a las arcas de la DGI, lo cual incluye las respectivas multas, y para ello existen diferentes escalones que comienzan con el embargo genérico, puede ser un embargo específico, o pasarse a una intervención judicial de caja y concluir en el remate. *

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